Sobre la Ley de Tierras

Desde mi punto de vista, habría que evitar que los ciudadanos extranjeros adquieran tierras en nuestro país y tratar por todos los medios que aquellos que las hayan adquirido las vendan en fracciones mínimas rentables -de 100 o 200 hectáreas- a ingenieros agrónomos o veterinarios.

O bien a productores argentinos que estén capacitados para optimizar su producción, de modo tal de poder aumentar considerablemente nuestra riqueza y que todo el dinero que genere esa explotación se reinvierta en nuestro país, para incrementar el número de emprendimientos productivos.

Los ingenieros del INTA han explicado que aplicando técnicas de riego artificial por goteo se podrá casi duplicar la producción agropecuaria argentina incorporando a la producción vastas extensiones de tierra que son áridas por falta de riego.

Además se podría bajar notablemente la desocupación fraccionando esas tierras. Dependiendo del tipo de agricultura que se utilice en esas 100 hectáreas podrá apreciarse cuántos empleados se requieren:

1) En agricultura extensiva -soja, maíz y trigo- una a dos personas: un operario especializado y un ingeniero o técnico agrónomo.

2) En agricultura intensiva -horticultura, frutales, olivares y viñedos- de 30 a 70 personas.

3) La agricultura con riego incorporado, cada 100 hectáreas suma dos empleos adicionales.

4) En la ganadería vacuna (bovina), para cría o engorde, se requiere de uno a dos trabajadores.

5) En la ganadería ovina se requieren de dos a tres trabajadores.

Actualmente más del 10 % de la superficie del país está en manos de ciudadanos extranjeros. Sin ir más lejos, un empresario chino es propietario de más de un millón de hectáreas en la Patagonia. La firma Benetton también es propietario de 900.000 hectáreas patagónicas.

Y en el resto del país George Soros es propietario de más de 200.000 hectáreas a través de Adecoagro, su empresa agropecuaria. Y así muchísimos otros en Corrientes, Salta y Jujuy.

Benetton adquirió por 50 millones de dólares toda esa inmensa extensión de tierras a solo 55 dólares la hectárea. Si consideramos que en cada 100 hectáreas se podrían emplear un promedio de solo tres personas (en la realidad puede ser mayor) por cada millón de hectáreas se podría dar trabajo a unas 30.000 personas.

Habría que determinar cuántos millones de hectáreas están en manos de extranjeros para calcular a cuántos argentinos se les podría dar trabajo si esas tierras estuvieran fraccionadas y en manos de ciudadanos argentinos.

Se plantea esta situación hipotética para que se la use como fundamento para evitar en forma total la venta en el futuro de tierras a ciudadanos extranjeros y se requiera que las tierras en manos de extranjeros sean vendidas a ciudadanos argentinos como se expresó anteriormente.

Por eso insisto en que la Ley de Tierras no debería ser aprobada, sino que habría que profundizarla en el sentido explicado en esta nota.

Un grupo de sociólogos del Conicet ha publicado una excelente investigación de quiénes son todos los nombres de ciudadanos extranjeros que poseen campos en nuestro país, la extensión que poseen y el lugar donde están ubicadas.

Sería interesante que esa investigación sea completada con otra integrada por los mismos sociólogos y por los ingenieros agrónomos del INTA, quienes en forma conjunta determinarían el monto de lo que podrían producir para el país y la mano de obra que podrían ocupar (que es probable que sea superior a las 300.000 personas).

Esto solo puede ser efectuado por un gran equipo de trabajo especializado, pero sería una evidencia científica en que fundarse para no aprobar la Ley de Tierras que impulsa el gobierno nacional, además de saberse lo que podría producir la Patagonia fraccionando sus tierras y la ocupación que darían.

Esas tierras en manos de argentinos ayudaría a bajar la desocupación en el país y hasta ayudaría a pagar la deuda externa, e iniciar así la recuperación definitiva de Argentina, convertida en una nación con un nuevo empuje industrial, a partir de la reinversión de las utilidades que se generen.

Esto último ocurrió en Brasil, país que invirtió todas las utilidades del agro en emprendimientos industriales y hoy es una potencia mundial, que siempre va al frente y ha crecido con o sin inflación; otro mito que defiende Javier Milei: que hay que bajar la inflación para que la industria pueda crecer.

Eso ayuda, pero para crecer se requieren políticas que impulsen el desarrollo industrial, algo que no se hace y los resultados están a la vista, generándose el cierre de miles de empresas (*).

Con la evidencia aquí descripta, los diputados y senadores de la oposición tienen la oportunidad de oponerse a la aprobación de la Ley de Tierras que impulsa el oficialismo, que solo para favorecería a los terratenientes extranjeros en detrimento de nuestros intereses y de la posibilidad de mejorar el bienestar de nuestros ciudadanos.

(*) Más de 26.400 empresas registradas dejaron de operar entre finales de 2023 y principios de 2026, según datos basados en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).