Por otra parte, el documento destaca la función de “unificar los sistemas de registro y gestión de la información”; ”promover mecanismos y circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión” de este tipo de casos; promover “la coordinación de acciones entre los organismos judiciales, de seguridad y las áreas de género con competencia en la materia a nivel nacional y local”, y “recomendar la elaboración y aprobación de normas que contribuyan con los objetivos propuestos”. También, “promover el fortalecimiento de los dispositivos locales de asistencia integral” y de impulsar, en cada provincia, la organización de mesas de trabajo “con participación de los gobiernos locales, integrantes del poder judicial y ministerios públicos con competencia en cada jurisdicción, referentes de la sociedad civil, asociaciones de apoyo a las personas en situación de violencia y expertos y expertas en la materia”.