La administración de Javier Milei transita el último trimestre de 2026 con un objetivo político y una premisa macroeconómica que parecen tensionados entre sí. La urgencia legislativa central es asegurar la sanción del Presupuesto 2027 y lograr la reforma electoral que elimine las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO); la meta fiscal es preservar el superávit.
¿De dónde sale la plata?
El costo fiscal de la nueva versión del garrote y la zanahoria con los gobernadores
Las provincias definen si le conceden a Javier Milei un año electoral sin Paso y con presupuesto. Los mandatarios quieren recursos, el oficialismo las leyes. Eso en un escenario donde la recaudación cae y habría que ajustar recursos “discrecionales” para que el superávit no se comprometa.
Para procurar el éxito parlamentario, el equipo económico y la mesa política de la Casa Rosada han acelerado el “diálogo” con los gobernadores a través de Diego Santilli. La premisa oficial es reducir la incertidumbre política sobre el mercado, de cara al año electoral, para lo cual Luis Caputo y la jefatura de gabinete fluctúan entre la “persuasión financiera” y la negociación política dura.
La moneda de cambio a los votos parlamentarios son los adelantos financieros o las compensaciones de fondos para Cajas de jubilaciones no transferidas (Santa Fe accedió a ambos recursos), así como el reparto de ATN. Es decir: erogaciones que podrían afectar en parte la meta fiscal.
El "colchón" discrecional
La herramienta de presión y negociación es el manejo de los fondos no automáticos. Para tener en cuenta, el 99% de los recursos destinados a Santa Fe en el proyecto de presupuesto 2027 son “automáticos” (coparticipación); el resto -incluyendo los fondos para la Caja de Jubilaciones- está sujeto a negociación aun cuando en parte son obligación nacional.
Un informe del diputado massista Guillermo Michel (Entre Ríos) advirtió que el proyecto de presupuesto 2027 transfiere gastos, reduce fondos para transporte, educación y obras, y eleva de $5,6 a $14,8 billones las “Obligaciones a Cargo del Tesoro”.
En ese rubro aparecen $7,68 billones en “otras asistencias financieras”, sin metas físicas ni criterios de distribución establecidos en el proyecto de ley. Es la “caja para negociar apoyos”, más conocida por la política del “garrote y la zanahoria” que el kirchnerismo usó a discreción con la ventaja de emitir sin previo destino y de recaudar más vía inflación. También ahí hay cambio de régimen.
El peronismo -en la oposición- reclama transparencia. Germán Martínez (presidente del bloque de Unión por la Patria) le pidió explicaciones a Carlos Guberman por más de $14 billones sin asignación específica en el proyecto del 2027. El secretario de Hacienda, en su informe a comisiones de Diputados, no le respondió, como tampoco a Victoria Tolosa Paz por $1,6 billones para obras no especificadas.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el 64,2% de las transferencias no automáticas en 2027 ($1.661.802 millones) se prevén inicialmente sin imputación geográfica definida ("Sin especificar / Nacional / Interprovincial"), reservando su distribución efectiva para la fase de ejecución presupuestaria.
Son, como las Ayudas del Tesoro Nacional, efectividades conducentes para los bloques aliados en la política del “toma y daca”. Algunas provincias reclaman que los fondos comiencen a repartirse de manera “automática”, pero en la Casa Rosada los mantiene en modo “discrecionalidad”.
El costo fiscal
Todo costo fiscal que la Casa Rosada asume pone en dilema la meta de preservar el ancla principal del modelo libertario: el superávit del 1,5 puntos del PBI. El costo de las concesiones a los gobernadores, sumado a las reformas ya implementadas, genera estrés en las proyecciones presupuestarias que no cuentan con la recaudación prevista.
“Dado que las erogaciones con ajuste automático (jubilaciones, pensiones no contributivas y AUH) tendrían un aumento del 3% en los últimos meses del año, podrían cerrar 2026 con una suba anual real del 1,9% y, de esa manera, las erogaciones no automáticas deberían exhibir un ajuste anual real de cerca del 6% para que el superávit primario resulte del 1,3% del PBI al finalizar el año”.
Así lo advierte un informe de la Fundación Mediterránea; prevé para el cierre de 2026 una caída real de los ingresos totales del 2,3% anual (-3,1% en ingresos tributarios).
A pesar de un repunte puntual en septiembre (+3,8%), la recaudación acumulada entre enero y septiembre registró una caída del 3% anual real, arrastrada por la eliminación del impuesto PAIS y la menor recaudación en tributos como el IVA y el impuesto al Cheque.
Los gastos automáticos muestran un crecimiento proyectado del 1,9% real anual en 2026 (con aumentos acumulados a agosto en rubros como subsidios energéticos, universidades y AUH). Ante esta dinámica, la proyección fiscal requiere un fuerte incremento del superávit primario en el cuatrimestre septiembre-diciembre (+155,9% interanual) para lograr cumplir la meta presupuestaria acumulada.
La principal vía señalada por el informe de Marcelo Capello y Gaspar Reynaes es profundizar el recorte de las erogaciones discrecionales, que son ni más ni menos que la moneda de cambio para los gobernadores.
¿Sirve la promesa hacia 2027? Los mandatarios provinciales quieren garantías políticas y fiscales. Para cumplir la meta en el año, el Ieral calcula que el gasto nacional no automático debería caer un 6% anual en los últimos meses de 2026, acumulando una baja de 6,2% en todo el año.
De acuerdo con la ejecución a agosto de 2026, las alternativas de contención del gasto público han impactado principalmente (precisamente) en transferencias corrientes a provincias: -38% real; empresas públicas: -18% real; bienes y servicios: -14% real; inversión real directa: -13% real; subsidios al transporte: -10% real y gastos de personal: -7% real.
Según el Ieral, otra alternativa es compensar la caída tributaria general apoyándose en los impuestos que mostraron crecimiento real en septiembre, tales como Derechos de Exportación (+49,5%), Ganancias (+22,6%) y Combustibles (+15,7%).
Un margen estrecho
La estrategia de seducir a los gobernadores mediante rebajas de impuestos ya presenta una factura alta. Durante 2026, la caída en la recaudación impulsada por el fin del impuesto PAIS y la reducción de derechos de exportación, entre otras medidas, consolidó un costo fiscal neto equivalente al 3% del Producto Bruto Interno (PBI).
Nadin Argañaraz (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) ha advertido que, de mantenerse esta dinámica de cesiones tributarias, el impacto negativo en los recursos del Estado podría escalar del 3% este año al 4,7% del PBI para 2027.
Ceder en el reparto de los ATN para garantizar los votos del presupuesto implicaría comprometer recursos adicionales sin un alto impacto aparente. La nacionalización y coparticipación de estos fondos representa un costo fiscal cercano a los $0,4 billones de pesos, lo que equivale a un 0,05% del PBI.
Aunque porcentualmente parece menor, en una macroeconomía que se promete no emitir ni recurrir al endeudamiento externo, cada décima de PBI que la Nación transfiere a las provincias requiere recortes proporcionales en otras áreas de la administración central.
El gobierno se encuentra en un laberinto donde la viabilidad política del modelo de desregulación exige pagar un peaje fiscal a las provincias. La tensión de las próximas semanas definirá si la Casa Rosada logra equilibrar la compra de gobernabilidad legislativa sin dinamitar la frágil contabilidad que sostiene la paz cambiaria y la confianza de los mercados.
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