El director provincial de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli, brindó detalles sobre una serie de procedimientos realizados durante las últimas 72 horas, principalmente en barrio Chapultepec. Hubo secuestro de armas de fuego y personas que quedaron a disposición de la Justicia. Además, se refirió al robo de la moto del fiscal Ezequiel Hernández y aseguró que la sustracción de motovehículos registra una fuerte caída respecto de los niveles de fines de 2023.
Más de 20 allanamientos, detenidos y armas secuestradas en una serie de operativos
La PDI desplegó procedimientos en distintos puntos de la ciudad durante las últimas 72 horas, con especial concentración en barrio Chapultepec. El director provincial de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli, confirmó detenciones vinculadas con enfrentamientos entre dos grupos y destacó el secuestro de armas de fuego en causas por tentativa de homicidio, abuso de armas y otros delitos graves.

Una intensa actividad investigativa se desplegó durante los últimos días en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe. Más de 20 allanamientos, personas detenidas, armas de fuego secuestradas y evidencias vinculadas con delitos graves forman parte del balance que presentó Rolando Galfrascoli, director provincial de Investigaciones Criminales.
En declaraciones a la prensa, el funcionario explicó que los procedimientos se realizaron en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el marco de las políticas de seguridad impulsadas por el gobierno provincial.

Las investigaciones abarcan causas por tentativas de homicidio, robos calificados, abuso de armas, amenazas y extorsiones. Según indicó Galfrascoli, los elementos secuestrados permitirán profundizar las pesquisas y avanzar con las imputaciones correspondientes ante la Justicia penal.
Dos grupos enfrentados
Uno de los principales focos de los procedimientos estuvo en barrio Chapultepec, donde la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante allanamientos vinculados con enfrentamientos entre dos grupos antagónicos.
Galfrascoli precisó que, durante las últimas 48 horas, se realizaron operativos en dos tandas que permitieron detener a integrantes de ambos sectores. Entre los investigados mencionó al denominado clan Araújo, una familia a la que vinculó históricamente con situaciones de usurpación, violencia, extorsiones, amenazas y abuso de armas en esa zona de la ciudad.
En uno de los procedimientos fueron detenidas seis personas y se secuestraron dos armas de fuego, una calibre 9 milímetros y otra calibre .22, además de cartuchería.

Posteriormente, los investigadores avanzaron sobre personas que, según la pesquisa, mantenían un enfrentamiento con ese grupo. También en este caso hubo detenidos que quedaron a disposición de la Justicia.
Las actuaciones están relacionadas con hechos que se investigan como tentativa de homicidio y abuso de armas. Los involucrados deberán comparecer ante el MPA para las correspondientes audiencias de imputación y las eventuales medidas cautelares.
Frenar la circulación de armas
El funcionario remarcó que uno de los objetivos centrales de estos operativos es retirar de circulación armas de fuego que pueden ser utilizadas en hechos violentos. En ese sentido, destacó el trabajo conjunto entre los investigadores policiales y los fiscales Andrés Marchi y Gabriela Harry, entre otros integrantes del organismo judicial.

La actividad investigativa no se limitó a los enfrentamientos barriales. Durante las últimas horas también se concretó un procedimiento contra un hombre señalado como prestamista ilegal, acusado de someter a sus deudores a presiones y amenazas para exigirles el pago de sumas de dinero.
Prestamistas investigados
Uno de los casos que Galfrascoli destacó fue la detención de un hombre con antecedentes vinculados, según señaló, con préstamos ilegales, usura, chantaje y amenazas. El procedimiento se realizó en la zona de Ruperto Pérez al 2900.
De acuerdo con lo expuesto por el director provincial, la investigación se inició a partir de la denuncia de una persona que decidió romper el círculo de temor en el que se encontraba junto con su entorno familiar.
El funcionario advirtió que este tipo de prácticas suele apoyarse en la vulnerabilidad de las víctimas y en las amenazas dirigidas contra sus seres queridos. Si bien inicialmente fue una persona la que aportó información decisiva para poner en marcha la pesquisa, los investigadores sospechan que habría otras víctimas.
Galfrascoli manifestó su expectativa de que, una vez que el acusado quede formalmente sometido al proceso judicial, más personas se animen a denunciar. La incorporación de nuevos testimonios podría ampliar el alcance de la investigación y aportar elementos para determinar las responsabilidades penales.
En cuanto a las condiciones económicas de los préstamos, el funcionario brindó un dato sobre la magnitud de las exigencias denunciadas. Según explicó, en el caso investigado se reclamaba una suma que duplicaba el capital originalmente prestado, es decir, un recargo del 100%.
La detención se produjo a partir de una investigación impulsada por la PDI en coordinación con la fiscal Gabriela Harry. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar su situación procesal.
Robo a un fiscal santafesino
Galfrascoli también fue consultado sobre el robo de la motocicleta del fiscal Ezequiel Hernández.
El funcionario explicó que el hecho se conoció mientras los investigadores realizaban requisas domiciliarias en barrio Coronel Dorrego, en el marco de otra investigación penal. En ese contexto, patrullas preventivas de la Policía de Santa Fe alertaron sobre el hallazgo en la vía pública de una motocicleta cuyas características coincidían con las del vehículo buscado.

Posteriormente, se corroboró que se trataba del rodado sustraído al fiscal.
Galfrascoli sostuvo que, hasta ese momento, no existían elementos que permitieran vincular el episodio con la función judicial de Hernández. Por el contrario, consideró que las circunstancias conocidas eran compatibles con un hecho de inseguridad de los denominados predatorios, es decir, un delito contra la propiedad sin una relación aparente con la actividad de la víctima.
En ese marco, explicó que una persona deberá responder inicialmente por el delito de encubrimiento. Esa calificación puede modificarse si el avance de la investigación permite establecer que el sospechoso tuvo participación directa en la sustracción de la motocicleta.
Robo de motos en Santa Fe
El director provincial también se refirió a la evolución de los robos de motovehículos en Santa Fe. Aunque evitó proporcionar porcentajes concretos, aseguró que los registros muestran una disminución importante respecto de los niveles que se observaban al comienzo de la actual gestión, en diciembre de 2023.

"Había reportes diarios que superaban con creces las decenas de vehículos por día. Llegamos a tener semanas de más de 100 vehículos sustraídos. Eso hoy se desplomó", afirmó.
No obstante, reconoció que los robos continúan y advirtió sobre el impacto que tienen en la vida cotidiana, especialmente para quienes utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo o medio de transporte.
El funcionario sostuvo que la tendencia general de los delitos contra la propiedad muestra una evolución descendente, aunque admitió que pueden registrarse períodos de estancamiento. En ese escenario, aseguró que las investigaciones sobre robos de vehículos siguen siendo una prioridad para las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público de la Acusación.








