Del "así se trabaja" a la violencia laboral: una mirada desde el poder

Hubo un tiempo en que gritarle a un empleado era considerado "tener carácter". Exigir disponibilidad permanente era una muestra de "compromiso". Humillar a un trabajador delante de sus compañeros podía presentarse como una forma de "enseñarle" a trabajar.

Y soportar en silencio las arbitrariedades de un superior parecía ser, muchas veces, parte del precio de conservar un empleo. Algo cambió. No necesariamente porque esas prácticas hayan desaparecido, sino porque comenzamos a mirarlas de otra manera.

Lo que durante años pudo naturalizarse como parte de la cultura laboral empezó a ser reconocido como un problema de derechos, de dignidad y, en determinadas circunstancias, de violencia laboral.

En ese sentido, "El diablo viste a la moda 2" (The Devil Wears Prada 2, de David Frankel, estrenada en 2026) ofrece una oportunidad para volver a mirar las relaciones de poder que atraviesan el mundo del trabajo. Más allá de la trama cinematográfica, el universo de la moda permite preguntarnos qué cosas aceptábamos antes en un ámbito laboral y cuáles hoy ya no estamos dispuestos a considerar normales.

La figura de Miranda Priestly -interpretada por Meryl Streep- representa una forma de autoridad construida desde una fuerte asimetría de poder. Su palabra define, su decisión ordena y su aprobación o rechazo tiene consecuencias sobre quienes trabajan a su alrededor.

La exigencia permanente aparece como una característica del éxito profesional y el miedo a equivocarse como una herramienta de disciplinamiento. Pero aquí aparece una distinción fundamental: tener autoridad no significa tener derecho a ejercer cualquier forma de poder.

Desde una mirada politológica, el problema resulta especialmente interesante. Toda organización necesita estructuras de autoridad. Una empresa, una oficina pública, un hospital, una universidad o un organismo estatal necesitan distribuir responsabilidades y tomar decisiones. El problema comienza cuando la autoridad deja de estar limitada por reglas, derechos y controles, y se transforma en abuso de poder.

Argentina ha recorrido en las últimas décadas un camino significativo en el reconocimiento de esta problemática. Un primer antecedente institucional importante se produjo en 2007, cuando el entonces Ministerio de Trabajo creó, mediante la Resolución 5/2007, la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral.

La propia resolución definió la violencia laboral como una acción, omisión o comportamiento destinado a provocar directa o indirectamente daño físico, psicológico o moral a un trabajador o trabajadora. También incluyó expresamente la violencia de género y el acoso psicológico, moral y sexual.

Protección de la persona

El dato es relevante porque demuestra que el Estado argentino comenzaba a reconocer que determinadas conductas dentro de una relación laboral no podían ser consideradas simplemente como "problemas personales" entre un jefe y un empleado.

La resolución contempló además mecanismos de actuación tanto para situaciones del sector privado como del sector público, lo que permite comprender que la violencia laboral no es patrimonio de un tipo particular de organización.

Pero el cambio también se produjo desde el propio derecho laboral. La Ley de Contrato de Trabajo N° 20744, en su artículo 75, establece el deber de seguridad del empleador y dispone que deben adoptarse las medidas necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores.

Esto resulta central para entender que una relación laboral no puede reducirse exclusivamente al cumplimiento de tareas a cambio de un salario: también existen obligaciones vinculadas con la protección de la persona que trabaja.

El avance más significativo llegó años después. En 2020, Argentina aprobó mediante la Ley N° 27580 el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. El Convenio entró en vigor para nuestro país en 2021 y significó un cambio conceptual de enorme importancia.

El Convenio 190 reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Además, amplía la mirada sobre dónde y cómo pueden producirse estas situaciones: no se limita al espacio físico de la empresa u oficina, sino que contempla también comunicaciones laborales, actividades vinculadas con el trabajo y otros ámbitos relacionados con la actividad laboral.

La definición incluye comportamientos o amenazas que puedan causar daño físico, psicológico, sexual o económico. Esto representa una transformación importante respecto de aquella vieja idea según la cual "el trabajo termina cuando uno sale de la oficina". Hoy las relaciones laborales también continúan a través de un teléfono celular, un correo electrónico, un grupo de WhatsApp o una videollamada.

La evolución normativa, entonces, no consiste simplemente en haber agregado nuevas prohibiciones. Hay un cambio mucho más profundo: se modificó la manera en que entendemos la relación entre autoridad y dignidad dentro del trabajo. Sin embargo, sería un error pensar que el avance de las normas significa que el problema está resuelto.

La propia experiencia demuestra que todavía existe una distancia entre los derechos reconocidos formalmente y las prácticas cotidianas dentro de las organizaciones. Todavía pueden escucharse frases como "si no te gusta, hay muchos esperando tu puesto", "acá siempre se trabajó así", "tenés que aguantar si querés crecer" o "el jefe es así".

Detrás de esas expresiones puede existir una concepción del trabajo en la que la necesidad de conservar un empleo termina justificando relaciones de poder abusivas. Y esto puede suceder tanto en el ámbito privado como en el público.

Un cambio en nuestra mirada

Una empresa multinacional, un pequeño comercio, una dependencia municipal, una oficina provincial, un organismo nacional o cualquier otra organización pueden reproducir dinámicas de violencia cuando la autoridad no encuentra límites efectivos.

La forma institucional puede ser diferente, pero la lógica de poder puede resultar sorprendentemente parecida. Por eso, discutir sobre violencia laboral es también discutir sobre poder. La pregunta ya no debería ser solamente cuánto puede exigir un jefe, sino cuáles son los límites que una sociedad democrática establece para el ejercicio de la autoridad dentro de una organización.

Porque una organización puede ser exigente sin ser violenta. Puede buscar resultados sin humillar. Puede establecer jerarquías sin convertirlas en mecanismos de sometimiento. Puede pedir compromiso sin exigir disponibilidad absoluta. Y puede ejercer autoridad sin desconocer la dignidad de quienes trabajan.

En este punto, "El diablo viste a la moda 2" puede funcionar como un espejo. Nos permite observar una cultura laboral en la que el éxito parece justificar el sacrificio, la autoridad puede confundirse con el miedo y la exigencia parece no reconocer límites.

Pero también nos permite observar cuánto cambió nuestra mirada. Porque no se trata de afirmar que "antes todo estaba permitido y ahora no". Muchas de aquellas prácticas nunca fueron necesariamente legítimas. Lo que cambió fue nuestra capacidad social, política y jurídica para identificarlas, nombrarlas y cuestionarlas.

Argentina avanzó en la creación de instituciones, en el reconocimiento de derechos y en la incorporación de estándares internacionales.

La aprobación del Convenio 190 significó, en ese sentido, un salto cualitativo: la violencia y el acoso dejaron de ser entendidos solamente como conflictos internos de una organización para ser abordados como una cuestión vinculada con los derechos fundamentales y con la construcción de un mundo del trabajo basado en el respeto y la dignidad.

Pero las leyes no modifican por sí solas las culturas organizacionales. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de decir "así es el trabajo" frente a una situación de maltrato y comenzamos a preguntarnos si realmente estamos dispuestos a aceptarla.

Porque, en definitiva, la violencia laboral también es una cuestión política: es una discusión sobre el poder, sus límites y la dignidad de las personas frente a quienes tienen capacidad de decidir sobre ellas. Y quizás ese sea uno de los mayores cambios de nuestro tiempo: entender que trabajar no debería significar soportar cualquier cosa.

El autor es politólogo.