La crisis previsional argentina no se limita a la cantidad de gente que se jubila, sino que se profundiza en la calidad y cantidad de los aportes que ingresan para sostenerlos. La brecha entre la formalidad laboral y el desamparo estatal es uno de los fundamentos del problema.
Informe de la Fundación Mediterránea
Con los aportes de 34 monotributistas sólo se paga una jubilación promedio en Argentina
Con un 44% de la fuerza laboral sumergida en la informalidad y una dependencia creciente de regímenes con baja capacidad contributiva, el esquema actual muestra signos críticos de agotamiento.
“El 44% de los ocupados se desempeña en la informalidad, lo que equivale a más de 9 millones de trabajadores que no realizan aportes previsionales”, recuerdan Laura Caullo y Guadalupe Galindez, responsables de la sección social y laboral del Ieral/Fundación Mediterránea.
Esta masa de trabajadores queda fuera del sistema de protección, mientras que el peso del financiamiento recae sobre una base cada vez más debilitada. Pero incluso dentro del universo de quienes sí contribuyen, la composición es dispar. El sistema cuenta con 10,3 millones de aportantes para financiar 7,5 millones de beneficios.
En la visita a la Argentina, Kristalina Georgieva ha reiterado la necesidad de una reforma previsional. Entre los requerimientos establecidos en el acuerdo, el FMI plantea eliminar las moratorias, limitar el acceso al haber a una proporción de los años aportados, aumentar la edad de acceso al beneficio jubilatorio y separar a las pensiones contributivas de las no contributivas.
Pocos aportes
Del total de aportes del trabajo formal en la Argentina, cerca de una cuarta parte forman más parte del problema que de la solución. Y eso se refleja en las proporciones que destacan las autoras del informe: el 74% corresponde a trabajadores en relación de dependencia y el 26% restante son trabajadores independientes.
Dentro de este último grupo, se destacan 2,2 millones de monotributistas, y ese es otro aspecto del problema previsional del país. El informe pone la lupa sobre el régimen de monotributo, cuya participación en el total de aportantes se duplicó en casi tres décadas, pasando del 9% en 1998 a más del 20% en marzo de 2026.
Sin embargo, su capacidad de financiar el sistema es mínima comparada con el empleo asalariado.
La diferencia es abismal cuando se analiza el monto del aporte en relación con el ingreso: mientras que un asalariado aporta en promedio el 11,2%, un monotributista apenas contribuye con el 1,1%. Esta distorsión explica por qué la estructura de financiamiento está crujiendo.
Se necesitan 34 monotributistas para financiar una jubilación promedio”, sentencia el informe en su título. Para ponerlo en perspectiva, solo se requieren 3,5 trabajadores en relación de dependencia para cubrir ese mismo haber.
La brecha se mantiene incluso en beneficios menores: para financiar una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), se necesitan 15,4 monotributistas frente a solo 1,6 asalariados registrados.
Un sistema hacia la insolvencia
La investigación concluye que el crecimiento exponencial del monotributo (un 331% en términos absolutos desde 1998) ha modificado negativamente la estructura financiera del sistema.
Según los autores, “la sostenibilidad del sistema ya no depende solo de la evolución demográfica, sino también del monto de los aportes que ingresan”.
Con una mayoría de monotributistas concentrados en la Categoría A (54,8%), la de menor aporte, el sistema previsional argentino se enfrenta al desafío de sobrevivir en un contexto donde el trabajo registrado pierde terreno frente a formas de empleo que no alcanzan a cubrir el costo de las prestaciones actuales.
Sólo en el segundo mandato
Siempre en el marco de la visita de Georgieva (FMI), el Gobierno de Milei reiteró su compromiso ante el organismo para presentar un proyecto de ley de reforma previsional. Pero eso no sucederá antes de las elecciones presidenciales, y tiene por condición que el libertario gane la reelección en 2027.
El Ejecutivo considera que no es viable impulsarla en el corto plazo por la alta sensibilidad social y el escaso margen parlamentario para ensayar una reforma en el Congreso antes de los comicios.
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