El Gobierno nacional decidió entregar una pieza de su programa desregulador para intentar preservar el tablero completo: aceptó restablecer la Ley de Tierras con el objetivo político de evitar que Diputados avance contra todo el DNU 70/2023.
Negociación contrarreloj en Diputados
El Gobierno cede la Ley de Tierras para blindar el corazón del DNU 70
La Libertad Avanza aceptó restituir por ley los límites a la compra de campos por extranjeros que Javier Milei había eliminado en 2023. Busca quitarle respaldo a la sesión convocada para este jueves y evitar que se rechace íntegramente el decreto.
La jugada quedó plasmada este miércoles en el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde el oficialismo y sectores aliados incorporaron al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dos artículos que revierten uno de los puntos originales del decreto de Javier Milei: dejan sin efecto su artículo 154 y restituyen la plena vigencia de la Ley 26.737. El dictamen de mayoría reunió 34 firmas sobre 66 legisladores presentes.
El DNU justificó en diciembre de 2023 la derogación de esa norma al señalar que limitaba “el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector”. Ahora La Libertad Avanza acepta volver sobre sus pasos ante un riesgo que considera mayor: que la Cámara baja rechace el decreto entero.
Ceder una parte para proteger el todo
La Ley 26.737 establece, entre otras restricciones, que extranjeros no pueden concentrar más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental; además limita cuánto puede quedar en manos de una misma nacionalidad y alcanza campos con determinados cuerpos de agua o ubicados en zonas de seguridad fronteriza.
Fue precisamente ese régimen el que Milei eliminó mediante el artículo 154 del DNU 70. Pero el conflicto se convirtió ahora en la puerta de acceso a voltear el megadecreto completo.
El Senado rechazó el DNU en marzo de 2024 por 42 votos contra 25 y cuatro abstenciones. Bajo la Ley 26.122, si Diputados adopta la misma decisión, el decreto queda derogado.
Por eso el oficialismo procura separar las discusiones: conceder la restitución de la Ley de Tierras para que radicales, provinciales y otros aliados que objetan la apertura irrestricta a compradores extranjeros no tengan que acompañar la caída de una norma mucho más amplia.
Una salida para los aliados
La estrategia legislativa pasó por un proyecto que ya tenía media sanción del Senado: Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa más amplia que desregula expropiaciones, mecanismos de restitución de inmuebles y desalojos.
El radical Diógenes González fue quien formalizó el agregado. Explicó que el nuevo artículo 38 deja sin efecto el 154 del DNU y que el 39 devuelve plena vigencia a la Ley de Tierras. “La ley de tierras recobra vigencia por ley sin afectar la seguridad jurídica y con sentido de responsabilidad”, sostuvo.
La modificación obliga, si Diputados aprueba el texto, a devolverlo al Senado. El oficialismo apunta a tratarlo en el recinto el 21 de octubre.
El calendario tiene otra fecha más urgente: este jueves 15, sectores opositores convocaron a una sesión especial para rechazar el DNU 70.
La Corte abrió una ventana
En el medio también intervino la Justicia. Tras una primera resolución que había vuelto operativo el artículo 154, la Corte Suprema dictó luego una cautelar interina en otra causa y suspendió temporalmente ese punto del DNU, con lo cual volvieron a regir las restricciones a la extranjerización mientras continúa el trámite judicial.
Myriam Bregman (FIT-U) expresó que la incorporación de la Ley de Tierras es “una maniobra para que mañana no haya quorum” en la sesión contra el DNU. Desde Unión por la Patria también remarcaron la contradicción con la posición original del Gobierno.
Ese intervalo le dio margen al Congreso para buscar una solución política. Este jueves, cuando llegue la hora del quórum, se sabrá cuánto valió la concesión.
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