La autodeterminación que incomoda a Londres

Londres aplaude el principio de autodeterminación de los pueblos cuando se trata de la Cuestión Malvinas, pero la rechaza cuando Escocia, Gales e Irlanda del Norte lo reclaman para independizarse del Reino Unido. La paradoja es tan antigua como el propio Imperio británico y tan contemporánea como la reunión del pasado lunes en Cardiff.

Allí, John Swinney (SNP), Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru) y Michelle O'Neill (Sinn Féin), junto a Mary Lou McDonald, firmaron un memorando de entendimiento en el que proclaman "Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación" y que "ningún gobierno de Westminster tiene derecho a bloquear la democracia".

Los firmantes añadieron, sin rodeos, que el futuro de sus pueblos "pertenece a la Unión Europea" y que "el tiempo de Westminster está llegando a su fin". Ante este panorama, la inconsistencia de Londres resulta especialmente evidente para quienes observan desde el Atlántico Sur.

El Reino Unido invoca el principio de autodeterminación de los isleños de las Malvinas para sostener su presencia colonial, pero niega ese mismo principio cuando lo reivindican las naciones que integran su propia unión. La historia ofrece contrastes elocuentes.

El referéndum de Quebec de 1995 se celebró dentro del marco constitucional canadiense y, aunque el "No" prevaleció por un margen mínimo, el proceso legitimó el derecho de los quebequenses a decidir. Montenegro se separó de Serbia en 2006 mediante un referéndum supervisado internacionalmente.

Sudán del Sur alcanzó la independencia en 2011, tras un proceso pactado. En todos estos casos, el principio de autodeterminación se aplicó con mayor coherencia que la que exhibe hoy el gobierno británico. Los efectos internos de esta postura son profundos.

Por primera vez desde finales de los años noventa -cuando se transfirieron poderes a Escocia, Gales e Irlanda del Norte y se crearon sus parlamentos autónomos-, las tres naciones periféricas del Reino Unido están gobernadas por líderes abiertamente independentistas o partidarios de la reunificación irlandesa.

El SNP insiste en un nuevo referéndum escocés en esta legislatura; Sinn Féin empuja hacia una consulta sobre la unidad irlandesa, posiblemente hacia 2030; Plaid Cymru, más cauteloso, prioriza la ampliación de competencias como paso hacia la soberanía.

El memorando de Cardiff no unifica calendarios ni mecanismos -cada nación "determinará su propio futuro a su manera y en su tiempo"-, pero sí coordina la presión política y económica. El Brexit, que dañó las economías regionales y limitó las oportunidades, se ha convertido en el principal acelerador del descontento.

La cooperación anunciada en energía, comercio y reconstrucción de vínculos con Bruselas apunta a construir una alternativa tangible al actual ordenamiento constitucional. En el plano internacional, el gesto de Cardiff debilita la posición británica en la carrera de poder global.

Un Reino Unido fragmentado pierde peso diplomático, capacidad de proyección militar y coherencia como actor en foros multilaterales. El historiador Timothy Garton Ash ha insistido en que la fragmentación interna de las potencias tradicionales debilita su posición internacional y beneficia a actores más cohesivos.

La diplomacia de potencias emergentes y de la Unión Europea observa con interés. Un eventual regreso de Escocia, Gales o una Irlanda unida al proyecto europeo reforzaría a Bruselas y restaría influencia a Londres.

El geopolítico Parag Khanna ha señalado que los movimientos de autodeterminación en el seno de las antiguas potencias coloniales reflejan el reordenamiento multipolar actual, en el que el derecho de los pueblos a decidir se convierte en un factor de legitimidad internacional.

La hipocresía británica respecto de Malvinas no pasa inadvertida en América Latina ni en el Sur Global. Mientras Londres defiende el derecho de 3.500 habitantes de unos archipiélagos australes a permanecer bajo su soberanía, niega a millones de ciudadanos británicos el mismo derecho.

Esta contradicción alimenta narrativas anticoloniales y fortalece a quienes, desde Buenos Aires hasta Dublín, cuestionan la permanencia de estructuras imperiales residuales. El politólogo Joseph Nye ha insistido en que el poder blando (soft power) de una nación se erosiona cuando su discurso normativo se desacopla de su práctica.

El Reino Unido, que durante décadas se presentó como defensor del orden internacional basado en reglas, enfrenta ahora el riesgo de que esas mismas reglas se vuelvan en su contra. La fragmentación no es inevitable, pero la negativa a reconocer el principio de autodeterminación en casa acelera las dinámicas centrífugas.

La reunión de Cardiff no es aún el principio del fin del Reino Unido, pero sí una señal inequívoca de que el consenso constitucional nacido en 1707 y reforzado por los acuerdos de paz de Irlanda del Norte de 1998 está bajo presión inédita.

Las nuevas voces que se alzan -desde las naciones célticas hasta los pueblos que aún confrontan legados coloniales- invitan a una reflexión necesaria: ¿cuánto tiempo puede sostenerse un sistema que predica la autodeterminación para los demás mientras la niega en su propio seno?

El tablero geopolítico del siglo XXI castiga la doble moral. Londres, más que nunca, debe decidir si prefiere gobernar por consentimiento o por inercia imperial.

El autor es analista internacional, docente de Ciencia Política, especializado en Defensa en Estados Unidos. Escritor.