Para llegar al recinto, el oficialismo introdujo cambios en el proyecto del Súper RIGI

El oficialismo abrochó este miércoles el dictamen del Súper RIGI. Con 61 firmas en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza logró dejar en condiciones de ser tratado en el recinto el proyecto. La intención del bloque libertario es llevarlo a una sesión especial el 24 de junio, junto con el expediente sobre el pago a los holdouts que también obtuvo despacho.

La iniciativa obtuvo respaldo también de bloques aliados y dialoguistas: Fuerza del Cambio —con diputados del PRO, la UCR, el MID y Por Santa Cruz—, Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo. Ese acompañamiento se dio luego de la introducción de cambios en el texto que, de todas formas, mantiene la esencia original: un régimen de excepción de largo plazo para atraer inversiones de escala en actividades cuya delimitación final quedará atada a la reglamentación, con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios más profundos que los del vigente RIGI.

Cambios para blindar el proyecto

La primera defensa del despacho vino desde el PRO. Daiana Fernández Molero dijo que se trata de “una muy buena ley, especialmente en el contexto de la Argentina” y definió al régimen como una forma de “adelantar esa normalidad” que, de otro modo, tardaría en llegar. Pero al mismo tiempo dejó claro que su bloque había pedido correcciones para “blindar la ley ante posibles críticas”. Entre ellas mencionó la incorporación de criterios para acreditar qué se entenderá por nuevas actividades. “Cuanta más luz le podamos aportar, mejor”, sostuvo, con una metáfora que repitió dos veces: “el proteccionismo históricamente ha sido como Drácula, sobrevivía en la oscuridad”.

Esos cambios quedaron reflejados en el dictamen. El texto incorpora que las nuevas actividades deberán ser desarrollos industriales, tecnológicos o de servicios vinculados a infraestructura tecnológica o digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva y sin desarrollo a escala comercial en el país. También excluye ampliaciones o reutilización de instalaciones preexistentes y remite a la reglamentación la acreditación con “criterios objetivos y parámetros mensurables” que deberán ser evaluados por la autoridad de aplicación y publicados en un Registro Público de Proyectos.

Otro de los cambios fue la obligación de presentar un plan de desarrollo de proveedores locales, con un compromiso no menor al 20% del total de adquisiciones de bienes y servicios durante la ejecución del proyecto, siempre que exista oferta nacional “en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”. Sobre este punto se expresó Eduardo Falcone, del MID. Recordó que había pedido una cláusula de proveedores locales y otra vinculada a investigación y desarrollo. “Han recogido básicamente los dos pedidos”, señaló. Sobre el segundo, remarcó que las inversiones en I+D se computarán al doble de su valor al momento de calcular el monto mínimo exigido, aunque con tope del 20%.

El despacho también agregó exigencias ambientales y de infraestructura. El plan de inversión deberá incluir un informe técnico que pruebe que el proyecto no compromete la sustentabilidad de los recursos naturales ni la capacidad de la infraestructura de la zona de influencia. Además, se suma como causal de rechazo la existencia comprobada de un impacto negativo sustancial sobre recursos naturales, infraestructura o sustentabilidad ambiental y social.

“Traje a medida”

La discusión, sin embargo, estuvo lejos de agotarse en el acuerdo. Los legisladores de Unión por la Patria y de la izquierda pusieron el foco en la discrecionalidad del régimen, su costo fiscal, la afectación de potestades provinciales y municipales y la ausencia de contraprestaciones en empleo, transferencia tecnológica o encadenamientos productivos.

Mario Manrique fue uno de los primeros en marcar el tono. Dijo que el texto “más que un proyecto de ley parece un contrato de locación o un contrato entre particulares” y denunció que no fija “beneficios para la nación, en desarrollo, en empleo, en reinversiones”. Para el diputado y sindicalista de Smata, el proyecto “beneficia a las grandes corporaciones”, “pone fuera de competencia a nuestra industria nacional” y “choca contra la Constitución Nacional en no menos de 10 artículos”.

Luego, el jefe de bloque de UxP, Germán Martínez, remarcó que, según datos expuestos días atrás en la Comisión de Industria, se perdieron 75 mil empleos industriales y que cerraron 26.448 empresas desde noviembre de 2023. Y sobre esa base argumentó: “El verdadero debate no es inversiones sí o inversiones no”, sino “qué inversiones queremos traer, bajo qué condiciones queremos que vengan y hacia qué modelo económico queremos apuntar”.

Agustín Rossi fue más directo al asociar el proyecto con empresas de IA. Recordó que, cuando el secretario Daniel González fue a la reunión previa, dijo no saber qué firmas podrían encuadrar. Pero al día siguiente, según Rossi, el propio presidente publicó una nota en el Financial Times invitando a radicar en la Argentina proyectos de este tipo. “Esta ley está hecha en beneficio de los amigos de Milei. Es un traje a medida para empresas de inteligencia artificial”, lanzó y vinculó esa lectura con el consumo energético y de agua, la baja de aportes patronales y la ausencia de precisiones sobre quién financiará las obras de infraestructura necesarias. “Eso tiene impacto previsional y fiscal”, advirtió.

En la misma línea, Adriana Serquis cuestionó que la Comisión de Ciencia y Tecnología haya sido convocada a debatir un proyecto donde “las palabras ciencia, científicos, científicas no aparecen” y donde “innovación” sólo aparece una vez, en la fundamentación. “Estamos dando un cheque en blanco”, resumió, al advertir que no hay exigencias de vinculación con universidades, desarrollo local o transferencia efectiva de tecnología.

Nicolás del Caño y Néstor Pitrola, del FIT-U, rechazaron el régimen por considerarlo un esquema de privilegio para grandes capitales. Del Caño habló de “un régimen exclusivo” para grandes empresarios tecnológicos y cuestionó la baja de Ganancias del 35% al 15%, la estabilidad por 30 años, la exención de derechos de importación y la libre disponibilidad de divisas. Pitrola lo definió como una “ley de entrega nacional” y advirtió que los dólares de las inversiones podrían no pasar por el Banco Central a partir del tercer año.

Julia Strada cerró por UxP con una crítica fiscal e industrial. “Tiene que haber un compromiso del otro lado en términos de generación de puestos de trabajo”, dijo. También reclamó proveedores locales, liquidación de dólares, responsabilidad ambiental y transferencia tecnológica. “Ni siquiera sigue ni el RIGI ni el Súper RIGI los principales estándares internacionales en materia de política industrial”, sostuvo.