La Corte rechazó por "inadmisible" un recurso presentado por la defensa de Víctor Brusa

La Corte Suprema de Justicia declaró "inadmisible" un recurso presentado por la defensa del ex juez Víctor Hermes Brusa condenado a 21 años de prisión por apremios ilegales cometidos durante la última dictadura cívico militar, indicaron este mediodía fuentes judiciales.

En una resolución de sólo siete líneas los ministros Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay cerraron la última instancia de revisión de la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe que lo halló autor del delito de torturas.

Estos delitos tuvieron como víctimas a Anatilde Bugna, Stella Vallejos, Ana Cámara, José Schulman, Alba Sánchez, Daniel García, Mariano Millán y Roberto Cepeda.

Durante aquel juicio se acreditó la existencia de un "circuito clandestino de detención instaurado en Santa Fe" durante la gestión que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976 que "se iniciaba con el secuestro de cada víctima, generalmente desde su domicilio o la vía pública, por parte de un grupo de personas de distintas fuerzas, fuertemente armadas".

Esas capturas ilegales de prisioneros se llevaban a cabo siempre en forma violenta, mediando golpes y amenazas, para luego ser trasladados y esposados, vendados o encapuchados, ocultos en el asiento de atrás de algún vehículo, a alguna de las dependencias utilizadas como primera escala del circuito, mayormente la Comisaria Cuarta, o en algunos casos la Comisaría Primera o la Brigada de Investigaciones, donde permanecían cautivas en pésimas condiciones de detención“.

"Brusa se apersonaba en los centros clandestinos de detención, arrogándose el cargo de secretario y en el marco de los interrogatorios a los que sometía a las víctimas, las presionaba con volver a llamar al grupo de torturadores, con el fin de que ratifiquen las declaraciones denominadas confesiones, obtenidas durante el periodo de detención ilegal para luego, fundar una condena“, recrearon los jueces.

Los magistrados explicaron que "luego de obtener las firmas de declaraciones extraídas bajo tormentos, las víctimas eran alojadas en dependencias de la Guardia de Infantería Reforzada, donde funcionaba el Area 212, y posteriormente eran trasladados a distintas cárceles, a Coronda en el caso de los hombres y a Devoto en el caso de las mujeres".

Télam