Informe anual de la FR4: "objetivos priorizados", replanteo en políticas de género y preocupación por la alta conflictividad barrial

“(…) conforme la dinámica propia de nuestro trabajo, muchas de las actividades proyectadas han terminado de consolidarse en este último período, lo cual es necesario destacar”, puso de relieve el fiscal regional de la Cuarta Circunscripción Judicial al presentar la reseña de la gestión 2024.

En la síntesis de las principales actividades y desafíos, Rubén Martínez indicó que la labor del Ministerio Público de la Acusación en esta Circunscripción continúa orientándose desde una “mirada local, con diagnósticos precisos que permitan definir políticas de persecución penal acordes a la realidad territorial”.

Enseguida, valoró la introducción de un nuevo sistema de registro y categorización de legajos, que “representó un cambio significativo en la dinámica procesal”, exigiendo la revisión y adecuación de los circuitos internos de trabajo y una reorganización de los flujos administrativos y fiscales en toda la Cuarta Circunscripción.

Martínez hizo mención al desafío que implica la utilización del sistema Heimdall, particularmente a partir de sus sucesivas actualizaciones.

“Si bien dicho sistema constituye una herramienta esencial para la gestión integral de legajos fiscales y para la planificación estratégica de la persecución penal, presenta dificultades operativas que inciden negativamente en la eficiencia del trabajo cotidiano”.

“A ello se suma que, en numerosos casos, el ingreso de personal bajo la categoría de empleados judiciales se produce sin formación específica en materia penal, dado que los concursos convocados por la Corte Suprema de Justicia no contemplan perfiles orientados a las necesidades operativas del MPA”, sopesó.

Plan y control

Para el funcionario, uno de los ejes centrales de 2024 estuvo dado por la implementación del Plan de Persecución Penal por Objetivos Priorizados, que estableció la necesidad de “focalizar los esfuerzos en fenómenos criminales de alto impacto social: la violencia altamente lesiva, el microtráfico de estupefacientes, los delitos contra la integridad sexual, los delitos cometidos por funcionarios públicos y las afectaciones graves a bienes jurídicos de la comunidad”.

Estos objetivos fueron traducidos a la realidad de la Cuarta Circunscripción, donde los fenómenos barriales de violencia, el uso extendido de armas de fuego, el abigeato y los delitos contra la integridad sexual constituyen rasgos distintivos de la conflictividad penal, agregó.

En ese contexto, el regional recordó que la Circunscripción a cargo fue objeto de procesos de supervisión específicos, especialmente en materia de delitos contra la integridad sexual, lo que permitió revisar y reordenar prácticas de investigación, redefiniendo criterios con perspectiva de género y de víctimas.

En ese contexto, hizo referencia a la supervisión de la Fiscalía General, a cargo de la fiscal Alejandra del Río Ayala, que se desarrolló mediante un trabajo articulado y colaborativo con los equipos de las tres Unidades Fiscales de la FR4 (Reconquista, Vera y Las Toscas).

Al respecto, precisó que los delitos contra la integridad sexual y violencia familiar representan aproximadamente el 60 % de los delitos priorizados. “Es decir, que 6 de cada 10 legajos que ingresan tienen delitos que tienen como víctima a una mujer en situación de violencia intrafamiliar y se incluyen los abusos sexuales”.

Relevamiento

Paralelamente, trajo al presente que en fecha 20 de febrero de 2024, la Fiscalía Regional 4 solicitó la intervención de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, con el propósito de elaborar recomendaciones y lineamientos orientados a fortalecer las buenas prácticas en el desempeño de las distintas Unidades Fiscales que integran esta Circunscripción.

Del relevamiento integral surgieron una serie de recomendaciones orientadas a optimizar la eficiencia institucional y promover la uniformidad en el desempeño fiscal, entre las que se destacaron la readecuación en la asignación de legajos para equilibrar la carga de trabajo y la reasignación de causas pendientes.

La mejora en el uso del sistema Heimdall, la revisión de investigaciones paralizadas, priorizando las más antiguas, la capacitación y estandarización de procedimientos, con metas institucionales, verificables; el fortalecimiento de los espacios multiagenciales para el acompañamiento de víctimas.

