La tarde calurosa del domingo 8 de enero de 1995 quedó grabada en la memoria del deporte argentino y de la crónica policial. A la altura del paraje Los Cerrillos, sobre la Ruta Provincial 1 y a pocos kilómetros de Santa Rosa de Calchines, el Renault 19 en el que viajaba Carlos Monzón dio varios tumbos sobre la banquina. El desenlace fue trágico: el excampeón mundial de los medianos y su acompañante, Gerónimo Mottura, murieron, mientras que Alicia Fessia, tercera ocupante del vehículo, sobrevivió con lesiones leves.
¿Accidente o atentado? El misterio detrás de la muerte de Carlos Monzón
El 8 de enero de 1995, el excampeón mundial de boxeo murió cuando el Renault 19 en el que viajaba volcó sobre la Ruta Provincial 1, cerca de Santa Rosa de Calchines. También falleció su acompañante, Gerónimo Mottura, mientras que Alicia Fessia sobrevivió con lesiones leves. La investigación judicial se cerró en apenas 16 días, una celeridad que, sumada a cuestionamientos sobre la preservación de la escena y las pericias realizadas, alimentó interrogantes que todavía persisten: ¿fue un accidente vial o quedaron hipótesis sin explorar?

La noticia sacudió al país. Monzón había sido una de las grandes figuras del boxeo argentino, un hombre surgido de la pobreza en San Javier que alcanzó la cima del deporte mundial y defendió su corona en catorce oportunidades. Pero su historia también estaba marcada por un costado oscuro: había sido condenado a once años de prisión por el femicidio de Alicia Muñiz, cometido en Mar del Plata en 1988.
Cuando ocurrió el vuelco, el exboxeador gozaba de salidas transitorias del penal de Las Flores y transitaba los últimos tramos de su condena. Su muerte cerró abruptamente una vida atravesada por la gloria deportiva, la violencia y la condena social.

Sin embargo, la explicación del siniestro no terminó de clausurar todas las preguntas. La causa judicial fue archivada en apenas dieciséis días. Para quienes cuestionaron el procedimiento, aquella rapidez dejó dudas sobre la profundidad de las pericias y la posibilidad de examinar hipótesis alternativas a la del despiste.
¿Alcanzaba la explicación de un accidente provocado por una pérdida de control? ¿Se investigaron con suficiente rigor las circunstancias que precedieron al vuelco? ¿Hubo indicios que merecían una evaluación más exhaustiva? A casi 31 años del episodio, esas preguntas siguen formando parte de una controversia que no equivale, por sí sola, a demostrar la existencia de un atentado.
Una escena alterada
El comisario Ricardo Límido, uno de los primeros jefes policiales en llegar al lugar, reconstruyó la secuencia inicial del procedimiento. Según su relato al programa Santa Fe Policiales, que se emite por CYD Litoral, el aviso se había originado en una estación de servicio cercana, adonde llegó un veterinario de apellido Alignani que alertó sobre el vuelco.

Cuando los policías arribaron al paraje, encontraron el Renault 19 volcado de costado sobre el margen oeste de la ruta. A pocos metros del automóvil estaban los cuerpos de los dos hombres. En un primer momento, la identidad de las víctimas no estaba clara. Mottura presentaba traumatismos visibles, mientras que Monzón no fue reconocido inmediatamente por los agentes.
La identificación del excampeón se produjo cuando Límido revisó la guantera del vehículo y encontró documentación con fotografía. El episodio adquirió entonces una dimensión pública mucho mayor, aunque las circunstancias materiales del vuelco debían establecerse con independencia de la notoriedad de sus protagonistas.

