"Escraches" por redes sociales: ¿Denuncia, venganza o desahogo?

Quien pase por la Manzana Histórica de la UNL, en la que convive el Rectorado y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, será testigo del avance de obras en la fachada de la institución, que busca su puesta en valor ante su inminente centenario. Como lo exige la dignidad del lugar, hacia adentro del edificio, los estudiantes llevan adelante actividades académicas, con la intención de abordar problemáticas actuales que los interpelan en su dimensión de futuros profesionales. En ese sentido, la agrupación Movimiento Nacional Reformista (MNR) organizó un panel denominado “Justicia por redes propias”, con motivo de generar un espacio de discusión interdisciplinaria sobre la metodología del “escrache” a través de las redes sociales, que ha generado resonancia pública durante el último año.

Las disertantes invitadas fueron Marina Mariasch y María Constanza Bessa. La primera aportó una mirada desde el periodismo, considerando su actividad como militante feminista e integrante de la mesa de Ni Una Menos. La segunda añadió conceptos jurídicos partiendo de su profesión de abogada, especialista en derecho penal procesal, y delegada en la fiscalía de género de la provincia de Entre Ríos.

Lo social

A raíz de la denuncia pública de Thelma Fardin, se produjo un quiebre en determinadas prácticas sociales. Luego de la masiva difusión del video -en donde contó que fue abusada, cuando era menor, por Juan Darthés- múltiples cuentas de Twitter, Facebook e Instagram se colmaron de relatos, detallando situaciones de violencia de género vividas en tiempos pasados, pero resignificadas a la luz del presente. Las acusaciones partieron, en su gran mayoría, de mujeres de distintas edades, aunque también los hubo hombres y de sexualidades diversas. Los “escrachados” alcanzaron a familiares, amistades, profesores y hasta, incluso, dirigentes políticos.

Dando comienzo a la exposición, Mariasch sostuvo que el fenómeno se da “porque estamos transitando un estado de cambio de paradigma”. De acuerdo a su interpretación, el formato de denuncia pública tiene un correlato directo en nuestro país, asociado con la agrupación Hijos en la década del noventa. Allí, los familiares de desaparecidos denunciaban la impunidad civil de los represores de la dictadura militar que gozaban de los beneficios de las leyes de perdón, transitando sus días como un ciudadano más, sin ser juzgados por sus acciones pasadas.

Según la comunicadora, los escraches “son síntomas de emergencia ante la ausencia de respuestas institucionales”, aunque considerando que “hay nuevos pactos sociales que permiten revisar actitudes anteriores”. Así, con el caso Fardin, Mariasch identificó una situación similar en la que el escrache, o denuncia pública, se instituye como canal de expresión ante la falencia legal, valiéndose de las herramientas y plataformas digitales en las que actualmente nos relacionamos.

De igual forma, señaló que esta modalidad “no apunta solamente a la Justicia, sino a los distintos tipos de organizaciones que no pudieron dar respuesta a una ola de denuncias previas”. Sin embargo, advirtió que la modalidad es “una aspirina para el síntoma, que no cura realmente la enfermedad”.

En virtud de ello, reparó en dos puntos que permiten diferenciar las acusaciones legales del escrache. La primera tiene que ver con las respuestas que recibe la denunciante. En vez de “contar un adecuado acompañamiento, la víctima queda expuesta a la agresividad que es común en las redes sociales”. Mientras que la segunda tiene que ver con el denunciado, quien termina por ser un par antes que “las estructuras de poder, que es donde se sostiene el entramado patriarcal”.

De esta manera, Mariasch finalizó evidenciando que la acusación social corre el riesgo de caer en que “todo sea lo mismo y, por lo tanto, termine por ser nada”. Motivo por el cual, consideró necesario diferenciar “una persona que tuvo una práctica abusiva en el pasado de un abusador”.

El plano judicial

Por su lado, Bessa trazó un paralelismo entre la evolución de la sociedad y del derecho, evidenciando las discusiones jurídicas internas sobre el avance en los reclamos de ciertos movimientos u organizaciones. “La Justicia es de las instituciones más impermeables a los intentos de cambios culturales”, manifestó.

Asimismo, destacó que “tanto Santa Fe como Entre Ríos reconocen, aunque desde hace poco tiempo, derechos plenos de la víctima en sus actuales Código Procesal Penal”. Y detalló, a modo de ejemplo, que luego de la denuncia de Fardin, su fiscalía pasó de tener 5 denuncias formales por semana a unas 40.

Entre las reformas más importantes de la última década, destacó el caso de la Ley Piazza de 2011. Dicha norma estableció que los plazos en las denuncias de abuso sexual infantil comienzan a computarse a partir de la mayoría de edad del denunciante, ya que un menor no cuenta con las herramientas necesarias para hacer su descargo y, según las estadísticas -como las que informara El Litoral en su nota del 03/06-, el abusador suele estar dentro del mismo núcleo familiar.

En 2015, fue modificada por la Ley 27.206 de Respeto a los Tiempos de la Víctima. El cambio principal indica la demora de la prescripción en delitos contra la integridad sexual de un menor hasta el momento en que se realice la denuncia. Por lo que se refiere al debate actual, uno de los reclamos jurídicos en el caso Fardin es que los delitos de abuso sexual sean imprescriptibles también para las personas mayores de edad, por la dificultad psicológica que implica este suceso en la vida de la víctima.

Respecto de las contradenuncias de quien fuera previamente denunciado legal o públicamente -por ejemplo, en otro caso, Darthés acusó de calumnias e injurias a Calu Rivero-, Bessa puso en tensión la carga probatoria que tienen juicios de este tipo: “Es valioso recordar que se trabaja en relación a los indicios, ya que estos crímenes rara vez dejan pruebas físicas, debido al paso del tiempo que implican”.

A su vez, aportó una pregunta que dio inicio al debate posterior: “¿Qué papel juega un Estado que, previamente, no supo dar respuestas a tiempo?”. Sobre esto, Bessa planteó que, en tanto la ley sigue su ritmo, “se plantea la conveniencia de registrar la denuncia para que quede archivada, debido a que las condiciones legales siempre están sujetas a cambios; y es distinto en caso de que haya una absolución judicial de por medio”.