Hidrovía: el gobierno cedió algunas concesiones y por ahora mantiene a todos bajo una tensa calma

Juan Chiummiento


Haciendo gala del sello que le permitió al peronismo regresar a la Casa Rosada, la hidrovía tendrá finalmente lugar para todos. Luego de discusiones que incluyeron pedidos de informes desde el propio oficialismo y fuego amigo vía medios de comunicación, el Ministerio de Transporte se apresta a lanzar los pliegos para renovar la concesión iniciada en los ´90, descartando la idea de una empresa estatal -fogoneada por el kirchnerismo y resistida por los privados- pero ampliando los mecanismos de control. La salomónica decisión incluye también dividir la licitación en dos (lo que permitiría correr al empresario Gabriel Romero) y avanzar, por un carril separado, con las obras del Canal Magdalena.

Lograr ese complejo esquema no resuelve igualmente todas las discusiones, claro está. Al momento de redactar este artículo, los empleados de Hidrovía SA -que conforman en partes iguales la belga Jan de Nul y Emepa, propiedad de Romero- realizaban un paro de 24 horas exigiendo “garantía a los trabajadores de la actividad”, según difundió en un comunicado el Sindicato de Dragado y Balizamiento, que conduce Juan Carlos Schmid. No importó que el lunes pasado, en Rosario, el ministro de Transporte Mario Meoni asegurara que “no es parte del espíritu del gobierno que corra riesgo la exportación argentina ni que se detenga ni un solo día el funcionamiento de la Hidrovía".

Tiempo de descuento

La concesión cae el próximo 30 de abril y hasta aquí ningún funcionario dio precisiones sobre lo que pasará el día después. En la primera reunión del Consejo Federal de Hidrovía -el espacio de coordinación política y estratégica que creó el presidente Alberto Fernández- solo se deslizó que “se buscará otra forma” de continuar con las tareas de mantenimiento de la principal puerta de entrada y salida del comercio exterior argentino.

Se trata de una infraestructura central en la economía doméstica, por donde circulan 4.000 buques, que mueven cada año 70.000 millones de dólares, por lo cual se entiende la particular atención que genera en sectores tan diversos como gobernadores, trabajadores, cerealeras, puertos y empresas de todo el mundo.

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Idas y vueltas

Fiel a su estilo, Fernández fue y vino varias veces sobre qué haría el gobierno con la hidrovía. En la asunción de Omar Perotti informó que la administración de la misma sería "de las provincias", una visión que se profundizó en agosto pasado, cuando en un acto en Puerto General San Martín firmó un acta acuerdo para crear una sociedad estatal ad hoc. Sin embargo, el 27 de noviembre se publicó un decreto que borró de un plumazo todo lo anunciado: desapareció la empresa pública y se dispuso que el sistema seguía igual (una concesión donde son los privados quienes se auto administran), con Transporte armando una unidad que dirija la licitación.

El tema se volvió a agitar en enero, primero por un pedido de informes del senador Jorge Taiana y luego a través de intervenciones en medios de otros actores cercanos al Instituto Patria. Apelando a la defensa de la soberanía nacional, exigieron que el gobierno rompa con la tradición instalada durante el menemismo y le asigne al Estado un rol más importante.

Por detrás, dos lecturas: el enojo de la actual vicepresidenta con Gabriel Romero -quien en el marco de la “causa de los cuadernos” confesó haberle pagado una coima para lograr la extensión de su contrato en 2010- y el pedido para priorizar el dragado del Canal Magdalena en la provincia de Buenos Aires, lo que favorecería a los puertos bonaerenses en detrimento de los actuales usuarios de la hidrovía (porque podría significar un sobrecosto en la tarifa).

El lobby del principal distrito subnacional tuvo su recompensa a principios de febrero, cuando Meoni anunció la creación de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Canal Magdalena, “con el objetivo de asistir y asesorar en el llamado, adjudicación y firma de contrato de la licitación para la ejecución de las tareas de dragado de apertura, señalización y mantenimiento del sistema de esa vía navegable”.
Las obras demandarán unos 2.500 millones de pesos, que saldrán de una caja distinta a la de la hidrovía, por lo que ayudó a aquietar las aguas en todos los frentes.

Encuentro en Santa Fe

Con ese escenario se llegó el lunes pasado a la primera reunión del Consejo Federal de Hidrovía, celebrada en Rosario. De la misma participaron Meoni, el ministro de Defensa Agustín Rossi y los gobernadores Perotti, Capitanich (Chaco), Bordet (Entre Ríos), Herrera Ahuad (Misiones) y Kiciloff (Buenos Aires). Entre los discursos, el más encendido fue el del ex ministro de Economía, quien dijo que el tema no es “empresarial ni exclusivamente económico, es una cuestión fundamental de soberanía nacional”, al tiempo que pidió pasar a “un nuevo capítulo después de un cuarto de siglo”.
El titular de Transporte se encargó de resaltar que el oficialismo ya tiene un proyecto escrito del modelo de órgano de control, “saldando una deuda histórica, y la pondremos en marcha inmediatamente y también estará conformado por las Provincias”.

Recién al final del encuentro llegaron algunas precisiones sobre qué hará la Casa Rosada en las próximas semanas. Pablo Barbieri, a cargo de la Unidad Especial Ejecutora Temporaria de la Hidrovía informó que Transporte se tomará hasta fines de abril para presentar los nuevos pliegos y que habrá luego 180 días hábiles para cumplir con las distintas etapas que componen la licitación. Con los tiempos justos, se podría llegar a final de año con el ganador de la compulsa, que será dividida en dos: por un lado el dragado -hoy a cargo de la belga Jan de Nul- y por otro el balizamiento y señalización -hoy en manos de Emepa-. Se busca así mayor cantidad de oferentes y fomentar la presentación de empresas nacionales.

La gran pregunta, todavía sin respuesta, es quién quedará a cargo de la concesión a partir del 30 de abril. Amén de las promesas oficiales, la falta de precisiones ya generó un paro en la empresa concesionaria. A regañadientes, fuentes oficiales indicaron que “se buscará otra forma” de asegurar el mantenimiento de la vía navegable, que no implique seguir entregando el negocio a Romero. Trascendidos mencionan que la Administración General de Puertos podría reemplazar el rol que hoy tiene Emepa, aunque todo puede cambiar sobre la marcha.