Uno de los aspectos más cuestionados del procedimiento fue la alteración de la escena antes de que concluyeran las primeras actuaciones. De acuerdo con el relato policial reproducido en el material, personas que circulaban detrás del automóvil de Monzón descendieron y movieron los cuerpos antes de la llegada de la comitiva oficial y de los peritos.
Ese movimiento pudo haber modificado la posición en la que habían quedado las víctimas después del vuelco. Para reconstruir un siniestro vial, la ubicación de los cuerpos, los rastros sobre la calzada, los daños del automóvil y la distribución de los elementos en el terreno constituyen referencias relevantes. Si esas condiciones se alteran antes de ser documentadas, la tarea pericial puede volverse más difícil.
No obstante, la sola modificación de la escena no permite establecer que haya existido una intervención criminal. Para sostener una hipótesis de esa naturaleza se necesitan elementos verificables que relacionen las alteraciones con una maniobra deliberada o con la participación de terceros.

El procedimiento también recibió cuestionamientos por la demora en la llegada del médico policial. Según la reconstrucción disponible, el profesional tardó alrededor de 45 minutos en presentarse en el lugar. Posteriormente, la entrega de los cuerpos a los familiares se resolvió con rapidez.
El material original señala, además, que no se habrían practicado de inmediato análisis exhaustivos de alcoholemia en la escena, en parte por las demoras relacionadas con el traslado a la morgue del hospital provincial. Esa afirmación forma parte de los cuestionamientos planteados sobre la investigación, aunque para determinar con precisión qué estudios se realizaron y cuáles quedaron pendientes sería necesario consultar el expediente judicial y los informes médicos correspondientes.
Una huella sobre la ruta
En cuanto a los rastros sobre la calzada, el informe policial mencionado en la reconstrucción consignó una huella de derrape de entre 15 y 20 metros. Según esa descripción, el automóvil perdió el control y se desplazó desde el centro de la cinta asfáltica hacia la banquina oeste.
Las autoridades no habrían advertido en ese momento señales visibles de una colisión externa que explicaran el vuelco. Esa fue la base de la interpretación de un siniestro en el que el vehículo perdió estabilidad sin que se acreditara la intervención de otro automóvil.

Pero el debate posterior se concentró precisamente en la posibilidad de que la secuencia hubiera comenzado antes del derrape. Si el Renault 19 recibió un impacto previo, determinarlo habría requerido analizar los daños de la carrocería, buscar rastros de transferencia de pintura u otros materiales y contrastar las deformaciones con la dinámica del vuelco.
Extraña “rapidez” judicial
La rapidez del cierre judicial se convirtió, con el paso del tiempo, en uno de los puntos más controvertidos. En apenas dieciséis días, la causa quedó archivada, según la información aportada. Quienes cuestionan aquella decisión sostienen que el plazo fue insuficiente para agotar todas las líneas de investigación posibles.
Entre los aspectos que se señalan figuran la falta de estudios más profundos sobre determinados daños de la carrocería, la ausencia de un examen metalúrgico exhaustivo y la liberación del vehículo, circunstancias que, de acuerdo con esa mirada, habrían limitado la posibilidad de realizar nuevas verificaciones.
Para evaluar esos cuestionamientos con certeza sería necesario revisar las actuaciones originales y establecer qué pericias se ordenaron, cuáles se completaron y qué fundamentos se utilizaron para disponer el archivo.

La muerte de Monzón ocurrió en un contexto especialmente sensible. Su condena por el femicidio de Alicia Muñiz había dejado una marca profunda en la opinión pública. Pero esa circunstancia no eliminaba la obligación de esclarecer las causas de su muerte ni convertía automáticamente en válida una explicación que no estuviera respaldada por pruebas suficientes.
A casi 31 años del vuelco en Los Cerrillos, la pregunta continúa abierta en el terreno de la reconstrucción histórica: ¿el Renault 19 perdió el control por una circunstancia propia de la conducción o existió algún factor externo que no pudo establecerse? La controversia se apoya en cuestionamientos sobre el procedimiento inicial y en interpretaciones posteriores de los daños del vehículo.
Lo que no puede afirmarse, con los elementos expuestos, es que haya existido un atentado probado. La posibilidad de una intervención de terceros constituye una hipótesis que requeriría evidencia concreta. La distancia entre una duda legítima y una conclusión judicial es, precisamente, lo que la investigación debería haber permitido establecer.








