De la negación kirchnerista al brutalismo de Javier Milei

Los ideologismos tienen en la negación un constructo capaz de procurar la propia disolución -incluso traumática, cruel- antes de admitir la evidencia que los desautoriza. La Argentina está en estado de urgencia; sus instituciones (los actores a cargo) apenas exhiben por esta horas las fortalezas y capacidades mínimas e indispensables para hacer frente al desafío.

En los fundamentos del decreto 70/2023 se puede rescatar una síntesis constatable de la catástrofe: 45% de pobreza y 10% de indigencia; retroceso del 15% del PBI per cápita con inflación de 5.000% en 15 años; más de 20 millones de argentinos pobres, incluyendo 6 millones de menores que pasan hambre y no aprenden. Empleo formal privado estancado en 6 millones desde 2011, el informal superándolo en un 33%. Salarios de un sexto de los que promediaban la convertibilidad. Déficits gemelos equivalentes a 17 puntos del PBI.

Sergio Massa cerró un ciclo que emitió moneda por el equivalente a 20 puntos del PBI; la deuda por importaciones superó los U$S30 mil millones y las utilidades retenidas a las empresas extranjeras alcanzó los US$10 mil millones. El país debe una sentencia por US$16 mil millones, por la ilegal estatización de acciones de YPF, que ordenó Cristina y Kicillof ejecutó. Las reservas reales del BCRA son negativas.

Un plan integral diseñado durante meses, cinco mil técnicos dirigidos y coordinados para abordar la administración central en el país, coalicionismo político e irreversibilidad de las medidas, eran las condiciones que Carlos Melconian enunciaba en la propuesta de la Fundación Mediterránea, antes de arreglar su participación en la fallida candidatura de Patricia Bullrich. Hábil declarante, el economista no ha tenido la oportunidad de demostrar sus capacidades en ejercicio; en todo caso el dato significativo es que las grandes fuerzas políticas que se propusieron a las urnas, no sintetizaron premisas claras como las de la Fundación Mediterránea.

Los egos visten las ropas del César ante la República fallida, clientelar y corrupta; no todos logran cruzar el Rubicón. El decreto 70/2030 expresa la pulsión personalista de Javier MiIei. El presidente se puso al frente de una mala costumbre kirchnerista: legislar por decreto. Por gracia de Cristina, el Congreso necesita dos cámaras para sancionar una ley, pero sólo una -o ninguna- para convalidar la delegación de facultades legislativas en el presidente. Eso es autocracia.

La CGT y la CTA, que por estas han sido deslumbradas con epifanías constitucionales, buscan hacer valer ante la justicia del trabajo sus pretensiones contra el capítulo laboral del DNU. Lo mismo hizo el gobernador de La Rioja ante la Corte, jurisdicción originaria en un conflicto entre Nación y Provincia. Un juez en lo contencioso administrativo podría suspender los efectos de todo el decreto. El máximo tribunal administra sus proverbiales prudencias en procura de no judicializar -por ahora- decisiones políticas.

El kirchnerismo y la izquierda amenazan desde la calle como gritan e insultan en el Congreso. La UCR, el PRO, el peronismo no K y fuerzas provinciales (en orden a gobernadores que necesitan plata) ensayan darle a los libertarios -en Diputados y Senadores- un diálogo político imprescindible tanto por el DNU como por el proyecto de ley de "baes". El coalicionismo indispensable. Un lammasu que ahuyente el caos que acecha al palacio.

Tal vez la política -una ironía de la casta- le otorgue cauce institucional al brutalismo administrativo con el que Milei pretende reemplazar a las reglas, las leyes, a la razón de ser de un presidente en democracia. Uno que ha heredado una política previamente degradada entre incapacidades, abusos, corrupción, todo avalado en la negación.

¿Puede tener éxito una administración que embiste primero y negocia después? En el margen, a costa de padecimientos sociales que añaden sacrificio al espanto de la urgencia, podría haber algún pronóstico de inflación a la baja, que aliente las esperanzas. Es curioso, pero es desde el FMI que están haciendo la pregunta decisiva: ¿qué tan sustentable es la gobernabilidad en la Argentina?