La Justicia en Santa Fe inicia una nueva época con frentes abiertos

El discurso de Rafael Gutiérrez en la apertura del año judicial asumió en la última semana un carácter fuertemente significativo, poniendo en escena un punto de inflexión en el marco de un cambio mucho más profundo de lo que permiten apreciar los chisporroteos de la coyuntura, pero que a la vez se asienta en una asentada tradición y enfrenta desafíos inmediatos.

La renovación casi por completo de la Corte Suprema de Justicia de por sí supone un momento de estruendo político e institucional, y decididamente de cáracter histórico. Después de casi 20 años sin ningún movimiento en la integración del Alto Tribunal, en una misma gestión se eligieron a seis nuevos ministros, de los siete que ahora son.

El proceso avanzó al amparo de un nuevo texto constitucional, que ahora especifica la edad jubilatoria de los magistrados y que fuera uno de los puntos que jalonó la refriega previa al anuncio del apartamiento de los actuales integrantes, que por momentos escaló la virulencia y amenazó con constituir un verdadero conflicto entre poderes, pero que finalmente se zanjó cuanto menos en términos corteses.

No sólo un cambio de nombres

Mientras nuevas discusiones se abrieron en torno a las asunciones pendientes (no vinculadas a la persona de los elegidos, Diego Maciel, Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, pero sí a cuestiones como la temporaneidad de la aprobación de sus pliegos y a cuestiones que también reclama la Constitución, como la paridad de género), la Corte ya inició su transición con los tres primeros ingresos.

Así, tras el alejamiento de Mario Netri y María Angélica Gastaldi, se sumaron al cuerpo el ex fiscal general Jorge Baclini, la académica Margarita Zabalza y el ex fiscal de Estado (y relator de la propia Corte) Rubén Weder, junto a Gutiérrez, Roberto Falistocco y Eduardo Spuler (que dejarán el Tribunal este año) y Daniel Erbetta, el único ministro de la anterior composición que permanecerá.

La reconfiguración es aún más profunda de lo que más presencia tuvo en la vidriera pública y mediática. Y es que, si bien sumó un ministro, la Corte tendrá un integrante menos, que no ostentaba ese carácter: el Procurador General, actualmente Jorge Barraguirre, ya no formará parte del elenco.

En otro plano, el retiro del secretario general Eduardo Bordas implicará más que el relevo de un cargo técnico, y supondrá una nueva organización de atribuciones y responsabilidades. La concentración de ellas que caracterizó la gestión del estratégico funcionario no se repetirá en quien vaya a reemplazarlo, sino que se distribuirá en áreas a cargo de los distintos ministros.

Discusiones que vuelven

Sin abundar en pormenorizaciones de las modificaciones impuestas por la manda constitucional, otro cambio que asume la condición de hito institucional es la flamante categoría de órgano extrapoder asignada al Ministerio Público de la Acusación y el de la Defensa, creados en oportunidad de la puesta en marcha de la reforma procesal penal.

La nueva condición, expresamente reclamada por quienes los encabezan, María Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson, como lo fuera por sus antecesores en el cargo (entre ellos el propio ministro Baclini) tuvo como efecto secundario y colateral una polémica inesperada, vinculada a la ocupación de un espacio en el nuevo edificio de Tribunales de Santa Fe.

Inopinadamente, el debate se remitió también en un punto a una discusión mucho más antigua, que fue la postura discordante que asumieron los entonces ministros de la Corte Suprema al respecto de la propia reforma procesal penal, tanto como a la naturaleza de los órganos que la encarnan y a las cuestiones presupuestarias y administrativas vinculadas a ello. Otro conflicto que zanjó la actual Constitución, pero parece estar lejos de haber quedado en el olvido.

Palabras y gestos

En cuanto al discurso en sí (una práctica que no es novedosa por sí misma, ya que es la décimo cuarta vez que lo pronuncia, pero sí por el contexto), fue una ocasión ineludible para ejercitar el análisis del discurso. Del verbal y del no verbal; porque no solo cada palabra (pronunciada u omitida) estaba cargada de potencialidad polémica, y en esos términos fue medida, sino que el desfile de gestos y actitudes estuvo sujeto al mismo escrutinio.

Quizá por eso primó la mesura táctica. La alocución de Gutiérrez no incursionó en ningún momento en el terreno del conflicto, al menos en el tono. En el contenido, el trípode "austeridad-eficiencia-eficacia" atravesó desde la primera mayúscula al último punto, se desglosó en un prolijo inventario y se apoyó en una sólida base conceptual, conformada por la defensa de la independencia del Poder Judicial, su rol de gobierno y la necesidad del diálogo, que echó en falta como signo de actualidad.

Una respuesta no altisonante, pero que sí buscó ser categórica, al montado por el gobernador Maximiliano Pullaro para sustentar la necesidad de reformar al Poder Judicial, por considerarlo "caro, ineficiente, que no da respuestas".

Números en mano, la produjo frente al propio mandatario, que no esquivó el compromiso institucional, y compartió con los ministros el escenario y no pocos momentos de camaradería. Tampoco incurrió en ninguna gesticulación que pudiera haber contaminado ese ambiente.

En las omisiones del discurso de Gutiérrez se cuenta su propia renuncia (a la que aludió sin tapujos en declaraciones periodísticas posteriores, del mismo modo que al conflicto por el edificio) y el mismo proceso de renovación. Antes bien, campeó una mirada de continuidad, sin fecha de fenecimiento: "Mis colegas y quien les habla seguiremos ejerciendo el rol de guardianes de la Constitución con la seriedad que el momento histórico exige", dejó sentado.

Gutiérrez, que no esquiva la posibilidad de una candidatura política el año que viene, tendrá a su cargo conducir así este último tramo de transición en la conformación de la Corte, dando continuidad a programas y pautas en curso, y a la vez asistiendo a una renovación que va más allá de las personas.

Desafíos en agenda

En esa agenda está también no solo la readecuación del funcionamiento del Tribunal, sino también la cobertura de vacantes, largamente postergada pero ya en plena ejecución, la reformulación del mapa judicial, que ya tuvo un capítulo con el rediseño de órganos jurisdiccionales, y el envío a la Legislatura de iniciativas propias. Todo encuadrado en un vínculo que respeta la independencia de poderes, pero confía en la colaboración.

El conflicto, no obstante, sigue estando presente en los desafíos pendientes. Desde la disputa por la jurisdicción en los casos de narcomenudeo, hasta la constitucionalidad de la reforma previsional, que tuvo otra puja por colectora en la recusación del Ejecutivo a cuatro miembros del Tribunal, y que fuera rechazada por el pleno de los miembros.

Todos ellos desafíos que jalonan el último período de la Corte con su actual composición, y que inevitablemente se transmitirán a la próxima, alumbrada por el acuerdo político y la vocación de renovación, aunque también interpelada por la necesidad de reestructurar su funcionamiento y estar a la altura de las altas expectativas depositadas en ella.

Mientras tanto, la Provincia atraviesa un punto de inflexión institucional cuya dimensión no puede quedar opacada por intereses inmediatos, que requerirá un compromiso de toda la estructura de poder y también perspectiva histórica para ser juzgado. Pero que, sin esquivar la contradicción y el debate, se desenvuelve sorteando el trauma y la agresión. Un valor que hace honor a la tradición santafesina, y la recorta con brillo y nitidez en el panorama nacional.