El Senado de la Nación convirtió este jueves en ley, por unanimidad, buena parte de las disposiciones de una emergencia en discapacidad que el propio oficialismo había resistido durante más de un año.
El Senado sancionó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad
Con 71 votos afirmativos, el Congreso convirtió en permanente buena parte de los beneficios de la emergencia que vence en diciembre. Bullrich reivindicó el acuerdo, mientras la oposición reclamó garantías sobre su cumplimiento.

Con 71 votos afirmativos, la Cámara alta dio sanción definitiva a la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que había conseguido 237 respaldos, nueve rechazos y cuatro abstenciones en Diputados.
La votación coronó un proceso de negociaciones que terminó por encontrar al Gobierno y la oposición acompañando una misma iniciativa, aunque con diferencias sobre las razones que motivaron el acuerdo y las condiciones en las que deberá aplicarse.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo que "estamos votando un acuerdo social y un acuerdo político". La exministra de Seguridad reivindicó la posibilidad de construir consensos y apeló a dejar atrás los enfrentamientos que acompañaron la discusión durante los últimos dos años.

El cambio de posición del oficialismo no es menor. En 2025, Javier Milei vetó la declaración de emergencia en discapacidad y, pese a la insistencia de ambas cámaras, condicionó su ejecución a la asignación de recursos presupuestarios. Una resolución judicial obligó posteriormente al Ejecutivo a avanzar con su implementación.
Este jueves, el oficialismo acompañó la incorporación permanente de buena parte de aquellas disposiciones, mientras las organizaciones del sector volvieron a movilizarse frente al Congreso.
La misma ley, distintas lecturas
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Agustín Monteverde (LLA), defendió la decisión de abandonar el esquema de emergencia en lugar de prorrogarlo por otro año, como habían reclamado inicialmente sectores de la oposición y organizaciones vinculadas a la discapacidad. "La única forma de salir de la emergencia es con reglas estables, generando previsibilidad", sostuvo el miembro informante del oficialismo.
Desde el justicialismo, Alicia Kirchner, presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, puso el acento en las consecuencias de las políticas aplicadas hasta ahora. "Ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida", advirtió la legisladora santacruceña.

La cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas), quien había cuestionado el proyecto durante su tratamiento en comisión, anticipó que acompañaría la sanción, aunque insistió en la insuficiencia de las compensaciones adeudadas a los prestadores. Según advirtió, su valor "ha quedado retrasado en casi un 30%".
Las diferencias ya habían quedado expuestas dos semanas atrás, cuando el Senado consiguió dictamen. Juliana Di Tullio (Justicialismo) había anticipado su respaldo pese a considerar que "este proyecto es malo". La legisladora atribuyó entonces el cambio de posición del oficialismo a la movilización de las personas con discapacidad y sus familias.
Qué establece la nueva ley
La norma mantiene la pensión no contributiva equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo y su compatibilidad con el empleo registrado o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Preserva el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como requisito para acceder a la pensión por discapacidad, garantiza la cobertura sanitaria mediante el programa Incluir Salud y sostiene el nomenclador unificado de prestaciones, con actualización periódica de los aranceles vinculada a la inflación.

También establece auditorías periódicas mediante el cruzamiento de información entre organismos nacionales y mecanismos de defensa ante eventuales suspensiones de las prestaciones.
Respecto de las deudas con los prestadores, dispone un plazo de 30 días para comunicar el cronograma de pagos y de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes. Además, establece que el Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de 30 días.
El financiamiento, la discusión que sigue
El acuerdo alcanzado este jueves tiene un correlato en las negociaciones que permitieron al oficialismo conseguir dictamen para el Presupuesto 2027 en Diputados durante esta misma semana.
La libertaria Laura Rodríguez Machado había anunciado el martes la eliminación de seis artículos del proyecto presupuestario que modificaban las condiciones de acceso a las pensiones y prestaciones por discapacidad, por contener "conceptos opuestos" a la iniciativa que acaba de sancionar el Congreso.

El dictamen presupuestario contempla que los gastos sean atendidos mediante los programas del Ministerio de Salud y, de resultar insuficientes, con recursos de las reservas correspondientes a Obligaciones a Cargo del Tesoro.
La oposición cuestionó que no se hayan incorporado partidas específicas. La diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria) reclamó que la nueva legislación no quede "en una mera intención de deseos".
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que la incorporación gradual de unos 200.000 beneficiarios demandaría $598.912 millones adicionales durante 2027, equivalentes al 0,04% del Producto Bruto Interno. A eso se suman $278.323 millones de compensaciones pendientes a los prestadores, que constituyen obligaciones anteriores y no un gasto nuevo generado por la ley.
Ludopatía: otra semana de espera
Antes de comenzar el tratamiento de Discapacidad, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, intentó incorporar sobre tablas el proyecto para regular las apuestas online y prevenir la ludopatía infantil, que cuenta con media sanción desde noviembre de 2024.
Bullrich rechazó el tratamiento inmediato y defendió la necesidad de introducir modificaciones que refuercen los controles sobre las plataformas que operan fuera de los circuitos autorizados.
Sin embargo, el senador oficialista Luis Juez se apartó de la posición de su bancada: "Creo que algo es mejor que nada. Una ley podemos mejorarla con otra".
La moción de Mayans obtuvo 28 votos afirmativos y 40 negativos. Posteriormente, por unanimidad, con 70 respaldos, el Senado acordó tratar el proyecto el próximo jueves 26, con o sin dictamen.
Bullrich se comprometió a convocar para el martes a un plenario de las tres comisiones que tienen a su cargo la iniciativa. Cualquier modificación a la media sanción obligaría a devolverla a Diputados, a pocos días del cierre de las sesiones ordinarias.
Estatuto del Periodista, también en agenda
Con 48 votos afirmativos y 20 negativos, el Senado aprobó otra moción de preferencia, presentada por el justicialista Mariano Recalde, para tratar la próxima semana la prórroga por un año del Estatuto del Periodista Profesional.
El artículo 197 de la reforma laboral impulsada por el Gobierno establece la derogación de la Ley 12.908 y sus modificatorias a partir del 1° de enero de 2027.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) celebró la votación como resultado de las gestiones realizadas por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y los sindicatos de todo el país, aunque advirtió que "la prórroga aún debe votarse en ambas cámaras".
Al cierre de esta edición, el Senado continuaba sesionando con un temario que incluía la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que volvió de Diputados con la restitución de la Ley de Tierras.










