Un procedimiento policial realizado en un predio ubicado en inmediaciones de Bajada Distéfano y el terraplén terminó con el secuestro de 370 metros de cableado eléctrico y de comunicaciones cuya procedencia no pudo ser acreditada. El responsable del establecimiento, un hombre de 48 años, fue trasladado a sede policial para cumplimentar las actuaciones correspondientes, con intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Secuestran casi 400 metros de cableado eléctrico y de comunicaciones
Un operativo policial realizado en inmediaciones de Bajada Distéfano y el terraplén permitió incautar 170 metros de cableado eléctrico y otros 200 de cable coaxial con núcleo de cobre. El responsable del establecimiento, un hombre de 48 años, fue trasladado a sede policial luego de no poder acreditar la procedencia del material.

El operativo se enmarca en una serie de controles impulsados por la Jefatura de la Unidad Regional I para combatir la sustracción y comercialización irregular de metales no ferrosos, una actividad que puede estar vinculada con robos de cables y daños en instalaciones que prestan servicios esenciales.

La inspección estuvo a cargo de efectivos de la Sexta Zona de Inspección de la Unidad Regional I, quienes detectaron una importante cantidad de conductores eléctricos y materiales utilizados en redes de comunicaciones. Según la información oficial, el encargado del lugar no presentó documentación que permitiera acreditar la legítima procedencia, adquisición o tenencia de los elementos.
Cables bajo sospecha
Como resultado del procedimiento, los uniformados secuestraron preventivamente 370 metros de cables de distintas características. El material fue discriminado en dos grupos: 170 metros de cableado bipolar y trifásico, utilizado en instalaciones de energía eléctrica, y otros 200 metros de cable coaxial con núcleo de cobre, empleado en sistemas de comunicaciones.
De acuerdo con las estimaciones iniciales, el material incautado permitiría obtener aproximadamente 22 kilogramos de cobre limpio. Su valor en el circuito informal de comercialización fue calculado en unos 250.000 pesos.

La falta de documentación respaldatoria motivó la intervención policial y el traslado del responsable del predio, de 48 años, en calidad de demorado. La medida tuvo como finalidad avanzar con las actuaciones correspondientes, mientras se procura establecer el origen del cableado y determinar si existe alguna vinculación con hechos delictivos.
Por el momento, la información oficial no precisa si el material secuestrado está relacionado con denuncias concretas por sustracción de cables.
Chatarrerías y centros de acopio
El procedimiento forma parte de una estrategia de fiscalización de establecimientos dedicados al acopio, la compra y la venta de metales. El objetivo es detectar materiales de procedencia irregular y desalentar su comercialización, especialmente cuando se trata de elementos que pueden haber sido sustraídos de instalaciones eléctricas o redes de comunicaciones.

La sustracción de este tipo de materiales no solo representa un perjuicio económico para las empresas afectadas, sino que también puede provocar interrupciones de servicios y generar riesgos para la seguridad pública.
Las actuaciones continúan bajo las directivas de la autoridad judicial competente, con intervención del Ministerio Público de la Acusación, que deberá determinar los pasos a seguir en función de los elementos reunidos durante el procedimiento.








