Las imágenes y descripciones incorporadas al expediente judicial que ordenó la demolición de “La Casona”, el inmueble usurpado de barrio Sur señalado como soporte funcional para la venta de drogas, exponen un cuadro extremo de abandono, riesgo edilicio y degradación urbana en pleno sur de la ciudad de Santa Fe.
Búnker narco en Santa Fe
Impactantes imágenes: así vivían los usurpadores de La Casona que será demolida esta semana
Un informe técnico del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe describió el avanzado deterioro estructural del inmueble tomado de barrio Sur donde funcionaba un punto de venta de drogas. El documento habla de peligro de derrumbe, conexiones eléctricas precarias, basura acumulada y presencia de roedores. La demolición fue ordenada por la Justicia provincial en el marco de la política de inactivación de búnkers narco que ya suma 118 derribos en toda la provincia.
El informe técnico fue elaborado el 11 de mayo por Claudio Ponce de León, asesor técnico de Logística del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, quien durante la audiencia judicial se presentó como “el encargado de la demolición de búnkers en la provincia de Santa Fe”.
El documento, incorporado por la Unidad Especial de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), describe con precisión el estado del inmueble ubicado en la esquina de Dr. Zavalla y Monseñor Zaspe, frente a la estación Mitre, cuya demolición controlada fue ordenada por el juez penal Sergio Carraro.
“Un deterioro profundo”
Según el informe oficial, el edificio tiene unos 90 años de antigüedad y una superficie aproximada de 188 metros cuadrados. En su interior posee un salón principal y varias habitaciones distribuidas alrededor de un patio interno, además de un reducido espacio sanitario sin servicios básicos.
“El estado general de este inmueble es de un deterioro profundo, agravado por la rotura de su techo en casi todas las habitaciones”, señala el texto firmado por Ponce de León.
La descripción avanza luego sobre las condiciones de habitabilidad detectadas durante la inspección. “El ingreso de corriente eléctrica es totalmente precario y fuera de toda norma, lo que constituye un peligro para posibles habitantes o moradores golondrina de este lugar”, advierte el informe.
Los técnicos también detectaron signos de incendios previos dentro de la estructura. “Hay signos evidentes de que este lugar sufrió las consecuencias de un fenómeno ígneo, que provocó la caída de techos y revoques de estas habitaciones, teniendo por ello un gran debilitamiento tanto techo como paredes”, añade el documento.
A ello se suma una situación sanitaria alarmante. El patio del inmueble fue descripto como “un gran mini basural”, con acumulación de residuos, restos de alimentos, ropa, muebles y desperdicios de distinta naturaleza.
Según el documento, ese panorama “sugiere que era usado como espacio de clasificación de residuos domiciliarios de casuales moradores”, circunstancia que derivó en “la existencia de nidos de roedores en toda la superficie de la casa”.
La conclusión de los especialistas fue terminante: “La inestabilidad y vetustez marcada de toda esta construcción constituye un grave riesgo para posibles habitantes por lo que se recomienda la demolición controlada y un futuro saneamiento del espacio”.
La audiencia judicial
El informe fue uno de los elementos centrales valorados durante la audiencia de “cese de estado antijurídico” realizada el pasado viernes en tribunales de Santa Fe, donde la Fiscalía solicitó la inactivación física del inmueble bajo la modalidad de derribo.
La investigación es encabezada por la Unidad Especial de Microtráfico del MPA, cuyo responsable en la ciudad de Santa Fe es el fiscal Diego Vigo, subdirector del área creada tras la entrada en vigencia de la Ley de Microtráfico.
Durante la audiencia, el fiscal Arturo Haidar repasó distintas evidencias reunidas en la pesquisa y vinculó el inmueble con actividades de comercialización de estupefacientes, además de describir un contexto persistente de violencia y conflictividad urbana en la zona.
El funcionario sostuvo que en un radio de 200 metros alrededor de “La Casona” se registraron 485 intervenciones policiales entre agosto de 2025 y mayo de 2026, entre ellas disturbios, amenazas, robos y hechos violentos.
Ponce de León ratificó en tribunales el contenido de su informe y advirtió que el lugar “es peligroso tanto para futuros moradores como para transeúntes”, debido al desprendimiento de mampostería observado en distintos sectores del inmueble.
Además, sostuvo que “el costo de reconstrucción o remodelación resultaría elevadísimo” por el nivel de deterioro acumulado y reiteró la recomendación de avanzar con una demolición controlada.
La propietaria del inmueble también prestó conformidad con la medida. “Es una cosa incontrolable, es preocupante sobre todo para el barrio”, expresó ante el juez.
Política de derribos
El caso de “La Casona” se inscribe dentro de la política de inactivación de puntos de venta de drogas impulsada por el gobierno provincial desde la sanción de la Ley de Microtráfico.
Según informó esta semana el Ministerio de Justicia y Seguridad, ya fueron derribados 118 búnkers narco en distintas localidades santafesinas desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro.
La estrategia se desarrolla de manera coordinada entre el Ejecutivo provincial, el MPA, la Justicia y las fuerzas de seguridad, con especial foco en inmuebles utilizados para el narcomenudeo y otras economías delictivas.
Al presentar recientes demoliciones en Rosario, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, sostuvo que estos sitios suelen convertirse en núcleos de “violencia, homicidios, balaceras y degradación de barrios de trabajadores que durante mucho tiempo no tuvieron respuesta del Estado”.
En el caso de barrio Sur, la Justicia entendió que el derribo no sólo resultaba necesario para impedir nuevas ocupaciones y actividades ilícitas, sino también para neutralizar el riesgo estructural que representaba el edificio para vecinos y transeúntes.
Aunque no fue informado oficialmente, el derribo se realizará en el transcurso de esta semana y contará con la presencia de las distintas agencias del Estado provincial y municipal y de funcionarios de primera línea que estarán a cargo de la supervisión de la inactivación.
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