La filtración del decreto Nro. 2176 del Poder Ejecutivo dando por cerrada la paritaria docente y ordenando el pago del aumento salarial a todos los docentes colisionó de plano con el discurso que hasta aquí venía sosteniendo el propio gobierno. Ésa es, sin dudas, la herramienta jurídica que se necesita para poder liquidar los salarios con el correspondiente marco de legalidad. Pero en esos términos, contradecía lo que los propios funcionarios venían pregonando. Es que tanto desde el Ministerio de Trabajo como de Educación se aseguraba que el incremento del 17% escalonado ofrecido para el último trimestre del año sólo sería liquidado a los gremios que hubiesen aceptado la oferta.




































