La Legislatura ante una decisión sobre el MPA de Rosario

Al cabo de cuatro horas de reunión, la fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren admitió ante los periodistas que existe "una crisis" en esa oficina del Ministerio Público de la Acusación a su cargo. Sin embargo, negó que existan "dos bandos" entre sus subordinados. Caracterizó lo que sucede como la acción de "dos fiscales contra un fiscal", en la que "lógicamente cada uno de los fiscales tiene su posición al respecto". Además, rechazó que no tenga bajo su control la labor de los integrantes de la fiscalía regional, en el marco de los cuestionamientos públicos entre fiscales.

Iribarren no rechazó responder ninguna de las preguntas de la prensa y subrayó que su labor está en plenitud. La que dividió en dos momentos. Su trabajo como fiscal regional interina (cuando debió asumir ante la salida escandalosa de Patricio Serjal por la causa de las coimas a un empresario del juego ilegal, Leonardo Peiti en 2020) y su desempeño posterior, a partir de abril de este año, luego de que la Asamblea Legislativa convalidara por unanimidad su pliego.

En parte del contacto con la prensa, dijo que son "múltiples circunstancias y factores" los que desencadenaron la crisis, y aseguró que tiene la trayectoria, experiencia y formación necesarias para superarla.

Iribarren expuso su visión sobre uno de los problemas que ha identificado en las disputas internas, que hoy han generado nada menos que 15 legajos disciplinarios en la Auditoria de Gestión del MPA por "denuncias cruzadas", según expuso su titular Leandro Mai. La fiscal regional dijo que pueden ser "los egos personales" uno de los motores de las acusaciones penales y algo similar sostuvo puertas adentro de Acuerdos, en la reunión con los legisladores.

A su turno, la presidenta de la Comisión, Lionella Cattalini advirtió que "de ninguna manera" puede justificarse lo que sucede a un problema de vanidades personales.

De todos modos, ambas coincidieron en que las personas no pueden estar por delante de la institución del MPA. La fiscal aseguró que el trabajo "coordinado" se cumple. Ese parece ser el punto que los legisladores están evaluando y mañana sumarán a sus impresiones las de la fiscal general María Cecilia Vranicich.

Derivaciones rafaelinas

Por otra parte, Iribarren atribuyó sencillamente a "un error" de técnica en el manejo de los expedientes el que se haya, de hecho, desechado una línea de investigación sobre hipotéticas vinculaciones del juego clandestino con altos dirigentes políticos, con la ciudad de Rafaela como escenario principal, en una declaración (la de Peiti) que sí se siguió para investigar otros eventuales vínculos con dirigentes políticos de otras ciudades.

Sobre la cuestión anterior hubo numerosas preguntas en Acuerdos y tal vez fue el tema que provocó el momento más álgido, de la extensa mañana. Iribarren salió desesperada por poder fumar un cigarrillo, eran casi las 14 horas y había llegado a las 10, tras hablar con los legisladores en la presidencia del Senado.

Tampoco hubo una misma explicación para la cuestión de cómo se trabajaba con los informantes ni respecto del sobre cerrado que, según Iribarren y el fiscal de Rosario Matías Edery, se encuentra en manos de la fiscal regional, en una suerte de registro de registro de informantes propio "que no recibían un pago por colaborar", destacó la fiscal regional. Y por eso no necesitó el encuadramiento previsto por la legislación nacional.

Como se sabe, hoy el uso de esa herramienta (la del "soplón") para las investigaciones fue suspendido por la fiscal general María Cecilia Vranicich, que este jueves 12, a las 10, visitará a los legisladores.

Detalles

La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa sesionó en la presidencia del Senado con nueve legisladores presentes y otros tres que siguieron lo tratado de manera virtual: los justicialistas Rubén Pirola y Leandro Busatto y el radical de Juntos por el Cambio Julián Galdeano, más cercano al esquema de Carolina Losada en las Paso dentro del oficialismo.

Ordenó el debate la presidenta de la comisión, la diputada socialista Linoella Cattalini, que luego se prestó a dialogar con los cronistas parlamentarios.

También estuvieron el senador justicialista reelecto por Unite, Joaquín Gramajo (9 de julio) y su par del oficialismo saliente, Alcides Calvo (PJ-Lealtad-Castellanos) que también cuenta con el respaldo de un nuevo mandato.

Asistieron los diputados Nicolás Mayoraz, que llegó a la Cámara junto a Amalia Granata, luego formó su propio bloque (y ahora fue el más votado en las Paso para la Cámara baja del Congreso de la Nación); el demoprogresista que forma filas en el próximo oficialismo Gabriél Real y no cuenta con un nuevo período; y el radical reelecto de Evolución (el sector del gobernador electo Maximiliano Pullaro) Fabián Bastia, así como Juan Cruz Cándido de idéntico perfil político en la UCR.

Sin voz ni voto, pero para tener una versión directa de lo tratado asistieron dos diputados que no pertenecen a la comisión y suelen no perderse los debates relevantes: Carlos del Frade (del Frente Amplio por la Soberanía) y Agustina Donnet, de Igualdad y Participación.

La comisión tiene la posibilidad de recomendar, mediante dictámenes, a la sesión conjunta de ambas Cámaras, eventuales sanciones -y hasta la expulsión del fuero penal- a todos los fiscales y defensores. El derecho de remover y cuestionar al fiscal general y a cada uno de los fiscales regionales es anterior a la norma que impuso ese control directo del Legislativo sobre los dos órganos del fuero penal.

Este miércoles tuvo lugar la segunda reunión de la comisión bicameral más poderosa, a partir de la crisis en el MPA de Rosario. El pasado 4 del corriente escuchó el informe del auditor Leandro Mai que se inhibió se seguir adelante con los legajos disciplinarios contra el fiscal Matías Edery, acusado por los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno, así como de "un particular" que se sintió bajo amenazas por los mensajes que recibió del mencionado integrante del MPA. Todo indica que la principal preocupación es si tal como el escenario se presenta puede o no superarse la situación de crisis en el punto más caliente del mapa del delito en la provincia: Rosario.

Experto en egos

Varios legisladores comentaron que una de las líneas de trabajo que se planteó desde la fiscalía regional de Rosario fue la de incorporar un experto en problemas psicológicos para las políticas de personal de esa oficina del MPA.

El dato de incorporar un psicólogo para intentar superar las tensiones internas entre los fiscales fue parte de un esquema de trabajo planteado en febrero de este año por la titular de la Ficalía Regional N°2, María Eugenia Iribarren. El tema fue parte de lo conversado en Acuerdos donde no cayó bien su explicación de que existe un problema "de egos" o de choques de personalidades entre sus subordinados.