En medio del impacto que dejó el crimen ocurrido el pasado 30 de marzo, la comunidad educativa de San Cristóbal comenzó a transitar una instancia clave: la restitución de pertenencias a los alumnos de la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno”.
Tras las pericias judiciales
San Cristóbal: padres exigieron la devolución de las pertenencias de los alumnos para evitar revictimización
Luego de un pedido urgente de familias a la fiscalía, comenzó la devolución de mochilas y objetos personales a alumnos de la escuela Moreno, en un proceso gradual y supervisad
El proceso se puso en marcha, luego de que un grupo de padres presentara un pedido formal ante la fiscalía, a cargo de la Dra. Carina Gerbaldo. La respuesta llegó pocas horas después, habilitando un operativo organizado para la devolución de los elementos.
La entrega comenzó de manera escalonada, curso por curso, con revisión individual de cada mochila. La modalidad busca garantizar tanto el resguardo de la investigación como la restitución ordenada de los objetos personales.
La decisión judicial se produjo tras un planteo que no solo apuntaba a recuperar bienes materiales, sino también a atender el impacto emocional que atraviesan los estudiantes.
El reclamo de los padres y la urgencia por recuperar lo cotidiano
En el documento presentado ante la fiscalía, las familias solicitaron la “inmediata entrega y restitución” de las pertenencias que permanecían dentro del establecimiento. El pedido incluyó mochilas, teléfonos celulares, bicicletas y motocicletas.
Uno de los puntos centrales fue el deterioro de los objetos a la intemperie. Según señalaron, las lluvias registradas en los últimos días afectaron especialmente a los vehículos que permanecían en el patio escolar, generando daños materiales en bienes que representan un esfuerzo económico significativo.
Pero el planteo fue más allá de lo material. Los padres advirtieron sobre el riesgo de “revictimización institucional”, al considerar que la imposibilidad de recuperar objetos personales —en especial los celulares— profundizaba la angustia de los alumnos.
“Han atravesado una situación de terror y shock postraumático”, señalaron, remarcando que la falta de acceso a sus pertenencias agravaba el estado emocional de los jóvenes.
También cuestionaron la extensión de las medidas de resguardo, al sostener que, una vez finalizados los peritajes en áreas comunes, la retención de los objetos perdía sustento y se convertía en un obstáculo para retomar la vida cotidiana.
Entre la investigación y la necesidad de reconstrucción
El operativo de devolución se desarrolla bajo supervisión, en un equilibrio entre las exigencias judiciales y la contención de la comunidad educativa. Cada mochila es revisada antes de ser entregada, en un procedimiento que busca preservar cualquier elemento relevante para la causa.
Desde las familias también se puso el foco en el “interés superior del niño”, al considerar que la restitución de herramientas de comunicación y transporte resulta clave para recuperar cierta normalidad tras el hecho traumático.
En el documento, incluso, se mencionaron antecedentes como el caso de Carmen de Patagones, donde la demora en la devolución de pertenencias fue señalada como un factor que profundizó el daño emocional en las víctimas.
“Solicitamos que no se repitan esas omisiones”, expresaron, en un pedido que combinó argumentos legales con una fuerte apelación a la sensibilidad institucional.
La respuesta de la fiscalía, habilitando la restitución de manera ordenada, aparece ahora como un primer paso en un proceso más amplio: el de reconstruir la cotidianeidad en una comunidad golpeada.
Mientras la investigación continúa su curso, la entrega de mochilas y objetos personales se transforma en un gesto concreto, pequeño en lo operativo, pero significativo en lo humano.
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