Diputados vota la reforma del subsidio al gas por Zona Fría: qué cambia si se aprueba

Luego de aprobar la Ley de Hojarasca y lograr suspender la votación sobre la interpelación a Manuel Adorni, la Cámara de Diputados de la Nación discute el proyecto de medidas energéticas que, entre otros puntos, busca readecuar el régimen de subsidios al gas por zona fría.

El corazón de la reforma pasa por reducir el alcance geográfico del beneficio y volver a un esquema más acotado, limitado a hogares de la Patagonia, Malargüe y la Puna, áreas consideradas de frío extremo. Es decir, el texto pretende desarmar buena parte de la ampliación que fuera aprobada por el Congreso en 2021, con el objetivo de retirar la ayuda estatal que perciben usuarios de regiones que pagan menos por vivir en zonas incorporadas luego al régimen.

El debate de los legisladores comenzó a las 16:15 y se espera que se vote llegando a la medianoche de este miércoles. Más allá de la discusión técnica, los cambios a Zona Fría configuran una medida con impacto directo en el bolsillo y también en las cuentas del Estado. Según la explicación oficial, el subsidio sería retirado a unos 1.600.000 usuarios, mientras que otros 1.800.000 lo conservarían de estar inscriptos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Qué cambia en la práctica

La propuesta del Gobierno busca retrotraer el régimen a su lógica original. Hasta antes de la ampliación de 2021, el esquema estaba orientado a zonas de frío extremo y subsidiaba el 50% de la tarifa plena mediante un fondo fiduciario financiado con un recargo del 5,3% que pagan los usuarios de gas. Con la reforma impulsada hace cuatro años, ese recargo subió al 7,5%, pero el universo de beneficiarios creció tanto que, según el oficialismo, la recaudación dejó de alcanzar para cubrir la política en su totalidad.

En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo sostiene que aquella ampliación llevó el beneficio a regiones “con condiciones climáticas no equivalentes a las de la Patagonia, Malargüe y la Puna”, y que eso produjo “desequilibrios fiscales”. También afirma que se desnaturalizó el espíritu focalizado del régimen. La tesis del Gobierno es que así se subsidia hoy en exceso y mal.

En términos concretos, si la ley sale como fue enviada por el Ejecutivo, el beneficio geográfico dejaría afuera a usuarios residenciales del sur de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, además del norte de Buenos Aires y La Pampa en la zona central. También perderían el precio especial del gas buena parte de San Luis, Mendoza —menos Malargüe—, San Juan, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy, salvo las áreas cordilleranas y puneñas.

En el caso santafesino, el impacto es especialmente sensible porque la ampliación de 2021 partió a la provincia en dos: Rosario y otras localidades con red de gas quedaron dentro del beneficio, mientras el centro y parte del norte santafesino quedaron afuera. Con la reforma, toda la "bota" quedaría directamente fuera del nuevo esquema.

Cómo impactaría en las boletas

El cambio más concreto para el usuario está en la forma en que se calcularía el subsidio. Hasta ahora, el régimen vigente reduce la factura sobre un esquema más amplio. Con la modificación propuesta, el Estado dejaría de subsidiar la totalidad de la boleta —que incluye cargo fijo, transporte e impuestos— y pasaría a subsidiar solamente el metro cúbico consumido.

La secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, lo explicó la semana pasada en el plenario de comisiones de Presupuesto y Combustibles: “Si la razonabilidad del subsidio es porque una persona tiene que consumir mucho, lo que tenemos que subsidiar es lo que refleja el alto consumo, que es el metro cúbico”. Así, el descuento dejaría de aplicarse sobre componentes fijos de la factura y se concentraría en el consumo efectivo de gas natural.

Esto implicaría, para quienes salgan del régimen general de zona fría, un doble cambio: por un lado, la pérdida del subsidio ampliado; por el otro, que la boleta tendrá menos componentes alcanzados por la ayuda estatal. Para quienes permanezcan dentro por vulnerabilidad socioeconómica, el alivio seguiría siendo fuerte, pero bajo una lógica más focalizada.

El texto mantiene la política del régimen SEF: destinado a hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas por familia tipo —hoy, unos 4,3 millones de pesos—, hogares con al menos un integrante con Certificado Único por Discapacidad, titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares. Además, incorpora dentro del esquema la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas.

El argumento oficial

El Gobierno no plantea la medida centrada en régimen tarifario, sino como parte de una reforma más amplia sobre subsidios y gasto estatal. Los argumentos esgrimidos por la secretaria de Energía apuntaron a tres aspectos: “la reducción del déficit fiscal, la normalización financiera del sistema energético y ordenamiento de las cuentas públicas”.

Los fundamentos del texto lo explican en los siguientes términos: “La escasez de fondos y el déficit fiscal han derivado en la falta de pago a las distribuidoras y subdistribuidoras y la consecuente ruptura de la cadena de pagos del gas a productores, lo cual evidencia el alto costo fiscal y los errores de diseño y de estructura que se buscan modificar”.

Tettamanti lo sintetizó con una frase que buscó ordenar la filosofía oficial detrás del proyecto: “Lo que queremos es que la gente que puede pagar la energía, lo pague, y la gente que no puede pagar la energía, se la siga ayudando”.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, fue todavía más explícito en su exposición este miércoles durante una jornada energética en Río Negro, en la antesala del debate en el Congreso Calificó al régimen vigente como “una aberración” y sostuvo: “Hay definidas como zonas frías zonas que en verdad son templadas, y, donde el resto del sistema que no tiene zonas frías subsidia, independientemente del tipo de consumidor”. En la misma línea, defendió el criterio de regresar a “la zona fría original patagónica” y remató: “Esperamos que el Congreso lo entienda, va a ser un ahorro importante para el fisco”.

Según estimaciones del oficialismo, la reducción del régimen le permitiría al Estado un ahorro de entre 200 mil millones y 460 mil millones de pesos. Ahí se explica buena parte de la insistencia de la administración de Javier Milei, que ya había intentado avanzar con una poda similar en otras dos oportunidades y ahora vuelve a la carga dentro de un proyecto energético más amplio, con la mira puesta en el superávit fiscal.

Del otro lado, la oposición —en especial, legisladores representantes de provincias que quedarán fuera del nuevo régimen— llevarán el debate al terreno más sensible: cuánto puede aumentar una factura concreta y qué pasa con los hogares que necesitan consumir más gas por razones climáticas, aunque no entren en los parámetros que el Gobierno define como vulnerabilidad.

Deudas y beneficios

Otro de los capítulos salientes es la regularización de deudas acumuladas entre distribuidoras eléctricas y CAMMESA. El proyecto habilita mecanismos de compensación entre créditos tarifarios y deudas con el Mercado Eléctrico Mayorista, aunque condiciona esos beneficios a que las empresas desistan de reclamos judiciales contra el Estado. Además, establece el traslado automático de los costos de generación eléctrica y adquisición de gas a las tarifas finales.

El proyecto también prorroga hasta 2045 los beneficios tributarios para energías renovables establecidos en la Ley 27.191. En paralelo, elimina regímenes especiales de promoción hidrocarburífera y acceso diferencial a divisas creados durante gobiernos anteriores, aunque mantiene los derechos ya adquiridos por proyectos aprobados previamente.