El debate oral y público en torno a la resonante causa de la agencia santafesina Maros Turismo concluyó su etapa de alegatos finales en los tribunales locales. Luego de cuatro meses de audiencias, el juicio entró en su recta final y solo resta conocer el veredicto que determinará el destino de las mujeres imputadas.
A 9 años del colapso de la agencia
Concluyó el juicio por Maros Turismo: pedidos de condena y absolución para las cuatro acusadas
Las defensas plantearon la prescripción por el paso del tiempo mientras que las querellas y la fiscalía insistieron con penas de prisión. El MPA retiró los cargos contra la idónea técnica.
Las cuatro llegaron a esta instancia acusadas por estafas reiteradas, las cuales en ciertos casos se sumaron al delito de falsificación de instrumento privado. Para los acusadores, las imputadas montaron una maniobra defraudatoria deliberada y sostenida en el tiempo diseñada para aparentar una falsa solvencia comercial y desviar los fondos de los clientes hacia fines ajenos a los contratados.
Mientras la fiscalía y la querella sostuvieron la mayoría de sus pedidos de condena -excepto la acusación contra la idónea técnica, que fue retirada por el MPA-, los representantes de las imputadas unificaron sus reclamos exigiendo la absolución de sus clientas y cuestionaron el dilatado proceso judicial, que se extendió por casi una década desde que estalló el escándalo en enero de 2017.
Los jueces Celeste Minniti, Pablo Spekuljak y Pablo Busaniche serán los encargados de dictar sentencia. Tras concluirse las instancias de alegatos y las réplicas de las partes, se anunció que el veredicto de primera instancia será dada a conocer el jueves a las 12.30.
Hasta 9 años de prisión
Durante sus alegatos de clausura, las fiscales Rosana Marcolín y Gabriela Arri introdujeron modificaciones sustanciales a sus pedidos de pena originales con base en las pruebas producidas en el debate.
Solicitaron 9 años de prisión para la ex dueña de la firma, Marcela Arévalo, a quien señalan como la principal responsable y cerebro de las maniobras defraudatorias.
Sin embargo, redujeron sus pretensiones respecto a las otras imputadas: requirieron 4 años de cárcel para la ex empleada Lucila García, frente a los 9 iniciales, y 3 años de ejecución domiciliaria para Ana Felice (madre de la propietaria), rebajando el pedido original de 7 años.
La gran sorpresa de la fiscalía fue el desistimiento absoluto de cargos contra Ivana Álvarez Flores, la idónea técnica de la agencia, por considerar que no se reunieron pruebas suficientes para sostener su responsabilidad penal.
Por su parte, los cuatro abogados querellantes que representan a unos 60 damnificados mantuvieron una postura más severa y unificada. Celeste Roa Hertelendi (por 24 víctimas), Clyde Balbina Cavalieri (por 17 damnificados), Luis Federico Hilbert junto a Lago Marcelino (por 14 personas) y César Andrés Rojas (por 13 representados) apoyaron las penas fiscales para Arévalo, García y Felice.
No obstante, rechazaron la liberación de cargos de Álvarez Flores y exigieron para ella una condena de 3 años de prisión de ejecución efectiva, argumentando su rol como garante técnica indispensable en la habilitación del negocio.
Absolución y prescripción
El bloque defensivo, conformado por tres defensores públicos y dos abogados particulares, centró sus alegatos de clausura en desacreditar las acusaciones de estafa y denunciar la morosidad judicial.
Las acusadas Marcela Arévalo, Ana Felice y Lucila García contaron con la representación de los Dres. Raúl Sánchez Lecumberri, Mónica Echaníz y Abel Bustamante Friggeri, del Ministerio Público de la Defensa (MPD). En tanto, la defensa de la idónea Ivana Álvarez Flores estuvo a cargo de los abogados particulares Humberto Damián Meili y Diego Martini.
Los defensores reclamaron la absolución total de las imputadas, asegurando que los hechos investigados debían encuadrarse bajo la figura de un negocio fallido y no de un plan delictivo. Asimismo, los abogados enfatizaron la necesidad de declarar la prescripción del delito de falsificación de instrumento privado.
Además, argumentaron que el transcurso de nueve años desde el inicio de las actuaciones penales en 2017 excede holgadamente los plazos razonables, señalando de manera crítica que incluso los fiscales que originalmente instruyeron el caso no formaron parte del debate oral.
Con los argumentos de todas las partes presentados, la decisión final quedó en manos del tribunal y se conocerá este jueves.
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