Una década después de que se iniciaran las actuaciones, la Justicia de Santa Fe condenó a Juan Diego B. a nueve años de prisión por abusos sexuales cometidos contra una familiar menor de edad en la ciudad de Santo Tomé.
Una década después
Condenaron a 9 años al tío de una joven por abusos cometidos en Santo Tomé
La víctima tenía 10 años cuando ocurrieron los hechos y el condenado estaba a cargo de su cuidado. Tras la denuncia, la familia dejó la ciudad y se radicó en el sur del país, según relató la querella.
La sentencia fue dada a conocer el lunes 28 de septiembre por la jueza Cecilia Labanca, integrante del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Santa Fe, quien además dispuso la inmediata detención del condenado en la propia sala de audiencias.
Juan Diego B. fue declarado autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la guarda, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada por la guarda y por la edad de la víctima.
La acusación estuvo a cargo de la fiscal Natalia Giordano y la representación de la víctima como querellante fue ejercida por el abogado Hernán Kovacevich. La defensa del condenado estuvo a cargo de Ignacio Alfonso Garrone.
Un vínculo familiar
El condenado es primo hermano del padre de la víctima, por lo que en el ámbito familiar era considerado su tío. Los hechos ocurrieron cuando la joven era menor de edad y, según la acusación, se encontraba bajo el cuidado de Juan Diego B.
De acuerdo con lo planteado por la querella, los abusos se extendieron durante un período de entre tres y cuatro meses. La situación se habría producido mientras los padres de la niña cumplían sus jornadas laborales y el hombre quedaba a cargo de su cuidado.
La calificación legal contemplada en la sentencia tomó especialmente en cuenta esa situación de guarda, además de la edad de la víctima y las características atribuidas a los hechos.
El proceso llegó a juicio después de una prolongada demora. Según fue señalado por la querella, la causa permaneció paralizada durante aproximadamente diez años antes de arribar a la instancia de debate oral.
La resolución de Labanca estableció una pena de nueve años de prisión y ordenó la inmediata detención de Juan Diego B. La medida se hizo efectiva en la misma sala de audiencias, una vez comunicada la decisión.
La querella había solicitado una pena de 17 años de prisión.
Planteo de la querella
Durante el debate, la representación de la víctima sostuvo que los hechos estuvieron acompañados por amenazas dirigidas a la menor para evitar que contara lo ocurrido.
Según explicó Kovacevich, tiempo después la niña pudo relatar lo sucedido a su abuela. La mujer comunicó la situación a los padres de la menor y a partir de allí se iniciaron las acciones legales.
El abogado también describió las consecuencias que, según la querella, tuvo lo ocurrido para la víctima. Señaló que atravesó graves consecuencias emocionales y psicológicas, que requirieron tratamiento médico, y mencionó episodios de convulsiones y crisis de ausencia, además de medicación continua.
Otro de los aspectos señalados por la representación de la joven fue lo sucedido después de la denuncia. Según relató Kovacevich, el grupo familiar recibió amenazas y decidió abandonar Santo Tomé para radicarse en el sur del país, dejando atrás sus vínculos y su vida cotidiana.
Actualmente, la víctima tiene 20 años.
“Los tiempos de la víctima”
Kovacevich puso el foco especialmente en el tiempo transcurrido hasta que el caso llegó a juicio y en la necesidad de que la respuesta judicial contemplara la historia de la víctima.
“Los tiempos de la víctima no son los tiempos de la Justicia, pero detrás de este expediente hay una vida que no puede quedar atrapada en el paso de los años”, expresó el querellante.
Y agregó: “Hacer justicia en este caso es también responder a una sociedad que confía en la ley como nuestro pacto social más sagrado”.
Desde la querella también destacaron la decisión de disponer la detención inmediata del condenado una vez conocida la sentencia. Para la representación de la víctima, esa medida permitió hacer efectiva la privación de la libertad desde el mismo momento en que se dio a conocer el fallo.
Kovacevich valoró además el desarrollo del debate oral y la intervención de la jueza Labanca y de la fiscal Giordano, cada una en el marco de sus respectivas funciones.
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