La demolición de búnkers de venta de drogas se consolidó en los últimos dos años como una de las políticas de seguridad más visibles en la provincia de Santa Fe. A través de operativos judiciales coordinados por el Ministerio Público de la Acusación, con apoyo policial y de gobiernos locales, el Estado avanzó sobre inmuebles utilizados para el narcomenudeo en barrios atravesados por la violencia.
Microtráfico
El mapa del derribo: dónde golpeó el Estado contra el narcomenudeo en Santa Fe
Con la entrada en vigencia de la ley de microtráfico, la provincia puso en marcha una política inédita: la demolición de búnkers de venta de drogas como cierre de investigaciones judiciales. Desde 2024, el Estado provincial inactivó 102 puntos de venta en distintas ciudades. El relevamiento oficial revela una fuerte concentración territorial en Rosario y el Gran Rosario, con impacto desigual en el resto del territorio.
El registro oficial de esas intervenciones permite reconstruir el alcance real del proceso, su distribución geográfica y su evolución desde la puesta en marcha del nuevo marco legal.
El punto de partida fue la sanción de la Ley Provincial 14.239, que desfederalizó parcialmente la persecución penal del microtráfico y transfirió a la Justicia santafesina la competencia para investigar la venta minorista de estupefacientes.
Fiscalías especializadas
La norma creó fiscalías especializadas y habilitó una herramienta inédita a escala provincial: la inactivación física de los puntos de venta, mayoritariamente mediante demolición, como instancia final de investigaciones judiciales.
Desde entonces, las causas impulsadas por fiscales provinciales derivaron en allanamientos, secuestros de droga, detenciones y, en los casos más visibles, el derribo de los inmuebles utilizados como búnkers.
La medida fue presentada por el gobierno como una forma de intervención directa en territorios donde el narcomenudeo aparece asociado a otros delitos y a la violencia armada.
El núcleo del fenómeno
El análisis estadístico del listado oficial muestra una concentración territorial contundente. De los 102 puntos de venta inactivados en toda la provincia, 59 corresponden a la ciudad de Rosario, que por sí sola reúne más de la mitad del total.
Muy por detrás aparecen Villa Gobernador Gálvez (8) y San Lorenzo (6), seguidas por Venado Tuerto (5) y Frontera (4).
En Santa Fe capital se registraron tres derribos, la misma cifra que en Puerto General San Martín y Villa Constitución, mientras que el resto de las localidades presenta uno o dos casos puntuales.
La lectura se profundiza al observar el Gran Rosario, donde al peso específico de la ciudad cabecera se suman intervenciones en localidades vecinas como Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo, Granadero Baigorria, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez, Puerto General San Martín y Pérez.
En conjunto, estas ciudades configuran un corredor urbano–industrial en el que el microtráfico muestra una fuerte capilaridad territorial, y donde la política de derribos se desplegó de manera sostenida como parte de una estrategia regional.
Comienzo y consolidación
El año 2024 fue el inaugural del sistema. Durante ese período se registró una aceleración progresiva de las inactivaciones (fueron 41 en total), a medida que las fiscalías especializadas comenzaron a operar plenamente y se consolidaron los circuitos de investigación.
En ese balance institucional, la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, subrayó hacia fines de 2024 que la desfederalización del microtráfico permitió “un abordaje más cercano y eficaz de un fenómeno que está directamente vinculado con la violencia extrema y con la vida cotidiana de los barrios”.
En declaraciones públicas, la titular del MPA sostuvo que el microtráfico fue definido como uno de los objetivos priorizados del organismo, por su impacto en la seguridad urbana, y remarcó que la ley habilitó herramientas concretas como la inactivación y demolición de puntos de venta, una medida que “contribuyó a reducir situaciones de violencia y a desarticular dinámicas delictivas arraigadas”.
En 2025, el proceso mostró signos de afianzamiento (se realizaron 59), con mayor regularidad en los operativos, expansión a nuevas ciudades y una operatoria ya integrada al esquema cotidiano de persecución penal. Y en lo que va de 2026 se realizaron 2 operativos de derrumbe.
Devolver tranquilidad
Desde el Poder Ejecutivo, la política fue defendida como una herramienta concreta frente al delito territorial. El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, sostuvo que los derribos son el resultado de investigaciones previas y “finalizan con la inactivación del punto de venta”.
En la misma línea, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, afirmó que “alrededor de estos puntos de venta se potencian otros delitos y empeora la calidad de vida de la gente”, y que su eliminación busca devolver tranquilidad a los barrios.
La experiencia acumulada muestra que la demolición de búnkers se convirtió en una herramienta estable dentro de una estrategia más amplia, orientada a desarticular el microtráfico y reforzar la presencia estatal en zonas críticas.
El mapa de los derribos permite así visualizar con precisión dónde actuó el Estado y cómo se fue construyendo, paso a paso, una política de seguridad con fuerte anclaje territorial.
Los derribos en números:
Desde el inicio de 2024 y hasta el 9 de enero de 2026, se inactivaron 102 puntos de venta de estupefacientes en toda la provincia.
La lista de ciudades la integran: Rosario: 59; Villa Gobernador Gálvez: 8; San Lorenzo: 6; Venado Tuerto: 5; Frontera: 4; Santa Fe (capital): 3; Puerto General San Martín: 3; Villa Constitución: 3; Granadero Baigorria: 2; Fray Luis Beltrán: 2; Capitán Bermúdez: 2; Santo Tomé: 2; y Pérez, Recreo y Roldán: 1 cada una.
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