La Sociedad Rural de Rosario expresó su preocupación por el costo de las tasas para caminos rurales que cobran municipios y comunas, al considerar que en numerosos casos los montos exigidos no se corresponden con los servicios efectivamente prestados ni con el estado de la infraestructura vial.
Exigen conocer el destino de los fondos
La Sociedad Rural de Rosario cuestionó las tasas rurales y pidió que se justifiquen los costos
La entidad manifestó su preocupación por los montos que cobran municipios y comunas para el mantenimiento de la red vial rural y advirtió sobre la falta de contraprestaciones verificables. También pidió eliminar la actualización vinculada al precio del gasoil, publicar los costos del servicio y avanzar en esquemas de control conjunto con los productores.
A través de un comunicado, la entidad reclamó mayor transparencia en la administración de los recursos y exigió que los gobiernos locales informen cuánto recaudan, cómo determinan los valores de las tasas y qué trabajos realizan para garantizar la transitabilidad de los caminos rurales.
Desde la institución sostuvieron que, por definición legal, una tasa debe representar el pago por un servicio concreto, efectivo y comprobable.
En ese sentido, señalaron que las deficiencias en el mantenimiento de la red vial generan dificultades para las familias rurales y afectan especialmente el traslado de la producción durante las cosechas y los períodos de condiciones climáticas adversas.
La entidad también cuestionó lo que definió como una situación de indefensión de los productores frente a la administración comunal de los caminos y consideró que la falta de mantenimiento básico compromete la conectividad y la actividad agropecuaria.
Cuestionamientos a la actualización de las tasas
Uno de los principales puntos del reclamo está relacionado con los mecanismos utilizados para actualizar los valores de las tasas.
Según la Sociedad Rural de Rosario, distintas administraciones locales toman como referencia litros de gasoil por hectárea, un criterio que consideran inadecuado por la evolución que tuvo ese combustible durante los últimos 12 meses.
De acuerdo con el planteo de la entidad, este sistema de actualización automática genera ingresos marginales un 23% superiores al costo real del servicio.
Frente a esta situación, propusieron eliminar la referencia al litro de gasoil y establecer montos calculados sobre los costos efectivos de ejecución de las tareas de mantenimiento, con una justificación técnica y financiera que respalde los importes cobrados a los productores.
Otro de los aspectos señalados es la falta de información pública. La entidad recordó que los productores tienen derecho a conocer la recaudación, los criterios de cálculo de las tasas, la composición de los gastos y las tareas realizadas.
En ese marco, invocó la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública y la Ley Provincial 14.256 de Gobernanza de Datos, que establece obligaciones de publicación de información presupuestaria, contrataciones y balances por parte de municipios y comunas. Según denunciaron, las solicitudes de información presentadas por productores no han recibido respuestas satisfactorias.
Una cuenta específica para los recursos recaudados
Entre las propuestas formuladas, la Sociedad Rural de Rosario planteó que los fondos provenientes de la tasa para caminos rurales sean depositados en una cuenta exclusiva, destinada específicamente al mantenimiento de la infraestructura vial.
También reclamó una mayor eficiencia administrativa, la publicación periódica de los trabajos ejecutados y la capacitación del personal técnico. Según la entidad, una gestión ordenada permitiría fortalecer la capacidad operativa de los gobiernos locales, incluso mediante la incorporación y capitalización de maquinaria propia.
Trabajo conjunto y control de los productores
La institución también propuso avanzar hacia un esquema de gestión público-privada que permita a los productores participar en la planificación, el seguimiento y el control de las tareas realizadas, aunque aclaró que esta modalidad no debe reemplazar las responsabilidades que corresponden al Estado.
En ese sentido, convocó a los productores agropecuarios a organizarse, asesorarse y gestionar colectivamente para exigir que los aportes realizados se traduzcan en servicios concretos.
"La conectividad es un derecho fundamental", sostuvieron desde la entidad, al tiempo que remarcaron la necesidad de que las autoridades comunales rindan cuentas mediante información pública y obras verificables.
El comunicado concluye con un reclamo dirigido a los gobiernos locales: "No alcanza con cobrar. Hay que demostrar qué se recauda, cómo se gasta y qué servicio se presta".
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