“Queremos que se respeten las garantías”: la esposa de Juan Trigatti volvió a reclamar justicia ante la Corte
El caso del profesor de educación física Juan Trigatti volvió a instalarse con fuerza en la agenda judicial santafesina. A cinco años del inicio del proceso, su esposa, Fernanda Deluca, renovó el reclamo por lo que considera una vulneración de garantías constitucionales y pidió que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe revise la condena.
Fernanda Deluca pidió que la Corte revise la condena a Juan Trigatti.
El caso del profesor de educación física Juan Trigatti volvió a instalarse con fuerza en la agenda judicial santafesina. A cinco años del inicio del proceso, su esposa, Fernanda Deluca, renovó el reclamo por lo que considera una vulneración de garantías constitucionales y pidió que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe revise la condena.
En diálogo con el programa Santa Fe Policiales, que se emite por CyD Litoral y conducen Verónica Ensinas y Danilo Chiapello, la mujer describió el impacto de una causa que, según sostuvo, condiciona la vida de toda su familia desde el primer día y que todavía no encuentra una resolución definitiva.
El caso Trigatti generó movilizaciones sostenidas en Santa Fe en reclamo de revisión judicial.
El reclamo social volvió a expresarse el jueves 26, cuando se realizó una nueva marcha en la ciudad de Santa Fe. Allí, familiares, allegados y vecinos se movilizaron para pedir justicia y exigir que se respeten las garantías constitucionales en el proceso.
“Un fallo que ignoró pruebas y contexto”
Durante la entrevista, Deluca cuestionó con dureza la sentencia condenatoria. Aseguró que el segundo tribunal dejó de lado elementos centrales que habían sido determinantes para la absolución inicial, generando un cambio de criterio que considera difícil de comprender.
Entre esos elementos, mencionó informes médicos, testimonios de docentes y padres del jardín, así como el contexto físico en el que se desarrollaban las clases. También remarcó que no se preservaron registros de cámaras de seguridad que podrían haber aportado información relevante.
Uno de los puntos más sensibles, según explicó, tiene que ver con las intervenciones realizadas sobre las niñas involucradas en la denuncia. Indicó que se llevaron adelante múltiples entrevistas fuera de protocolo, lo que no solo habría tenido un impacto emocional, sino que también podría haber afectado la calidad de los relatos.
En ese sentido, recordó que el fallo absolutorio había sido contundente al señalar irregularidades tanto en la investigación como en la intervención de distintos organismos. “Todo ese contexto fue desplazado en la condena”, sostuvo.
Fernanda Deluca sostiene el reclamo por la revisión del fallo y el respeto de las garantías constitucionales.
La Corte, última instancia y expectativa
Actualmente, el expediente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. La defensa presentó un recurso de queja y aguarda que el máximo tribunal defina si lo admite para su tratamiento.
Para Deluca, esta instancia representa una oportunidad clave para revisar el proceso en su totalidad. “Pedimos que se analice todo el camino recorrido y que las pruebas tengan relevancia al momento de decidir sobre la culpabilidad o la inocencia”, expresó.
También planteó interrogantes sobre el funcionamiento del sistema judicial. “¿Cuál es el sentido de atravesar un juicio con pruebas, testigos y audiencias si luego puede revertirse con interpretaciones arbitrarias?”, cuestionó durante la entrevista.
La mujer insistió en que el tribunal que dictó la condena no tuvo contacto directo con las pruebas ni con los testigos, lo que —según su mirada— profundiza la sensación de arbitrariedad en la resolución.
El caso no solo impactó en el plano judicial, sino también en la vida cotidiana de la familia. Deluca recordó episodios de violencia sufridos tras la denuncia, entre ellos un ataque a su vivienda que incluyó el incendio de la casa y la muerte de sus mascotas.
El jueves 26 se realizó una nueva marcha en Santa Fe en reclamo de justicia.
Según relató, pese a existir registros fílmicos y múltiples llamados a la policía, no hubo avances significativos en la investigación. “Estamos hablando de una inacción del Estado”, afirmó, al tiempo que cuestionó la falta de respuestas ante esos hechos.
A cinco años del inicio del proceso, el reclamo se mantiene firme. “Nuestro deseo es que se sepa la verdad y poder recuperar nuestra vida”, concluyó.