Cristina, el Poder Judicial y la táctica de envenenar el pozo

En la retórica existe una falacia de argumentación llamada "envenenar el pozo". En esta figura de estilo se da al público información negativa de un "adversario", sea esta falsa o verdadera, con la intención de desacreditarlo. Consiste en no atacar los argumentos, sino establecer que la persona que los plantea no es idónea ni merece respeto.

La expresión se origina en una estrategia bélica que, con el objetivo de perjudicar al enemigo y privarlo de un insumo imprescindible, arruina o destruye aquello que no puede ser controlado o utilizado en propio beneficio.

Ambas acepciones (el recurso retórico y la metáfora bélica de la que abreva), sirven para explicar la relación del kirchnerismo gobernante, y de Cristina Fernández en particular, con el Poder Judicial de la Nación. No casualmente, el único de los tres en el que no ha logrado un puesto de preeminencia, que por ende escapa a su control y que, para colmo (y probablemente por lo mismo) se convirtió en una verdadera amenaza a su concepción del gobierno y de sus prerrogativas personales.

La cuestión constitucional

La historia institucional argentina está plagada de despropósitos en lo que al manejo del Poder Judicial se refiere. En buena medida, la cuestión se cifra en la relación del Alto Tribunal con el Poder Ejecutivo, sea constitucional o de facto. Lo cual se traduce en alineamientos y confrontaciones, y sucesivos rediseños (tanto en el número de integrantes como en sus nombres, con destituciones y nombramientos a gusto y presión del gobernante de turno).

Bajo el imperio de la pauta republicana de sostener la división de poderes y fortalecer la independencia del Poder Judicial, la convención 1994 estableció una serie de reformas sustanciales en la Constitución Nacional. Todas ellas a expensas del Poder Ejecutivo, y en orden a lograr un mayor equilibrio.

En tal sentido, la creación del Consejo de la Magistratura apuntó a reducir el margen de discrecionalidad presidencial, instaurando para todos los aspirantes a jueces un proceso de selección objetivo, apuntado a condiciones de idoneidad e independencia para el ejercicio de esos cargos. Y a que cuando los jueces deban ser sancionados o destituidos tengan un juicio justo, motivo por el cual se creó, también, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

A tal efecto también se estableció una composición "equilibrada" del organismo, con la representación de distintos estamentos y sin predominio del sector político. Ese equilibrio es el que fue roto por la ley 26.080 de 2007, que modificó la composición, la forma de designación de los consejeros y la manera en que toman sus decisiones. Todo en beneficio del estamento político en general y del oficialismo en particular, que pasó a tener número suficiente para ejercer "poder de veto" en todas las decisiones.

La cuestión legal

Todo esto cambió 14 años después, cuando en diciembre de 2021, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de aquella ley, redactada por Cristina Fernández de Kirchner durante su mandato como senadora, e hizo recuperar vigencia a la norma original, derogada por ésta. Esa decisión desató un proceso que, junto con el tramo final y definitorio del juicio a la propia Cristina en la causa Vialidad, atravesó de punta a punta el año y en torno al cual se organizó el desarrollo de la etapa más cruda del enfrentamiento del kirchnerismo con la Corte.

La sentencia de la Corte fue calificada por el oficialismo como un "golpe institucional", que permitió "revivir" una ley derogada, como ariete de una conspiración judicial para "reconquistar" la presidencia del Consejo de la Magistratura. En realidad, muchos países americanos y europeos otorgan ese mismo efecto a la declaración de inconstitucionalidad de leyes que derogan otras leyes, y así también ha sucedido en fallos anteriores de la Corte en el nuestro (tal como marcan Ricardo Ramírez Calvo y Manuel J. García-Mansilla, en "El asedio a la Corte Suprema", en la web de la Universidad de San Andrés). Pero todo vale, como el remanido (y falaz) latiguillo de que Rosatti y Rosenkrantz asumieron por decreto.

Tras amagar con desobedecer el fallo del tribunal, la vicepresidenta optó por acatarlo acudiendo a lo que después la misma Corte definió como "un ardid": dividió en dos el bloque oficialista del Senado, para que a una de las partes le correspondan los dos consejeros de la mayoría, y a la otra el de la segunda minoría. Y hacer así que, contrariando ostentosamente el mandato constitucional, un mismo partido cubra tres de los cuatro lugares reservados a las distintas fuerzas políticas del Senado.

