La Sindicatura había considerado que el financiamiento podía resultar beneficioso para sostener el capital de trabajo operativo, aunque reclamó un mecanismo de control sobre los desembolsos. En ese marco, el juzgado ordenó que Vicentin presente una rendición de cuentas documentada cada tres meses, incluyendo las solicitudes de desembolso, transferencias bancarias, pagos de comisiones e intereses y documentación que acredite el destino de los fondos.
La resolución también menciona que el plan de negocios presentado durante el proceso de cramdown proyectaba un saldo de caja inicial negativo de aproximadamente USD 122,5 millones, uno de los argumentos utilizados para considerar la necesidad de acceso a nuevo financiamiento.