Profesionales claman por políticas públicas efectivas para la infancia

Tres preocupaciones respecto a la vulnerabilidad en la que se encuentra la niñez santafesina instaron a los Colegios de Asistentes Sociales, Psicopedagogía, Psicología y Abogados a enviar una nota al gobernador Hermes Binner: las condiciones de precariedad laboral en la que trabajan sus profesionales, la desarticulación de programas para el sector que no fueron reemplazados y la falta de reglamentación de la Ley de Niñez 12.967, aprobada hace casi un año.

Esta mañana ofrecieron una conferencia de prensa para hacer público el reclamo, mientras esperan respuestas a un pedido de audiencia que elevaron en febrero al mandatario provincial y al presidente de la Cámara de Senadores.

Estos trabajadores desarrollan tareas en la Subsecretaría provincial de Niñez, en los distintos programas orientados a atender a niños y niñas en situación de vulnerabilidad para garantizar el cumplimiento de sus derechos: salud, educación, recreación, identidad, convivencia familiar y comunitaria.

Sin embargo, “dichos programas vienen sufriendo el deterioro, vaciamiento y desabastecimiento de recursos materiales y humanos. Y a ello, debemos sumar las condiciones de vulnerabilidad laboral que afectan quienes desempeñan funciones en esta Dirección, implementando de este modo políticas pobres ejecutadas por trabajadores precarizados para los pibes pobres”, afirmaron los representantes de los Colegios.

Principales problemas

Los profesionales que están en permanente contacto con la infancia más vulnerable sintetizaron los principales problemas.

Respecto a los equipos de atención -que son quienes deciden, por ejemplo, separar a un niño de su medio familiar- advierten que trabajan en condiciones de hacinamiento, sin espacios físicos para sostener entrevistas privadas con los niños y sus familias; y que no cuentan con “ningún tipo de recurso para la ejecución de medidas ordinarias, es decir programas y proyectos con anclaje comunitario, ni con movilidad ni teléfono a disposición permanente”.

Denuncian, además, que “los niños son separados de sus progenitores, alojados con familias por tiempos prolongados sin regularización en función de lo que manda la ley” y la ausencia de difusión pública de la necesidad inminente de abrir un registro de familias de tránsito, desatendiendo necesidades urgentes de niños en situación de vulnerabilidad.

Avance de la droga

Otra preocupación es que “cada vez más niños y adolescentes viven en situación de calle en la provincia, sufriendo el desamparo y la persecución policial, y un Estado cada vez más excluyente. Muchos de ellos, con sus familias sin vivienda digna y sus padres fuera del mundo laboral”. Ante esto, denunciaron que “el avance desmedido de distribución de drogas, el consumo de ‘poxi’, con la complicidad de quienes deberían controlar y desarticular los circuitos de tráfico, está haciendo estragos en nuestra población más joven, y sin posibilidades de acceder a programas de atención o prevención que dependan de esta Dirección”.

Desmantelamientos

Respecto a las instituciones de alojamiento de menores, los profesionales vienen advirtiendo hace tiempo “el desmantelamiento de recursos de trabajo indispensable”. Enumeran “ la falta de recursos en programas alternativos con los cuales articular para producir egresos, problemas edilicios graves, falta de personal para cubrir guardias y de capacitación de preceptores; presupuesto insuficiente para garantizar el alimento, ropa, útiles, recreación y que las actividades recreativas se hacen por la buena voluntad los trabajadores”.

También repudiaron el “desmantelamiento del equipo de violencia familiar incumpliendo con las respectivas funciones designadas por la Ley Provincial de Violencia Familiar 11.529, que confiere competencia en la asistencia, asesoramiento, articulación, difusión y registro de la problemática de violencia familiar y abuso sexual infantil”.

Bajo esta realidad, los profesionales observan “con gran preocupación, la ausencia o demora en la adopción de políticas dirigidas a satisfacer las necesidades mínimas y a reducir las graves diferencias sociales que impiden gozar de un mínimo de calidad de vida por los niños y sus familias”.