El Gobierno envió al Congreso la reforma de la ley nacional de Salud Mental. El proyecto propone una reconfiguración del régimen vigente y una redefinición del concepto de riesgo que guía las internaciones involuntarias, además de cambios puntuales en el Código Civil y en los controles de establecimientos.
Proyecto
Qué propone la reforma en la Ley Nacional de Salud Mental que el Gobierno envió al Congreso
El Ejecutivo ingresó al Senado una iniciativa de modificación integral de la Ley Nacional de Salud Mental que incorpora roles obligatorios para psiquiatría, cambios en el Código Civil y amplía los criterios para las internaciones involuntarias. Las principales diferencias con la norma vigente.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había adelantado el envío de la iniciativa el pasado 7 de abril. Este último viernes, la mesa política del gobierno terminó de delinear los detalles del texto. Este sábado, el trámite ingresó Senado de la Nación con el Mensaje Nº 108/2026. Ahora, comenzará el trámite parlamentario que definirá si se vuelcan al régimen vigente las modificaciones sobre internación, código y controles.
El proyecto introduce modificaciones en la cobertura a prevención, tratamiento, rehabilitación y recuperación, y exige la presencia de profesionales formados en psiquiatría en los equipos de atención. En ese marco, incorpora reglas sobre adicciones dentro de la salud mental y faculta a la autoridad de aplicación a definir dispositivos ambulatorios y de internación para consumo problemático.
Cambios en las internaciones involuntarias
El eje central de la iniciativa es que redefine el concepto de riesgo para las internaciones involuntarias, reemplazando el umbral anterior por el estándar de riesgo grave de daño a la vida o a la integridad física, con el fin de ofrecer una formulación que, según el Ejecutivo, sea más abarcativa y clarificadora. Ese cambio de concepto modifica el régimen de procedencia de la internación y la evaluación clínica.
El texto sustituye el concepto vigente de “riesgo cierto e inminente” por el de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros” y establece un criterio situacional que contempla antecedentes y la evolución previsible del cuadro. Se detallan requisitos formales para internaciones involuntarias, con dictamen de al menos dos profesionales de distintas disciplinas, uno de ellos psiquiatra.
Se introduce un criterio situacional que exige considerar hechos previos, ideaciones dañinas y la evolución probable sin tratamiento, y se excluyen expresamente los riesgos derivados de conductas no condicionadas por una afección desalud mental. Se mantiene la internación como un recurso terapéutico excepcional, pero amplía los supuestos de procedencia.
En cuanto a firmas y validaciones, el texto exige el dictamen de al menos dos profesionales de distintas disciplinas —uno psiquiatra— y dispone que el juez pueda autorizar, pedir información adicional o denegar la medida en un plazo de tres días, con facultad para ordenar la internación si el servicio de Salud se niega pese a cumplirse los requisitos legales.
El proyecto prevé además que, excepcionalmente, un solo médico pueda disponer una internación cuando no exista otro profesional disponible, siempre con revalidación por el equipo interdisciplinario en menos de 24 horas, y obliga a notificar al juez en 24 horas con un plazo de tres días para decidir.
Código, controles e instituciones
Además, el proyecto busca introducir cambios en los artículos 41, 42 y 59 del Código Civil y Comercial para alinear la normativa civil con el nuevo concepto de riesgo grave y para regular traslados de urgencia y consentimiento informado en situaciones de riesgo y emergencia. Esos cambios buscan coordinar el derecho civil con las normas de Salud.
En el régimen de controles, la reforma modifica la Ley Nº 26.827 sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y dispone que las inspecciones en establecimientos con personas con afecciones de Salud mental se realicen exclusivamente por equipos interdisciplinarios que integren obligatoriamente a un médico psiquiatra, tanto en el ámbito público como en el privado.
El proyecto incorpora a hospitales especializados en psiquiatría y a instituciones privadas a la red sanitaria, exige dispositivos ambulatorios de inclusión comunitaria y prohíbe el rechazo de pacientes por tratarse de problemáticas de Salud mental, con otras precisiones sobre altas, externaciones y medidas protectorias posteriores.
Sobre el Autor
#TEMAS:
