La justicia española investigará si el rey emérito Juan Carlos I recibió coimas

La Fiscalía del Tribunal Supremo español anunció este lunes que investigará si el rey emérito Juan Carlos I cometió delitos penales en relación con las coimas que presuntamente recibió por la adjudicación a empresas españolas del tren de alta velocidad a La Meca, lo que supone un paso judicial de gran trascendencia política e institucional para España.

La investigación se centra "en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado", informó el Ministerio Público en un comunicado.

A principios de marzo, la Fiscalía Anticorrupción envió una comisión rogatoria a Suiza tras conocer que la justicia del país helvético investigaba al monarca por haber recibido en 2008 una donación de 100 millones de dólares por parte del entorno del rey de Arabia Saudita, presuntamente por comisiones ilegales por la adjudicación a varias empresas españolas del "AVE del desierto", entre las ciudades de Medina y La Meca.

De acuerdo con la investigación suiza, parte de ese dinero, 65 millones de dólares, fueron transferimos a la empresaria alemana Corinna Larsen, quien en ese entonces mantenía una relación extramatrimonial con Juan Carlos de Borbón.

No obstante, el Ministerio Público español considera que no puede investigar los hechos ocurridos en 2008, porque Juan Carlos I todavía era monarca y, por lo tanto, era ininmputable.

En cambio, entiende que sí es posible hacerlo por delitos derivados de esos hechos a partir de que abdicó a favor de su hijo Felipe VI, como son los movimientos del dinero recibido supuestamente en coimas que se encontraba en cuentas en paraísos fiscales.

La Fiscalía Anticorrupción considera que existen indicios de "delito fiscal y blanqueo", según fuentes judiciales, citadas por la radio Cadenas Ser.

La investigación fue trasladada al Tribunal Supremo, debido a que el rey emérito se encuentra aforado y, al igual que otros funcionarios públicos, debe ser juzgado por ese tribunal.

Dada la transcendencia institucional de la investigación, la Fiscalía General designó el caso al Fiscal especialista en Delitos Económicos del alto tribunal, Juan Ignacio Campos Campos, quien "reúne una extraordinaria cualificación y experiencia", se destacó en un comunicado.

"La investigación de la Fiscalía del Supremo busca determinar si los hechos tienen alguna relevancia penal, para decidir si los denuncia o no", indicaron a Télam fuentes judiciales.

En septiembre de 2018, la Audiencia Nacional archivó una causa en torno a las presuntas coimas por el AVE a La Meca, que investigaba el uso de Corinna Larsen como testaferro en 2011, en el segundo tramo del proyecto.

El caso se derivó de unas grabaciones publicadas por la prensa española realizadas por un ex comisario a Corinna, en las que explicaba que el monarca emérito había cobrado comisiones millonarias e implicaba a la constructora OHL.

Los supuestos negocios turbios del rey volvieron a salir a la luz provocando un gran revuelo político en España, que se vio atenuado en gran parte por la crisis sanitaria de la pandemia del coronavirus.

En pleno arranque del estado de alarma y el confinamiento, el rey Felipe VI anunció un domingo que renunciaba a la herencia de su padre ante la investigación abierta en su contra en el país helvético, después de verse salpicado él mismo por informaciones periodísticas que lo señalan a él como beneficiario de dos fundaciones con cuentas en paraísos fiscales.

El monarca también informó que Juan Carlos I ya no percibirá la asignación que le corresponde de la partida de los Presupuestos Generales del Estado por su condición de rey emérito.

La bomba lanzada por Felipe VI no pasó desapercibida pero se fue diluyendo mientras el brote local de coronavirus se extendía, sumiendo al país en una crisis sin precedente.

Con información de Télam