Las facturas suben, pero el Estado también paga más. Esa es la paradoja que buscó explicar el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, en el Foro de Energía de AmCham: durante los meses de más frío, el gobierno nacional mantuvo la recomposición de tarifas, pero al mismo tiempo ralentizó la quita de subsidios porque el costo de abastecer de electricidad y gas resultó superior al esperado.
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El Gobierno admitió que el gasto en subsidios terminará el 2026 por encima de la meta prevista. Aun así, anticipó que la poda puede acelerarse desde la primavera, mientras sostiene la recomposición tarifaria y prepara nuevos recortes sobre los beneficiarios.

“Claramente el invierno tuvo un costo de energía más alto del que habíamos previsto, fundamentalmente por el aumento del costo del GNL y de una menor hidraulicidad en el principio del invierno”, señaló el funcionario. Ese encarecimiento obligó a sostener una asistencia estatal mayor sobre las boletas, aun cuando la administración de Javier Milei conserva como objetivo que los usuarios paguen progresivamente el costo real de la energía.

La consecuencia quedó expuesta en las cuentas. Según el informe de Economía & Energía publicado días atrás, durante el primer semestre de 2026 el Estado destinó unos US$2.147 millones en materia de subsidios a la energía, lo que significa un 80% más que en el mismo período de 2025. Fue el primer rebote significativo después de dos años de caída, aunque todavía por debajo de los US$3.035 millones del primer semestre de 2024.
Pasar el invierno
González sostuvo que desde el inicio de la gestión los subsidios energéticos ya bajaron “prácticamente un punto del producto”, desde un nivel que ubicó en torno de 1,5% del PIB o más. Para este año, sin embargo, admitió que el objetivo puede ser mayor. “Más o menos vamos a estar quizás alguito arriba de eso; puede ser un 0,5%, pero realmente ya estamos discutiendo decimales”, afirmó.
El funcionario explicó ese desvío por una combinación de costos externos y decisiones internas. El GNL importado se encareció a causa del la guerra en Medio Oriente y la menor disponibilidad hidroeléctrica obligó a utilizar una generación más cara. Así, según los cálculos, el costo promedio de la energía subió en el semestre hasta un 20% más que un año atrás. Y admitió que el traslado a los usuarios terminó siendo parcial para el segmento residencial, donde el costo promedió US$89 por MWh pero el usuario pagó US$51, con una diferencia de US$38 cubierta por el Estado.

Para la industria fue distinto, ya que los precios no cuentan con cobertura de subsidios. Pero la buena noticia es que estas mismas razones hicieron que el saldo comercial energético termine en verde luego de varios años, explicando además gran parte de la mejora en la balanza comercial. Este panorama es el que explica por qué las facturas aumentaron mientras, al mismo tiempo, siguieron creciendo los desembolsos públicos, comprometiendo el costo fiscal.
En el mismo Foro, representantes del sector privado aportaron su mirada sobre la política del gobierno, manteniendo el reclamo de que los cambios no se demoren aún más de lo previsto. Fernando Bonet, gerente general de Central Puerto, señaló que es fundamental que "el consumidor empiece a reconocer el costo de la energía real y no un subsidio gigantesco", dando a entender que para las generadoras, es la condición necesaria para volver a tomar riesgos y realizar inversiones. Mientras que Marcela Romero, CEO de Schneider Electric, destacó que, dado que el costo de la energía ahora es un factor fundamental en el balance de cualquier compañía (al no estar tan subsidiada como antes), se vuelve fundamental invertir en tecnología para gestionar la demanda.

En esa línea, el funcionario resaltó el cambio de paradigma al que apuesta la administración libertaria. La estrategia no es solo recortar la asistencia, sino reducir el costo de la energía. González proyectó que Argentina, que hoy tiene costos de entre 75 y 85 dólares por megawatt, debería "bajar a los 60 y a los 50; pues los recursos los tenemos". Para lograrlo, definió la necesidad de obras estratégicas como el tendido de líneas AMBA I sean pagadas por la demanda y no por el Tesoro nacional. Pero admitió que las obras necesarias pueden encarecer transitoriamente el servicio antes ahorrar: "Si querés tener un mejor servicio, el costo va a aumentar".
La incógnita del ajuste
El Gobierno distingue entre el valor regulado que reciben transportistas y distribuidoras y el precio de la energía que finalmente se traslada al usuario. Sobre el primer componente, González sostuvo que las empresas bajo regulación nacional “tienen sus tarifas reacomodadas” y que eso permitirá en un corto plazo exigir mejoras en la calidad del servicio después de años de precios contenidos.
La definición oficial es que ese costo no volverá a financiarse con recursos nacionales. “Si querés tener un mejor servicio, mayor disponibilidad, el costo va a aumentar y eso lo paga la demanda claramente, no lo va a pagar el Estado nacional”, planteó.

El subsidio se concentra entonces sobre el componente energético. Ese es el punto en el que el Gobierno frenó el recorte durante los meses fríos. En agosto, el régimen vigente mantuvo por cuarto mes consecutivo la bonificación extraordinaria para gas al 25%, el máximo permitido, y replicó el 16,59% para electricidad sobre el bloque base de 300Kw, bastante por encima de la trayectoria de reducción que se había diseñado a comienzos de año.
Con la bonificación general, la cobertura alcanza al 75% del componente energético del gas durante el invierno y al 66,59% en electricidad para el consumo base. González resumió que hoy “más de la mitad de los consumidores residenciales tienen subsidio”.

El funcionario dejó planteada la incógnita del ajuste para la próxima etapa: “¿Qué tiene más sentido, bajar la cantidad de gente subsidiada o bajar el subsidio que le das a aquellos que están subsidiados? Posiblemente sea una combinación de las dos cosas”, anticipó.
En principio, desde la Secretaría de Energía esperan que la presión fiscal afloje con el cambio de estación. “En la medida que el costo de energía, que claramente ahora ha acabado el invierno, empieza a bajar, la reducción de subsidios puede acelerarse un poquito”, sostuvo González.
La discusión sobre Zona Fría
El otro frente de recorte es el Régimen de Zona Fría, cuya modificación está en discusión en el Congreso. El Gobierno cuestiona que el beneficio se haya extendido a localidades que, según González, “no son frías” y también que subsidie componentes de la factura más allá del costo de la energía.
El secretario calificó la actual normativa como una "aberración" y una "ridiculez absoluta" por subsidiar el total de la boleta en localidades que, a criterio del Ejecutivo, no califican climáticamente como tales.
El Gobierno busca transparentar estos costos para que los usuarios reciban señales de precio claras que incentiven la moderación del consumo, permitiendo que la Nación decida de forma discrecional a quiénes subsidiar en todo el territorio sin distinciones geográficas arbitrarias.
"No tiene ningún sentido que un jubilado en La Matanza esté subsidiando al dueño de un departamento para alquilar en Mar del Plata", ejemplificó el secretario, para argumentar la intención de transparentar los precios para moderar el consumo, permitiendo centralizar la decisión de a quiénes subsidiar y a quiénes no.
González relativizó el ahorro fiscal inmediato porque el invierno ya terminó, pero presentó el cambio como una corrección estructural. El cargo que financia Zona Fría representa, según indicó, alrededor de 7,5% del costo del gas y es abonado por usuarios que no reciben ese beneficio. Esta reforma tendría impacto en muchas provincias. En Santa Fe, según los cálculos, cerca de 550.000 hogares del sur provincial perderían el descuento específico si prospera la poda del régimen.










