El Ministerio Público de la Acusación (MPA) decidió llevar ante la máxima instancia judicial de la provincia el debate sobre la modalidad de detención de uno de los responsables del femicidio de Rocío Vera, la adolescente de 14 años cuyo crimen conmocionó a la ciudad de Reconquista y a toda la provincia de Santa Fe en julio de 2020.
Femicidio de Rocío Vera: el MPA presentará un recurso contra la prisión domiciliaria de uno de los condenados
El fiscal Nicolás Maglier recurrirá el fallo que confirmó el beneficio para uno de los coautores del hecho ocurrido en 2020. Sostiene que la condena de 10 años debe cumplirse de manera efectiva en un establecimiento penitenciario.

El fiscal Nicolás Maglier confirmó que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia que ratificó la prisión domiciliaria para uno de los coautores, identificado por sus iniciales como E.G., quien al momento del hecho era menor de edad y recibió una sanción de 10 años de prisión. El caso ya cuenta con condenas firmes para la mayoría de los involucrados.
El MPA busca revertir la decisión de los conjueces Sixto González, Aníbal Marchetti y Franco Corchuelo, quienes recientemente confirmaron el fallo de primera instancia dictado por el juez Santiago Banegas, permitiendo que el condenado permanezca en su domicilio en lugar de ser trasladado a una unidad penitenciaria.

Rocío Vera fue víctima de un ataque grupal de violencia extrema. Para la fiscalía, un hecho de tal magnitud, calificado como un femicidio cometido en un contexto de abuso sexual y brutales agresiones físicas, no admite atenuantes en la ejecución de la pena que desvirtúen el sentido de justicia para la víctima y su familia.
Por ello, la pretensión del órgano acusador es que la sanción se haga efectiva tras las rejas.
Planteamiento fiscal
El fiscal Maglier señaló que “al condenado se le otorgó una modalidad excepcional de ejecución de la pena, al margen de los supuestos previstos por la ley y sin atender a las circunstancias esenciales del caso”. Para la fiscalía, el beneficio de la prisión domiciliaria no es una regla, sino una excepción que aquí se habría aplicado de manera arbitraria.

Desde el MPA sostienen que los camaristas no cumplieron con los estándares exigidos para casos de violencia de género. “El fallo de la Alzada incurrió en graves defectos de fundamentación, lo cual supone la violación de los derechos a la tutela judicial efectiva y al acceso a una respuesta jurisdiccional adecuada”, sostuvo Maglier.
Asimismo, el fiscal remarcó que, al ratificar la domiciliaria, “se incumplió el deber de debida diligencia reforzada en la sanción de un hecho delictivo aberrante cometido contra una adolescente”.

La apelación ante la Corte también se centrará en la desproporción de la medida en relación con los principios constitucionales. Para el representante del MPA, la resolución es “incompatible con los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, por lo que afecta de forma concreta diferentes garantías constitucionales”.
Seis condenados
El femicidio de Rocío Vera ocurrió en las primeras horas del 11 de julio de 2020 en un sector periférico de Reconquista.
En cercanías del cruce de la calle San Martín y la Ruta Nacional 11, la joven fue interceptada por un grupo de hombres que “abusaron de ella en reiteradas oportunidades, la arrastraron sobre diferentes superficies y la sometieron a una golpiza que provocó su muerte”. El cuerpo fue localizado dos días después en un descampado.

Por el femicidio, ya fueron condenados los coautores mayores de edad. Leonardo Godoy, Juan Daniel Godoy, Brian Carlos Altamirano y Pascual Fernando Fagundes fueron sentenciados a prisión perpetua tras probarse su participación directa en el abuso y el asesinato. Además de E.G., otro joven que era menor al momento del crimen también recibió condena como partícipe necesario.
Sobre la necesidad de que las penas sean efectivas, el fiscal señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que la falta de respuestas judiciales adecuadas frente a la violencia de género “favorece la impunidad, transmite un mensaje de tolerancia hacia ese tipo de conductas, contribuye a su perpetuación y debilita la confianza de las víctimas y de la sociedad en el sistema de justicia”.









