Este 5 de septiembre marcará un antes y un después en la administración de justicia penal para menores de edad en Argentina. Con la entrada en vigencia de la Ley 27.801, sancionada por el Congreso de la Nación en febrero de este año, se derogará de manera definitiva el añejo Decreto Ley 22.278, promulgado en agosto de 1980 durante la última dictadura militar.
Nuevo Régimen Penal Juvenil
De Jeremías a Ian: los crímenes cometidos por menores que la ley actual no pudo juzgar
Con motivo de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, un repaso por los recientes casos de violencia extrema cometidos en la provincia de Santa Fe por adolescentes que resultaron penalmente inalcanzables.
Esa norma establecía que ningún adolescente menor de 16 años podía ser penalmente imputable, independientemente de la gravedad del delito cometido. Durante más de cuarenta años, ese vacío normativo blindó con una impunidad de origen a los menores involucrados en hechos delictivos de extrema gravedad.
La nueva legislación introduce un Régimen Penal Juvenil que sitúa el piso de la imputabilidad en los 14 años. A partir de este mes, conductas que antes quedaban bajo la órbita de contenciones familiares o institucionales pasarán a formar parte de un proceso penal formal con consecuencias jurídicas concretas.
La ley establece una escala de sanciones según la gravedad de los ilícitos, diferenciando entre delitos leves, medios y graves. En estos últimos, que abarcan penas que superan los 10 años o casos con resultado de muerte o violencia física grave, se habilitará el encierro de los adolescentes en institutos especializados de detención y condenas con un tope máximo de 15 años de prisión.
La sociedad santafesina asiste a esta transición con la herida abierta por los recientes crímenes de Jeremías Monzón en la capital provincial y de Ian Cabrera en San Cristóbal, perpetrados por chicos de 14 y 15 años que, amparados por los límites de la legislación saliente, resultaron legalmente intocables.
Jeremías: la cara de la nueva ley
El crimen más emblemático de este fenómeno en la ciudad de Santa Fe ocurrió en diciembre del año pasado. Jeremías Monzón, un adolescente de apenas 15 años de la vecina localidad de Santo Tomé, salió de su casa en bicicleta el jueves 18 de diciembre rumbo a la capital provincial.
Tras perderse todo contacto con él, su familia denunció la desaparición y se activó el protocolo de emergencia nacional Alerta Sofía. El peor de los finales se confirmó cuatro días después, el 22 de diciembre, cuando una llamada al 911 alertó sobre el hallazgo de un cadáver en un galpón abandonado del barrio Chalet, frente al estadio del Club Atlético Colón.
La autopsia reveló una saña incomprensible: el cuerpo de Jeremías presentaba 23 puñaladas infligidas con cuchillos y un arma blanca de fabricación casera. Tras una intensa investigación, la justicia determinó que tres menores de edad participaron activamente en el asesinato y una mujer adulta los ayudó. Sin embargo, las consecuencias procesales quedaron divididas por una insalvable barrera etaria.
Los dos varones involucrados de manera directa en el hecho, L.P. y B.V., tenían 14 y 15 años al momento del crimen. Por imperio del Decreto Ley 22.278 vigente, ambos fueron sobreseídos inmediatamente, quedando al margen de cualquier condena criminal. Sólo declararon en cámara Gesell, una medida destinada únicamente a preservar su testimonio para el futuro juicio contra las personas punibles.
Quienes sí deberán sentarse en el banquillo de los acusados son M.B.A. (de 16 años al momento de los hechos), imputada como coautora del "homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas", y su madre Nadia Ivón Juárez, de 41 años.
La adulta fue imputada como partícipe secundaria, acusada de haberse reunido con los adolescentes después del crimen para acompañarlos al Parque del Sur y ayudarlos a descartar tanto las armas utilizadas como otros elementos vinculados al hecho.
El fiscal de Menores, Francisco Cecchini, cerró la investigación y presentó la acusación formal solicitando la pena de 15 años de prisión para ambas mujeres -el máximo tope legal permitido para sus situaciones particulares- en un proceso que se encamina a un posible juicio por jurados.
Entretanto, los dos agresores de 14 y 15 años que ejecutaron el ataque fueron sobreseídos por su edad y permanecen bajo una serie de medidas ordenadas por el juez penal Gustavo Urdiales, bajo la órbita de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia provincial.
Jeremías se convirtió en la cara de la nueva ley, que baja la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
Homicidio en la escuela
Apenas unos meses después del crimen de Jeremías, que causó gran conmoción en la provincia, otro hecho protagonizado por menores de edad generó gran preocupación en los santafesinos.
El 30 de marzo de este año, la comunidad educativa de la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal fue sacudida por un ataque armado sin precedentes. Un adolescente de 15 años, identificado como G.C., ingresó al establecimiento con una escopeta y abrió fuego, provocando la muerte instantánea de un alumno de 13 años, Ian Cabrera, e hiriendo a otras personas en un hecho que conmocionó al país entero.
Al igual que en el caso Monzón, la ley consideró al atacante un menor inimputable dada su edad al momento del tiroteo. El juez de Primera Instancia de Distrito de Menores de San Cristóbal, José Alberto Boaglio, se vio impedido de someterlo a un proceso penal ordinario y debió dictar una medida alternativa basada en informes interdisciplinarios de salud mental.
El menor fue alojado en una institución especializada de la ciudad de Santa Fe bajo un régimen de libertad vigilada y acompañamiento psicológico.
La muerte de Ian quedó impune debido a la edad de su asesino. Lo mismo sucedió con el crimen de Jeremías, respecto a dos de los tres adolescentes que lo atacaron. El trágico destino de estas víctimas marcará, en Santa Fe, el límite histórico de la inimputabilidad de homicidas de 14 y 15 años.
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