Microtráfico

Sobre este punto, Martínez señaló que la realidad local difiere de la de las ciudades de Rosario o Santa Fe, ya que “en nuestra Circunscripción la modalidad predominante es distinta: la venta se desarrolla mayoritariamente en viviendas familiares, lo que genera un contexto de mayor vulnerabilidad social y comunitaria”.

Asimismo, si bien los distribuidores de las ciudades antes mencionadas son investigados como organizaciones criminales que manejan y distribuyen el material estupefaciente.

En el ámbito local “no se cuenta con evidencia suficiente que permita afirmar la existencia de organizaciones complejas o jerarquizadas en las distribuciones, observándose más bien un esquema atomizado de vendedores al consumidor final dispersos en el territorio”, comparó.

”Sensación de impunidad”

En su informe de 2024, el fiscal regional ponderó el refuerzo de la participación efectiva de las víctimas, disponiéndose entrevistas personales obligatorias para informar sobre el alcance del procedimiento, la pena acordada y sus derechos

En tanto, expuso que los delitos contra la propiedad y otros con autores repitentes son una permanente preocupación de la FR4 por su “cúmulo y por el impacto social que tienen en la comunidad. Representan sin más una sensación de impunidad de aquellos autores que hacen de su accionar delictivo su medio de vida”.

En busca de soluciones, se dictaron a lo largo de los últimos años distintas resoluciones y, aunque hubo una mejora, “los resultados no fueron totalmente satisfactorios”, admitió, por lo que en este año 2025 se dictó una resolución estableciendo como delito priorizado a los cometidos por autores reiterantes y, posteriormente, se asignó un fiscal específico para que tome a su cargo la materia.

Violencia urbana

En este rubro, planteó la preocupación por el incremento sostenido de un tipo de conflicto: el de violencia barrial con consecuencias altamente lesivas y de la violencia de género y familiar, originante de las principales causas de los homicidios dolosos ocurridos en la zona.

“Tal problemática excede claramente el ámbito de la respuesta penal o policial y requiere de una mirada interdisciplinaria que articule acciones con las áreas de desarrollo social, salud, educación y gobiernos locales, tal como lo hemos señalado reiteradamente en informes anteriores”, formuló.

En esa línea, no dudó en calificar al crecimiento del microtráfico de estupefacientes y el elevado consumo, especialmente entre adolescentes y jóvenes en contextos de alta vulnerabilidad, como los factores que agravan la conflictividad y amplifican los escenarios de riesgo, multiplicando los hechos violentos y las lesiones graves.

Para cerrar el tema, advirtió que “de persistir la falta de programas de intervención preventiva, nuestra Circunscripción podría verse prontamente afectada por fenómenos de similar complejidad” a los de ciudades más grandes de la provincia.

Delitos rurales y juicios

Los delitos rurales continúan siendo uno de los delitos de mayor incidencia en la Cuarta Circunscripción, en razón de la fuerte actividad agropecuaria y la extensa zona rural que caracteriza a la región.

La magnitud territorial de la problemática exige mayor articulación interinstitucional, especialmente con los organismos de control rural, sanitarios y de seguridad, así como el fortalecimiento de herramientas de análisis criminal que permitan detectar patrones de ocurrencia y focalizar la persecución penal en los actores más relevantes.

Juicios orales y públicos

Durante el año 2024, en el ámbito de la Fiscalía Regional de la Cuarta Circunscripción Judicial, se llevaron a cabo un total de 26 juicios orales y 76 juicios abreviados, se lograron 31 Suspensiones de Juicio a Prueba.

Con un total de 17.426 actuaciones, la UF Reconquista concentró más de la mitad de la carga operativa con el 58 %, seguida por Vera con 24 % y Las Toscas 18 %, reflejando la intensidad y distribución del trabajo fiscal en el territorio.

“Para el próximo período se prevé continuar con la consolidación del modelo de persecución penal por objetivos priorizados, fortaleciendo los Órganos Fiscales y las áreas de Análisis criminal, Multiagencia y Microtráfico, con especial atención a la detección temprana de fenómenos delictivos emergentes”, concluyó Martínez.