La reforma constitucional sobre la mesa en Santa Fe

La gestión de Maximiliano Pullaro pasa estos días poniendo el eje en achicar cuatro agujeros por el que se filtran muchos recursos fiscales: sistema previsional, IAPOS, Epe y ASSA, quizás en ese orden. Con medidas no simpáticas para la población pero necesarias para garantizar gobernabilidad, al decir de uno de los hombres del gabinete. Aquella definición de hacer eficiente el gasto que el hoy gobernador y el hoy ministro de Gobierno, Fabián Bastia, empezaron a utilizar en sus discursos en la Cámara de Diputados anterior, se pone en el centro de la agenda y produce cimbronazos internos y externos. También la política salarial que no termina de cerrarse y que parece que las largas paritarias llegaron para quedarse hasta fin de año, sin acuerdos en la mesa.

Estos temas quitaron el eje central que tuvo el capítulo seguridad en las primeras semanas de gestión, no obstante, no debe haber descuido alguno en esa área tan sensible a la ciudadanía.

El otro eje es la espera de la definición de leyes en el Congreso que podrían aliviar en algo las cuentas provinciales -no solo de Santa Fe- con las restricciones impuestas sobre el final de la gestión de Alberto Fernández.

En el mientras tanto, Unidos ya trabaja en el proyecto de reforma constitucional que macera lentamente en diálogos reservados entre los diferentes espacios políticos del actual oficialismo pero también en algunas charlas con referentes justicialistas.

"El tema no será de la Casa Gris, será iniciativa de la Legislatura, de la política" señalaron tres dirigentes radicales de fuerte trabajo legislativo y que manejan coordenadas de tiempo y espacio para abrir el debate, siempre y cuando la economía dé un respiro.

Hoy tienen estado parlamentario tres proyectos de reforma y los tres en Diputados. Llevan las firmas de Joaquín Blanco (PS), Walter Ghione (UNO) y Lucila De Ponti (Movimiento Evita) y en semanas más será el radicalismo a través de sus figuras legislativas el que agregará otra iniciativa sobre la temática.

"Cuando se sancionó la actual Constitución (1962) el hombre no había llegado a la Luna, no teníamos computadoras, redes sociales, no había internet", repite el presidente del radicalismo, presidente pro témpore del Senado, Felipe Michlig. La mayoría de los actuales diputados provinciales no había nacido, habría que agregar.

Cuesta separar una reforma de la Carta Magna de la posibilidad de reelección del gobernador y esto fue lo que obstruyó todos los intentos reformistas desde 1983, que se acentuaron a partir de la reforma constitucional nacional de 1994.

"No pongamos el carro delante de los caballos" dicen los radicales intentando quitar impacto al tema. El propio Michlig ensaya como argumento bajar gastos de la política y para ello pone a consideración dos recetas: elecciones cada cuatro años tanto en provincia como en municipios y comunas y límite constitucional al gasto legislativo. A ello habrá que agregar algunos institutos modernos que tienen que ver con la selección de magistrados, el encuadre constitucional de los institutos del sistema penal y un tema sensible como la autonomía municipal que siempre se proclama y levanta como bandera desde las bancas opositoras, pero no se ensaya cuando se es oficialismo.

Días atrás la diputada justicialista Celia Arena se quejó en el recinto de que le cuestionaron a la administración Perotti la pretensión de extender los mandatos de presidentes comunales a cuatro años por la letra rígida de la Constitución. Una letra rígida que no vale para hacer municipios a localidades de menos de diez habitantes como viene ocurriendo desde 1985; pecado que todos los sectores políticos cometieron y avalaron.

La hoja de ruta también comprende la separación de las elecciones del 2025 donde en Santa Fe se renovarán varias intendencias, la mitad de los concejales y todas las comunas y a nivel nacional habrá elección de diputados. Allí seguramente ingresará un jugador extraño hoy en la política santafesina como son los seguidores de Milei que, por ahora, no parecen tener fuerte representación en cada municipio o comuna.

Si la Legislatura sanciona la ley de necesidad de la reforma, los convencionales serían votados con las elecciones municipales y comunales.

La decisión política está. El camino no es ni será fácil y Santa Fe tiene ejemplos de sobra de fracasos sobre ensayos de reforma. El intento lo llevará adelante el oficialismo legislativo sabiendo que debe manejarse con mucho tacto político y social, pero a la vez buscando garantizar una reforma no se desmadre luego en una eventual convención.