Admitió que "pudo suceder" que candidatos del peronismo hayan repartido mercaderías compradas por la Provincia. Destacó que la ayuda social alimentaria aumentó 250% respecto de la gestión anterior y que un 2% del reparto (en forma de bolsas con comida) está en manos de instituciones y sus "voluntarios".

Denunció a María Isabel Más Varela por "avalar las ilegalidades de los fiscales" en la causa Ponce Asahad

Lo hizo al dictaminar en el recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa contra el fallo judicial que lo ordenó. Jorge Barraguirre sostuvo la preeminencia de la normativa nacional y añadió que hay elementos que justifican la investigación.

Deberán dar cuenta de la distribución de recursos del Estado.

El radical es uno de los cuatro senadores que el empresario de las apuestas ilegales, preso y en busca de ser considerado arrepentido, dice haberlos coimeado con 250 mil dólares. Reclama que los fiscales examinen "si ha mentido como colaborador" y que se le aplique la ley.

El exfiscal fue imputado el 4 de agosto de 2020 junto a su superior, el entonces Fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, por recibir pagos mensuales de entre 4 y 5 mil dólares por parte de Leonardo Peiti, un capitalista de juego clandestino en la provincia.

Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra lo acusaron de realizar gestionar para que la Lotería de la Provincia le otorgue la explotación de máquinas para apuestas on line a Leonardo Peiti. Continuará el proceso en libertad.

El procedimiento se realizó en una vivienda de calle Pasaje Lassaga al 3500, de donde se secuestraron “dispositivos de almacenamiento electrónico y el celular del detenido”. Su nombre aparece mencionado en una llamada con el capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti. El exlegislador será imputado este viernes en Rosario.

El senador justicialista por 9 de Julio, Joaquín Gramajo, mostró su convencimiento respecto de la decisión que sobre la vigencia de las inmunidades parlamentarias deberá resolver el máximo tribunal, tras la declaración de inconstitucionalidad por un juez de Cámara del fuero laboral de Rosario.

Más elementos contra el director del Organismo de Investigaciones, producto de sus expresiones públicas sobre los senadores que "parecen secuaces de Armando Traferri". 

La declaración de inconstitucionalidad del artículo 51 de la Constitución de Santa Fe, por parte de un juez de Cámara del fuero laboral de Rosario, será finalmente resuelta por el máximo tribunal de la provincia.  

El pre candidato a diputado nacional por la lista que apadrina e integra el gobernador Omar Perotti, dijo que no responderán agresiones de sus adversarios internos, esencialmente de Agustín Rossi. "Pretendemos consolidar la gestión provincial", dijo. Volvió a contraponer la propuesta de su sector con la de "la vieja política".

El director del Organismo de Investigaciones brindó sus opiniones sobre la última sesión de la Cámara de Senadores santafesina y la inseguridad en Santa Fe.

Debía presentarse este lunes a las 14 a una imputativa, Los fiscales pidieron que se lo declare en rebeldía sin orden de detención pero la jueza rechazó la solicitud y resolvió reprogramar la audiencia para más adelante.

La defensa del legislador aguardaba un pronunciamiento del camarista José Luis Mascali. El magistrado debe responder si habilita al dirigente sanlorencino la apelación ante la Corte, para objetar su sentencia en la que cuestiona que la inmunidad que le otorgan los fueros sea absoluta.

La Cámara alta rechaza los fundamentos del fallo de un camarista laboral que declaró inconstitucional un artículo de la Constitución de Santa Fe y con ello habilitó a que el senador sea citado a una audiencia imputativa. El discurso del jefe del bloque Juan Domingo Perón y el texto votado por 12 senadores adelanta su estrategia para la semana próxima.

El senador acusó a la Casa Gris de “pagar” los gastos de la campaña de candidato a senador nacional del ex concejal de la ciudad de Rosario, y ex candidato a vicegobernador Jorge Boasso.

El número dos del Órgano de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Víctor Moloeznik, brindó un pormenorizado informe sobre cómo descubrió que una funcionaria de esa oficina pasaba información judicial confidencial e incluso grabaciones de escuchas telefónicas de juicios en curso al entonces ministro de Seguridad, Marcelo Sain, que nunca dejó de ser el director del OI. Las curiosas visitas de funcionarios de ese ministerio al MPA y otros datos están ahora en manos de diputados y senadores.

El senador por San Javier propone que en el domicilio de los soldados y todos los movilizados al teatro de operaciones en 1982, el Estado provincial ponga una placa con el nombre de cada participante en la guerra. Quiere que se recuerde a quienes perdieron la vida donde reposan sus restos y se destaque a los sobrevivientes.