Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) en un desarmadero de la localidad de Pujato, en el departamento Las Colonias, terminó con el hallazgo de dos automóviles que registraban pedidos de secuestro vigentes. El procedimiento incluyó la verificación de 200 vehículos mediante sistemas oficiales y derivó en la imputación de un hombre de 40 años por el presunto delito de encubrimiento agravado de vehículo registrable.
En Pujato
Inspeccionaron un desarmadero y detectaron dos vehículos requeridos por la Justicia
La PDI inspeccionó un establecimiento ubicado sobre Callejón 29, en la localidad de Pujato (Dpto Las Colonias), y verificó la situación registral de 200 vehículos. Durante el operativo detectó un Chevrolet Corsa y un Mercedes-Benz con pedidos de secuestro activos. Por disposición de la Fiscalía, un hombre de 40 años fue notificado de sus derechos en una causa por presunto encubrimiento agravado.
La inspección se realizó el lunes en un predio ubicado sobre Callejón 29, con la participación de efectivos de distintas dependencias policiales y personal de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD).
El control permitió detectar irregularidades en dos rodados: un Chevrolet Corsa y un Mercedes-Benz. Según la información oficial, ambos tenían pedidos de secuestro activos, aunque originados en fechas diferentes.
Un control sobre 200 vehículos
El procedimiento estuvo a cargo de la Sección Automotores de la PDI, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. Los investigadores contaron con la colaboración de efectivos de la Unidad Regional XI, del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de esa jurisdicción y de personal de la APRAD.
Una vez en el lugar, los agentes entrevistaron al encargado del establecimiento, un hombre de 48 años que autorizó el ingreso al predio. A partir de allí, comenzaron las verificaciones de los vehículos existentes en el lugar.
Para establecer la situación registral de los rodados, los efectivos consultaron las bases de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) y el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).
El relevamiento abarcó un total de 200 vehículos. En ese universo, los investigadores detectaron dos automóviles que figuraban con requerimientos judiciales pendientes.
Uno de ellos era un Chevrolet Corsa, sobre el que pesaba un pedido de secuestro vigente desde el 7 de marzo de 2025. El segundo era un Mercedes-Benz, cuyo requerimiento se encontraba activo desde el 19 de noviembre de 2020.
La diferencia entre ambas fechas será uno de los datos que deberán considerarse al reconstruir la situación de los vehículos y las circunstancias en las que llegaron al establecimiento. Por el momento, la información oficial no precisó las causas que originaron los pedidos de secuestro ni el lugar donde se habrían producido los hechos vinculados con cada rodado.
Intervención de la Fiscalía
Tras el hallazgo, tomó intervención el fiscal Matías Palud, de la Fiscalía N.º 1, quien dispuso una serie de medidas procesales respecto de un hombre de 40 años, identificado por sus iniciales como C. J. A.
El funcionario judicial ordenó notificarle sus derechos en el marco de una investigación por el presunto delito de encubrimiento agravado de vehículo registrable.
Además, dispuso que los dos automóviles permanezcan en dependencias policiales en carácter de depositario judicial. La medida debía cumplirse luego de realizar el inventario correspondiente y el registro fotográfico de ambos rodados, actuaciones destinadas a documentar su estado y dejar constancia de los elementos secuestrados.
El procedimiento se inscribe en las tareas de control sobre establecimientos dedicados al desarme y la comercialización de autopartes, una actividad en la que la verificación de la procedencia de los vehículos constituye un aspecto central para detectar posibles irregularidades.
La investigación deberá establecer ahora las circunstancias particulares de cada caso y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. La existencia de pedidos de secuestro activos constituye el punto de partida de las actuaciones, pero no permite, por sí sola, establecer cómo llegaron los automóviles al predio ni qué conocimiento tenía el imputado sobre su situación.
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