Caso Benegas: Asamblea Legislativa tratará el pedido de suspensión preventiva

La Legislatura de Santa Fe se reunirá este jueves 12 de marzo para definir la situación del fiscal adjunto Leandro Benegas, de la Cuarta Circunscripción Judicial (Vera), imputado por la justicia provincial por abuso sexual con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores en perjuicio de una menor.

Ambas cámaras debatirán el dictamen de la Comisión de Acuerdos, que propone su suspensión preventiva.

Según publicó en su edición digital del lunes este medio -nota firmada por el periodista Luis Rodrigo-, una sesión conjunta de ambas cámaras legislativas definirá el próximo jueves 12 de marzo, a las 13 horas, si se aprueba o rechaza una medida disciplinaria contra el fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación de la 4ta Circunscripción Judicial, Leandro Darío Benegas.

La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, integrada por ocho diputados y cuatro senadores provinciales, elevó a ambos cuerpos legislativos una propuesta de «suspensión preventiva» para Benegas.

El funcionario judicial ha sido imputado por la justicia como «autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores, agravada por intimidación o coerción, en perjuicio de una menor de edad».

El procedimiento legislativo exige que cada cámara sesione con su propio quórum para votar por separado los dictámenes de la Comisión de Acuerdos. No obstante, en el caso de Benegas, se prevé un pronunciamiento unificado de la bicameral, que recomienda la medida disciplinaria sin reducción de su sueldo.

Prudencia

Consultado sobre la inminente sesión de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe convocada para tratar su posible suspensión preventiva, el fiscal adjunto Leandro Darío Benegas se refirió a la situación y pidió «prudencia institucional».

Benegas sostuvo que avanzar con una medida disciplinaria en este momento podría tener «consecuencias institucionales serias«, teniendo en cuenta recientes decisiones judiciales en la causa.

“Resulta imprescindible advertir sobre la gravedad institucional que implicaría adoptar una medida disciplinaria en el actual estado del proceso judicial”, manifestó.

En ese sentido, recordó que la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera resolvió apartar a la jueza que intervenía en la causa, al considerar que existían cuestionamientos vinculados a la imparcialidad y al debido proceso.

“La reciente decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera de apartar a la jueza que intervenía en la causa por falta de imparcialidad y afectación del debido proceso constituye un elemento central que no puede ser ignorado por el ámbito legislativo”, expresó.

Según indicó, ese pronunciamiento judicial revela que el trámite del proceso presenta irregularidades que afectan las garantías fundamentales. “Dicho pronunciamiento evidencia que el trámite judicial ha estado atravesado por irregularidades que comprometen las garantías fundamentales del proceso”, afirmó.

"Medida anticipada"

El fiscal consideró que, en ese contexto, una eventual suspensión preventiva podría interpretarse como una «sanción anticipada«.

“Avanzar con una suspensión preventiva podría configurarse como una medida anticipada, desproporcionada e injusta, ya que se estaría aplicando una sanción institucional mientras la propia justicia reconoce que el procedimiento judicial presenta vicios que afectan su validez”, señaló.

Asimismo, sostuvo que cuando un tribunal de alzada determina la falta de imparcialidad de una magistrada, corresponde revisar el proceso antes de adoptar medidas que puedan afectar la trayectoria profesional de un funcionario.

“Cuando un tribunal de alzada determina que una magistrada actuó sin la debida imparcialidad, el proceso debe ser revisado y encauzado correctamente antes de que se adopten decisiones que puedan dañar irreversiblemente la honra, la trayectoria profesional y los derechos de un funcionario”, indicó.

Por último, Benegas pidió que la Asamblea Legislativa tenga en cuenta este nuevo escenario judicial al momento de tomar una decisión.

“La prudencia institucional exige que se respete el curso de la justicia. Solo así se podrá asegurar que las decisiones que se adopten no estén influenciadas por presiones externas ni por juicios anticipados, sino por la verdad de los hechos y el respeto al Estado de Derecho”, concluyó.