Los abogados querellantes de la Liga por los Derechos del Hombre, José Iparraguirre y Marcelo Boeykens, fueron los primeros en solicitar condena a “prisión perpetua por el delito de genocidio” y en caso de que quepa esa posibilidad se considere una pena a “prisión perpetua, con doble inhabilitación, por homicidio agravado y torturas”, para Mario Facino.
Luego los fiscales, Patricio Longo -coadyuvante- y Martín Suárez Faisal -fiscal general-, pidieron “25 años de prisión de cumplimiento efectivo, e inhabilitación absoluta y perpetua”, por “privación ilegítima de la libertad, por el delito de tormento agravado por tratarse de perseguido político y por homicidio”, todos ellos “en concurso real”. Solicitaron además que se disponga la unificación de la pena con una condena previa, a 20 años de cárcel en la causa Brusa.



