La investigación por una saga de incendios intencionales, amenazas y hallazgo de armas de fuego en Colastiné Norte sumó un nuevo capítulo esta semana con la prisión preventiva de Juan Manuel “Pompis” Uriarte, de 53 años, acusado de actuar junto a su yerno, Brian Nicolás “Juancho” Gómez, en una serie de hechos violentos que alteraron la tranquilidad de la costa santafesina durante el verano.
Violencia en la costa
Preventiva para "Pompis" Uriarte: el segundo acusado por incendios y amenazas en Colastiné Norte
La jueza Cecilia Labanca ordenó la prisión preventiva de Juan Manuel Uriarte, señalado como coautor de una seguidilla de ataques ocurridos entre febrero y marzo en la zona de la costa santafesina. La investigación ya había derivado en la detención de su yerno, Brian “Juancho” Gómez, tras una serie de allanamientos donde se secuestró un importante arsenal.
La medida fue dispuesta por la jueza penal de Santa Fe, Cecilia Labanca, en una audiencia realizada en tribunales de Santa Fe, donde la fiscal María Gabriela Arri sostuvo que persisten riesgos procesales suficientes para mantener al imputado tras las rejas mientras avanza la pesquisa.
Uriarte fue detenido en mayo, aunque sobre él pesaba una orden de captura desde el 20 de marzo. Según la acusación, participó activamente en el incendio de una vivienda perteneciente a una mujer propietaria de una ladrillería ubicada en Callejón Laborié y el terraplén, en Colastiné Norte.
El episodio ocurrió el 24 de febrero alrededor de las 4.30 de la madrugada. De acuerdo con la atribución fiscal, Uriarte y Gómez habrían provocado el fuego que destruyó muebles y electrodomésticos de la casa, aunque las llamas no alcanzaron a propagarse a otros sectores.
Amenazas al testigo
La causa se agravó con el correr de las horas. Ese mismo día, pero al mediodía, los sospechosos se habrían acercado hasta la casa de un vecino que presuntamente los vio durante el ataque incendiario.
Allí comenzaron las intimidaciones. Según la investigación, le advirtieron: “Vos anoche no viste nada”, para luego amenazarlo con incendiarle la vivienda y matarlo si hablaba con la policía.
En el caso de Uriarte, la imputación sostiene además que al día siguiente interceptó al mismo vecino mientras circulaba en una camioneta Peugeot negra. La escena habría ocurrido frente a la pareja de la víctima y los dos hijos pequeños del matrimonio.
Siempre según la acusación, “Pompis” descendió del vehículo, lo apuntó con un arma de fuego en el abdomen y lanzó una amenaza todavía más explícita: “Los voy a cagar matando a todos y les voy a prender fuego la casa”.
Dos días después, el 26 de febrero, el vecino denunciante sufrió un nuevo ataque: su vivienda fue incendiada y el fuego destruyó gran parte del mobiliario, electrodomésticos y una camioneta estacionada en el lugar. Los informes de Bomberos señalaron además riesgo concreto de propagación hacia inmuebles linderos.
El “aguantadero” de armas
La investigación dio un giro decisivo el 19 de marzo, cuando personal policial desplegó tres allanamientos simultáneos, uno en la zona norte de Santa Fe y dos en Colastiné Norte, en el marco de una pesquisa coordinada por la fiscal Arri.
Uno de los procedimientos tuvo lugar en la vivienda de “Juancho” Gómez, ubicada en calle Pavón al 2800, donde secuestraron una pistola Bersa calibre 22 cargada, una carabina calibre 22 y un revólver calibre 38, todas aptas para el disparo.
Pero el hallazgo más importante se produjo en otra propiedad de Callejón Laborié y pasaje Chañares, considerada por los investigadores como un posible “aguantadero”.
Allí aparecieron una pistola Tanfoglio calibre 9 milímetros con numeración suprimida, una pistola Bersa calibre .45, cargadores, municiones de distintos calibres —incluyendo proyectiles compatibles con fusiles FAL— y hasta esposas de uso policial.
También hubo un tercer allanamiento en inmediaciones de Los Urunday y Los Claveles.
Aquellos procedimientos ya habían sido interpretados por los investigadores como un fuerte indicio del nivel de violencia que rodeaba al conflicto originado en la ladrillería donde trabajaban Uriarte y su yerno.
La discusión por la preventiva
Durante la audiencia, la defensa de Uriarte, encabezada por el abogado Ricardo Calvo Arrázola, intentó desacreditar la hipótesis fiscal.
El letrado recordó que el hermano de la mujer damnificada —también propietario de la ladrillería— declaró que no existían elementos para sospechar de los acusados. Asimismo, el profesional deslizó que según dichos de los involucrados, los responsables podrían pertenecer a una banda narco de La Guardia vinculada a presuntas deudas económicas.
Además, cuestionó que pudiera acreditarse el carácter intencional del incendio y sostuvo que no existían pruebas concluyentes contra su defendido.
En cuanto a los riesgos procesales, remarcó que Uriarte estaba trabajando en Santiago del Estero cuando se enteró de que era buscado por la Justicia y que regresó voluntariamente a Santa Fe para ponerse a derecho.
También destacó que no posee antecedentes penales y pidió que, en caso de imponerse una cautelar, fuera bajo modalidad domiciliaria y con tobillera electrónica.
Sin embargo, la jueza Labanca coincidió con la postura de la fiscalía y consideró que “hay elementos de sobra para mantener vigentes los riesgos procesales”.
La magistrada rechazó las alternativas ofrecidas por la defensa y concluyó que no existían condiciones para conceder una morigeración de la prisión preventiva.
De esta manera, Uriarte quedó detenido y se sumó a su yerno “Juancho” Gómez, quien permanece preso desde marzo, mientras la fiscalía profundiza una investigación que todavía continúa abierta y que no descarta nuevas derivaciones.
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