Pidieron al municipio datos sobre cómo es el monitoreo de asilos de ancianos en Santa Fe

El caso del "geriátrico del horror" en barrio Nuevo Horizonte sigue estando en la agenda política y legislativa de la ciudad capital. Mientras la investigación judicial sigue su curso, desde el Concejo local se insistió con un pedido de informes al municipio sobre el estado actual de las residencias para ancianos en Santa Fe.

Como es de público conocimiento, un incendio en un asilo clandestino ubicado en J. Gollán al 10.100 reveló las condiciones de abandono extremo al que estaban sometidos siete residentes de edad avanzada.

No eran alimentados ni aseados; tampoco recibían controles médicos, y se realizaban presuntas maniobras con la documentación y recursos económicos. Todo está siendo investigado por la Justicia.

Controles

Desde el Legislativo ya se habían presentado al menos tres proyectos donde se requirió al municipio, a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, detalles sobre las habilitaciones municipales otorgadas a responsables de asilos de adultos mayores. También, sobre el Observatorio de Geriátricos, creado por ordenanza.

Ahora, con la aprobación de un proyecto de comunicación, se requirió saber puntualmente cuál es la dependencia responsable del monitoreo del funcionamiento de Centros Residenciales de Adultos Mayores -equipo de trabajo afectado, cantidad de agentes, perfiles profesionales y funciones-.

También, si se ha realizado la firma de convenios con el Gobierno provincial para realizar monitoreos conjuntos.

Asimismo, se instó al Ejecutivo a que informe sobre las condiciones edilicias, infraestructura, equipamiento, mantenimiento y seguridad de las instalaciones de los Centros Residenciales de Adultos Mayores; la disponibilidad y estado de espacios destinados al alojamiento, recreación, rehabilitación, esparcimiento, etcétera.

Además, la nómina del personal profesional que se desempeña en cada residencia, con indicación de matrícula habilitante en los casos que corresponda; la nómina de otros trabajadores afectados a la prestación de servicios asistenciales, administrativos, de mantenimiento, cocina y limpieza.

El Concejo pidió saber además las condiciones de atención médica, seguimiento de diagnósticos, tratamientos indicados, alimentación, nutrición y demás aspectos vinculados al cuidado integral de las personas residentes.

También, cómo es la prestación de servicios generales, el mantenimiento periódico y el cumplimiento de habilitaciones, autorizaciones y certificaciones exigidas por organismos municipales, provinciales o nacionales competentes.

El último interrogante sobre el que se pidieron respuestas es si la Dirección Municipal de Adultos Mayores "interviene efectivamente en los procesos de monitoreo, inspección y/o seguimiento de estos centros residenciales".

Aquí se debe indicar indicando el alcance de su participación, funciones asignadas, modalidad de intervención y articulación con otras áreas municipales, provinciales o nacionales competentes.

En el recinto

"¿Por qué este pedido de informes y por qué algunos concejales hemos levantado la voz por este caso? Porque está en la agenda pública y la ciudadanía merece saber todo", declaró desde su banca Jorge Fernández, autor de la iniciativa junto a su par del bloque PJ, Jorgelina Mudallel.

Según el concejal, el caso del "geriátrico del horror" puso al descubierto que "existen en la ciudad asilos clandestinos que funcionaban sin habilitación municipal, de manera irregular. Todo ello pone al descubierto la situación de un conjunto de adultos mayores, que están en situación de extrema vulnerabilidad".

Hay una doble vulnerabilidad: la primera, la condición etaria: estas personas deben ser cuidadas en alguna institución. "Y la segunda, que son víctimas de la exclusión social y la pobreza. Entonces, es ahí donde creemos que el Estado municipal tiene que estar presente", agregó Fernández.

"Es importante -resaltó luego- tener en cuenta dónde el Estado debe estar. Nosotros consideramos que tiene que cumplir con los mecanismos de control. Por eso preguntamos cuáles son estos mecanismos y cómo se han ejecutado, teniendo en cuenta las competencias que tiene el municipio en esta materia".

No sabemos cómo va a terminar la investigación judicial (que hoy está en curso), ni tampoco si habrá responsabilidades penales. Pero al menos queremos saber, sobre la base de los datos que el municipio nos debe proveer, si hay responsabilidades políticas", cerró el concejal Fernández.