El tironeo posterior dejó al Senado aún sin representantes en el Consejo, y dio pie a una maniobra de sentido contrario en Diputados, reversionando los argumentos del fallo de la Corte en un pretendido juego de espejos, pretendido retirar la lista de los nombres designados. El efecto de intentar encauzar el funcionamiento de las instituciones a los intereses y conveniencias de un sector (o persona) desató una crisis política que sepultó el diálogo con la oposición, bloqueó la elección de autoridades y paralizó el trabajo parlamentario. Invocando la responsabilidad institucional de asegurar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el Tribunal dispuso la jura de los diputados originalmente designados. Lo hizo, además, el mismo día en que confirmó la condena a prisión de la dirigente social Milagro Sala dispuesta por los tribunales jujeños, y en el que, por la noche, Rosatti reivindicó el fortalecimiento del Poder Judicial y de la Corte, y la circunstancia de que "los fallos no se negocian". Ni, por lo mismo, se someten a extorsiones.

La cuestión política

Esta ardua pulseada político judicial por el control del organismo encargado de la designación y destitución de los jueces fue la que con mayor intensidad y prolongación demostró el temperamento del kirchnerismo hacia el Poder Judicial: aceptar a regañadientes la formalidad de un ente que ponga límite a la discrecionalidad, pero hacer todo lo posible para controlarlo, convirtiéndolo en mera apariencia. Lo hizo con el Congreso, cuando los números le dieron para convertirlo en una escribanía, e intentó hacerlo con el Poder Judicial, con intentos de reforma, amagues de juicios políticos, fantasías de hiperbólica ampliación de la Corte, y hasta peligrosas (e inviables) iniciativas para remover jueces con pretextos tan enfáticos como insustanciales (el famoso "discurso de odio" que atribuyen a cualquier voz crítica); pasando por las bravuconadas del ministro de Justicia y la sistemática tarea de desautorizar y desacreditar a los jueces no alineados.

Hasta el enfoque de cuestiones inaceptables o de una gravedad institucional que debería estar por encima de cualquier especulación política, como el viaje de placer "patrocinado" de jueces federales al sur del país y el escándalo de los intentos por ocultarlo, o el atentado contra la vida de la ex presidenta, contaminó el abordaje de esos temas al exponerlos por las vías inadecuadas (una cadena nacional presidencial para dar cuenta de audios obtenidos de manera presuntamente ilegal), forzar extrapolaciones ceñidas a intereses particulares (usarlo como demostración del presunto "lawfare" o forzar conexiones partidarias al accionar delictivo de marginales), o utilizarlos desvergonzadamente como cortinas de humo para ocultar o disimular la enormidad de las transgresiones propias.

En síntesis, el ya inalcanzable pero nunca resignado objetivo de "ir por todo", sin medir costos para el país o la sustentación de los pilares básicos del funcionamiento de la democracia. O también, la consigna de que agua que no has de beber... envenenar el pozo.

La premisa de sometimiento o guerra se intentó aplicar con el Poder Judicial mediante pomposos intentos de reforma, amagues de juicios políticos, fantasías de hiperbólica ampliación de la Corte, y hasta peligrosas (e inviables) iniciativas para remover jueces con pretextos insustanciales (el famoso "discurso de odio" que atribuyen a cualquier voz crítica); pasando por las bravuconadas del ministro de Justicia y la sistemática tarea de desautorizar y desacreditar a los jueces no alineados.

El fallo CABA

En un año cargado de enfrentamientos y fallos con impacto político, la tensión institucional llegó al extremo luego de que el presidente Alberto Fernández, acompañado por 14 gobernadores oficialistas, consideró "de imposible cumplimiento" la cautelar de la Corte que ordenó dejar de descontar a la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje dispuesto por el Presidente en noviembre de 2020.

Esa declaración, cuajada de consideraciones políticas, apuntó también a plantear un recurso de revocatoria "in extremis" (para que la Corte, que no tiene instancia de apelación, anule su propio fallo) y la recusación de los miembros del Tribunal.

Las formalidades indican el intento de buscar que el fallo no se aplique mediante vías más bien extravagantes, pero judiciales. La cuestión es si, aparte de eso, el Presidente opta lisa y llanamente por desobedecer a la Corte, una circunstancia inédita en la historia institucional del país y con una gravedad y consecuencias que superan con mucho las del enfrentamiento político que la sustenta.