El Gobierno nacional denunció este lunes una presunta operación de inteligencia ilegal en el marco de la filtración de audios atribuidos a Karina Milei. En paralelo, obtuvo una medida cautelar del fuero civil y comercial federal que ordena el “cese inmediato” de la difusión de esas grabaciones, especialmente aquellas que habrían sido tomadas dentro de la Casa Rosada.
Filtración en Casa Rosada
El Gobierno denunció una “operación ilegal” por los audios de Karina Milei y obtuvo una cautelar judicial
Un juez federal ordenó frenar la difusión de las grabaciones atribuidas a la hermana del Presidente. Además, el Ministerio de Seguridad denunció presunto espionaje con manipulación de audios para desestabilizar al Poder Ejecutivo.
El juez Alejandro Patricio Maraniello dispuso una resolución con efecto inmediato que prohíbe difundir los audios “a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”. También ordenó librar oficio urgente al Enacom, con habilitación de días y horas inhábiles.
La denuncia penal del Ministerio de Seguridad
Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py. La presentación recayó en el Juzgado Federal N°12, actualmente subrogado por el juez Julián Ercolini, e involucra supuestos delitos vinculados a espionaje ilegal, captación clandestina de comunicaciones y manipulación informativa.
En la denuncia, de 20 páginas y firmada por el director de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Soto, se plantea que las grabaciones difundidas —y atribuidas a la Secretaria General de la Presidencia— serían parte de un “ataque ilegal, planificado y dirigido” contra el Gobierno. Según el escrito, la maniobra habría buscado “condicionar al Poder Ejecutivo”, “alarmar a la población” y “alterar el proceso electoral legislativo”.
Nombres propios y vínculos sensibles
El documento del Ejecutivo menciona como posibles implicados al periodista Mauro Federico, al abogado Franco Bindi (a quien vinculan con el exjefe de la SIDE, Fernando Pocino), al conductor Jorge Rial y al empresario Pablo Toviggino. El Gobierno los señala como responsables de una “campaña de desinformación” con posible “influencia extranjera”, con patrones comparables a los de operaciones atribuidas a intereses rusos o chavistas.
En ese marco, desde la Casa Rosada insisten en que no se trató de una simple filtración, sino de una “maniobra de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520”.
Una amenaza a la seguridad presidencial
El hecho de que las grabaciones hayan sido tomadas dentro de la Casa de Gobierno agrava el escenario. “Constituye una amenaza inédita a la seguridad institucional y a la investidura presidencial”, advierten en el escrito. La presentación judicial solicita también que se impida la difusión de cualquier nuevo audio, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia.
En la red social X, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó: “La Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada. Reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión. Fin.”
En contexto: el antecedente Spagnuolo
La crisis por los audios de Karina Milei ocurre en medio del revuelo generado por otra filtración reciente: la que involucra al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien aparece en grabaciones donde se menciona el presunto cobro de coimas. Según el contenido, esas supuestas maniobras ilegales habrían beneficiado a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, brazo derecho de la funcionaria.
Aunque ese contenido fue desmentido por el Gobierno, el episodio encendió alarmas internas sobre fallas en los sistemas de seguridad e inteligencia dentro de las dependencias oficiales. El caso Spagnuolo aún se encuentra en etapa de evaluación judicial, pero desde Balcarce 50 lo vinculan directamente con la misma estrategia de “hostigamiento político”.
Una ofensiva en dos carriles
Con esta ofensiva judicial, el Gobierno busca frenar la escalada de filtraciones que ponen en crisis la privacidad institucional, y al mismo tiempo blindarse ante futuras publicaciones. “No se permitirá que operaciones ilegales ni injerencias extranjeras manipulen la democracia argentina. Los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia”, sentenciaron este lunes desde el entorno presidencial.
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