El Senado le quitó los fueros a Armando Traferri, tras su pedido de ir a juicio

Casi tres años después, el Senado de Santa Fe dio vuelta su resolución sobre los fueros del senador Armando Traferri. Sobre tablas, sin discursos y con un texto que fue distribuido a la prensa, los miembros de todas las bancadas aceptaron el pedido del representante por el departamento San Lorenzo, recientemente reelecto, y ahora será sometido a proceso en la justicia, acusado de mantener vínculos con un empresario del juego ilegal.

El texto lleva las firmas de todos los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General y -como aquella resolución en contrario de diciembre de 2020- se trata de una decisión política.

Entre aquellos argumentos contra el legislador y la actual crisis de la Fiscalía Regional de Rosario del Ministerio Público de la Acusación, hay pruebas que Traferri ha podido reunir -bajo el privilegio constitucional de no haber podido ser imputado- en estos años. Y que, según ha sostenido en numerosas oportunidades desde su banca el sanlorencino, pueden mostrar además de su inocencia (por la inconsistencia de las pruebas en su contra) la existencia de un esquema persecutorio, que también incluyó a periodistas, editores de medios, empresarios y dirigentes políticos (entre ellos el gobernador electo, Maximiliano Pullaro e incluso del propio oficialismo que ocuparon lugares en la función pública).

Por si fuera poco la causa de abusos de autoridad del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain (por la existencia de carpetas sobre esas figuras públicas), en el último mes se sumó la acusación que pesa sobre uno de los fiscales que lo acusaron: Matías Edery.

En definitiva la resolución indica que el se autoriza al senador "a ser sometido únicamente al proceso penal dentro de la Carpeta Judicial CUIJ 21-08438216-4 y por los hechos descriptos en la Nota Oficial 42524NO, continuando vigentes las demás inmunidades -de opinión y de arresto-, debiendo el citado continuar ejerciendo el cargo para el cual fue electo (Artículo 51 de la Constitución Provincial)".

La minuta fue votada junto a otras resoluciones que solo el secretario legislativo leyó por su número, con lo que los cronistas parlamentarios debieron luego reconstruir el momento en que había sido tomada la decisión del desafuero. Traferri pidió la autorización para enfrentar el caso en su contra el pasado 21 de septiembre, y casi un mes después se votó sin disidencias. Cabe destacar que Traferri no asistió a la sesión de este jueves 19 de octubre ya que se encuentra fuera del país, por motivos familiares.

Argumentos

En la sesión en la que anunció su pedido de desafuero, ahora concretado, dijo que "hace casi tres años que sufro una persecución política-judicial, en el marco de lo que fue y es uno de los sucesos más vergonzantes de nuestra historia provincial: funcionarios de los más altos rangos del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público de la Acusación montaron un aparato de inteligencia ilegal para disciplinar a quienes no hacían lo que ellos querían o dictaminaban. Y en mi caso particular, para desprestigiarme a través de operaciones en medios de comunicación. Me dedicaron muchísimos artículos periodísticos, horas de radio y televisión. Pero no les sirvió de nada. La opinión pública le ganó a la opinión publicada", afirmó en un discurso que leyó en el recinto sin salirse de lo escrito.

Recordó que en los últimos años presentó "pruebas de las numerosas irregularidades cometidas por los fiscales en el marco de ese proceso" que en idéntico número el propio Traferri hizo saber a la opinión pública.

"En un primer momento, me puse a disposición de los fiscales para aclarar lo que entendía que podía ser algún malentendido o error. Pero fueron ellos quienes no quisieron tomarme testimonio. Con el correr de los días fui notando que había algo más detrás de la acusación. Pero no lograba realmente entender hasta dónde llegaba la trama", describió.

Más adelante, aseguró: "Con el estallido en la provincia de lo que se conoce como causa de Espionaje Ilegal pude finalmente empezar a atar cabos y comprender de manera cabal la estructura y las motivaciones detrás de las imputaciones en mi contra. De hecho, el fiscal que lleva causa del Espionaje confirmó mi condición de víctima, por lo que pude acceder a la gran cantidad de evidencia que demuestra el sistema de inteligencia ilegal montado en nuestra provincia, algo inédito en democracia y que debería llamarnos a todos a una profunda reflexión respecto del futuro institucional de Santa Fe".

Los comicios

"Ya con toda esa información sentía que estaba preparado para contar mi verdad. Pero se acercaba en nuestra provincia de Santa Fe un proceso eleccionario. Siempre he sido muy respetuoso de la vida democrática, por lo que tomé la decisión de no adoptar ninguna medida que pudiera interferir con ella", indicó para justificar su demora en afrontar el proceso.

Adelantó que buscará "poner en evidencia a aquellos que deberían habernos estado cuidando y, en cambio, estaban destinando su tiempo, recursos humanos y hasta dinero de los fondos reservados del Ministerio de Seguridad para espiar a dirigentes políticos, a armar causas y carpetazos para disciplinar".

"De la evidencia recogida, surge que en la provincia de Santa Fe se montó un aparato de espionaje ilegal, una asociación ilícita con roles bien definidos que involucró a funcionarios del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público de la Acusación. Este verdadero grupo de tareas me tenía entre sus objetivos. Pero también a otros dirigentes. Incluso el hoy gobernador electo de la provincia, Maximiliano Pullaro, era uno de los blancos de esta asociación, según se desprende de las pruebas", advirtió.

"La organización para espiar ilegalmente a objetivos establecidos y armarles causas llegó a tal nivel que el entonces ministro de Seguridad designó a una persona de su confianza para que trabajase dentro del MPA analizando la información recogida y reportando directamente a él. Esto debería ser realmente un escándalo. Había comunicación fluida con fiscales que reportaban directamente al entonces ministro y a su equipo de trabajo, según surge de los peritajes a sus dispositivos electrónicos", abundó. Y enumeró: "Accedieron ilegalmente al registro de las llamadas entrantes y salientes de mis teléfonos, a la geolocalización de mis dispositivos móviles, violaron mi secreto bancario, les armaron causas a personas de mi entorno para escuchar las conversaciones conmigo, entrevistaron a supuestos testigos reservados en el domicilio personal del entonces ministro de Seguridad ¿Y qué encontraron? Nada que me incriminase. Porque tal cosa no existe", destacó.

En ese momento dijo que tomaba la decisión de renunciar a los privilegios de las inmunidades parlamentarias por su familia y por su buen nombre, por quienes lo reeligieron y porque en San Lorenzo para su cargo "la opinión pública le ganó a la opinión publicada".

"Estoy convencido -cerró- de que ha llegado la hora de demostrar en la Justicia que las acusaciones en mi contra han sido parte de un armado para desprestigiarme y perjudicarme. Es mi convicción ir hasta las últimas consecuencias para demostrar mi inocencia y también para desenmascarar este aparato de espionaje ilegal y armado de causas. Porque nuestra provincia merece que eso nunca más vuelva a ocurrir".