Cuatro de las siete personas detenidas durante los allanamientos por una investigación de microtráfico en el barrio Paproski de Monte Vera quedaron en prisión preventiva. La medida fue dispuesta el viernes pasado por la jueza penal Rosana Carrara, luego de una audiencia en la que el Ministerio Público de la Acusación atribuyó a los imputados la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Allanamientos en barrio Paproski
Cuatro imputados quedaron en prisión preventiva por microtráfico en Monte Vera
La Justicia dispuso la medida para dos hombres y dos mujeres, acusados de tener cocaína y marihuana con fines de comercialización. Las mujeres cumplirán la prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria. Otros dos detenidos recuperaron la libertad con restricciones.
La acusación estuvo a cargo de los fiscales Eric Fernández y Arturo Haidar, quienes sostuvieron que Gabriel Mariano Ibalo, Alejandro Domingo Rodríguez, Romina Yanet Astudillo y Lucila Rocío Ibalo tuvieron distintos grados de intervención en una maniobra destinada a la venta de drogas al menudeo.
La audiencia, que se desarrolló en la Sala 6 del segundo piso de la Nueva Manzana Judicial, fue la más extensa de las tres realizadas durante la jornada. Los cuatro imputados estuvieron representados por los abogados Claudio Torres del Sel y Francisco García Rossi.
La droga y el allanamiento
El procedimiento que dio origen a la causa se realizó el 24 de septiembre por la tarde, cuando agentes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santa Fe de la Policía Federal Argentina allanaron una vivienda ubicada sobre calle Los Horneros, entre Las Tacuaritas y Los Zorzales, en el barrio Paproski.
Según la acusación, en el inmueble fueron secuestrados unos 340 gramos de cocaína, 36 gramos de marihuana, dos balanzas, elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga, $655.200 y teléfonos celulares.
Una parte de la cocaína se encontraba fraccionada, mientras que también fueron halladas dos piedras de unos 250 gramos en el interior de un automóvil Chevrolet Corsa estacionado dentro de la vivienda.
Los fiscales explicaron que el procedimiento había sido autorizado judicialmente luego de las tareas investigativas desarrolladas previamente por la Policía Federal.
Durante la audiencia, las defensas cuestionaron la validez del allanamiento. El planteo fue rechazado por la Fiscalía y finalmente no fue considerado un impedimento por la jueza Carrara al momento de resolver la situación procesal de los cuatro imputados.
Preventiva y domiciliaria
La magistrada hizo lugar al pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía para los cuatro acusados.
En el caso de los hombres, Ibalo y Rodríguez, la medida se cumplirá en un establecimiento penitenciario. Para Astudillo y Lucila Rocío Ibalo, en cambio, la prisión preventiva fue morigerada bajo modalidad domiciliaria.
En el primer caso, la decisión estuvo vinculada con su condición de madre de un niño menor de cuatro años. En el segundo, la jueza tuvo en cuenta una incapacidad motriz que presenta la imputada.
Hasta tanto pueda instalarse el sistema de tobillera electrónica, se dispusieron controles periódicos por parte de la comisaría de la zona.
La imputación formulada por el MPA fue la de coautoría del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Otros tres detenidos
Las otras dos audiencias realizadas durante la jornada tuvieron un desenlace diferente. En ambos casos, luego de formular las atribuciones delictivas, la Fiscalía informó que no solicitaría la prisión preventiva y acordó con las respectivas defensas la libertad bajo alternativas.
Una de las imputadas es una mujer de 39 años, identificada como Nanci Guadalupe L. quien fue asistida por el abogado Sebastián Oroño. El MPA le atribuyó haber colaborado con la venta de estupefacientes al menudeo al menos desde mayo de 2025 hasta su detención, ocurrida en una vivienda de calle Las Tacuaritas y Colibríes, en Monte Vera.
Para la Fiscalía, su intervención habría sido secundaria y consistió en una “colaboración no esencial” para la comercialización. También señaló que no registra antecedentes penales ni causas en trámite en la provincia.
En esas condiciones, se acordó su libertad bajo reglas de conducta. Entre ellas, deberá fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe, designar un guardador y presentarse una vez por mes ante el MPA. Además, tendrá una prohibición de acercamiento de 500 metros respecto del lugar donde fue detenida y no podrá tener ni portar armas ni estupefacientes.
La última audiencia correspondió a Pablo Agustín V., quien fue asistido por el abogado Jorge Qüesta. Al igual que en el caso anterior, la Fiscalía consideró que tuvo una participación secundaria en la maniobra investigada y la jueza Carrara le concedió la libertad bajo alternativas.
La séptima persona detenida durante los procedimientos, Candela Soledad M., recuperó la libertad y será imputada oportunamente.
Los allanamientos habían sido realizados en tres domicilios del barrio Paproski.
Además de la droga encontrada en el inmueble donde se produjo el mayor secuestro, en las otras viviendas se incautaron pequeñas cantidades de cocaína y marihuana, dosis fraccionadas, balanzas y teléfonos celulares. También fueron secuestrados tres automóviles, una embarcación y municiones de distintos calibres, elementos que quedaron incorporados a la investigación.
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