Salarios provinciales: negociaciones duras entre oficialismo y oposición

Luis Rodrigo - politica@ellitoral.com

Pasillos semivacíos y muchos rumores. El hall central de la Legislatura santafesina es el escenario de un jueves que parece ser más largo que los anteriores del verano: diputados del oficialismo y una parte de la oposición discuten un proyecto de ley que le otorgue al Estado provincial fondos frescos para poder ofrecer mejores salarios a docentes y empleados públicos.

El acuerdo entre socialistas, radicales y demoprogresistas del Frente Progresista con los diputados de la CGT del peronismo no estaba cerrado al cierre de esta edición, cuando aún no había comenzado la reunión de la Comisión Asuntos Laborales y en la Presidencia de la Cámara baja se encontraban funcionarios del área económica: Carlos Fernández, secretario de Finanzas Públicas y Sergio Becari, subsecretario de Ingresos Públicos estaban desde temprano en el despacho de Eduardo Di Pollina.

Mientras se preparan las reuniones que puedan destrabar un posible acuerdo del oficialismo con los diputados Silvia De Césaris y el líder de la CGT-Santa Fe, Alberto Cejas, persisten las dudas respecto de qué hará el kirchnerismo.

Los legisladores que encabeza Luis Rubeo y responden al diputado nacional Agustín Rossi están dispuestos a firmar un despacho con el oficialismo y los cegetistas, pero ponen como condición que una parte de los recursos provengan del sector agropecuario, lo que parece difícil de digerir para la administración de Hermes Binner. Aunque en las filas del gobernador estaban dispuestos a discutir el tema, al mediodía Rubeo se retiró de la Legislatura sin poder disimular su malhumor. A los periodistas que lo persiguieron para arrancarle una definición, sólo les dijo que no había firmado el dictamen de mayoría.

Puntos de contacto

Cegetistas y oficialistas están de acuerdo en que los sectores económicos más dinámicos y con mejores resultados, como la construcción y las aceiteras exportadoras, deban pagar ingresos brutos. Discuten una cláusula que convierta en transitorio ese gravamen, y que se elimine directamente si aumenta la recaudación por otros tributos hasta alcanzar los recursos que demandan los empleados del Estado.

El problema es que ese acuerdo aún no reúne los dos tercios de la Cámara baja, necesarios para imponerse al Senado dominado por el reutemanismo.

En el oficialismo -aún sin los dos tercios- se ve a las conversaciones con legisladores gremialistas del justicialismo como un triunfo: por primera vez se admite que para atender las demandas salariales hace falta mejorar los ingresos, y que ese aporte no puede volver a salir del ciudadano de a pie.

Ese argumento es el que con más empeño rechazan los senadores justicialistas liderados por el reutemanista Ricardo Spinozzi: el bloque del PJ niega que al Estado le falten fondos y sostiene que con la ley de Presupuesto 2010 y su reforma fiscal acotada es suficiente. La bancada cree que la recaudación, por efecto de la inflación real, se duplicará.

En horas del mediodía, algunos miembros de la Cámara alta estaban reunidos con el subsecretario de Protección Civil Marcos Escajadillo para hablar sobre la inundación y la bajante, mientras seguían de reojo lo que ocurría en Diputados.

En el Senado la mayoría justicialista no está dispuesta a aceptar que el oficialismo logre más recursos a costa de imponer ingresos brutos a las empresas con más ganancias. Es que fue ese precisamente el trofeo principal de la ley de Presupuesto 2010 que le impuso el PJ el año pasado a Binner, cuando el peronismo logró sumar a todas sus corrientes: reutemannistas, obeidistas y kirchneristas. Los senadores del PJ no están dispuestos a dilapidar lo que entonces lograron, para sorpresa de muchos, con ayuda K: frenar una reforma fiscal que tiraba por la borda los pactos fiscales de los ‘90.