Este martes 14 de abril se realizó en los tribunales de Santa Fe la audiencia preliminar por un caso de presunta explotación de la prostitución y abuso sexual de una niña de 12 años, ocurrido en la ciudad de San Javier y zonas aledañas, en el período comprendido entre 2019 y marzo de 2023.
Tribunales de Santa Fe
Pedirán 15 años de prisión para una madre acusada de prostituir a su hija de 12 años
La fiscalía adelantó que solicitará igual pena para un hombre de 51 años, acusado por el abuso sexual de la víctima, cuando esta era menor de edad. Además pidió que el caso sea evaluado por un tribunal pluripersonal. La defensa cuestionó la incorporación de cartas y capturas de whatsapp.
Los acusados son la madre de la víctima, Rosa M. de 42 años, considerada autora del delito de explotación; y un hombre de 51 años identificado como Ramón U. a quien le atribuyeron el abuso sexual con acceso carnal de la niña.
Los fiscales del MPA, Guillermo Persello y Pablo Lipowy repasaron los hechos que serán ventilados en juicio oral y por los cuales adelantaron que solicitarán una pena de 15 años de prisión para ambos acusados.
Prostitución y corrupción
Tal como les fuera imputado oportunamente, Rosa M. habría ejercido la explotación de la prostitución de su hija, entre los 12 y los 15 años, en el período comprendido entre 2019 y marzo de 2023.
La fiscalía relató que la niña habría sido entregada por su madre para el ejercicio de la prostitución con hombres adultos, en “descampados, cabañas para turistas y domicilios particulares” de la ciudad de San Javier.
Por esos hechos le atribuyeron la autoría de los delitos de “explotación económica de la prostitución” y "promoción de la corrupción de menores”, en ambos casos agravado por ser la víctima menor de 13 años, y por el carácter de guardadora y ascendiente de la imputada.
En el caso del hombre, un pescador y padre de 4 hijos de la zona de San Javier, la fiscalía considera que habría abusado de la menor desde principios de 2023 -en fecha indeterminada- y hasta marzo del mismo año, en inmediaciones de Colonia California, Las Tipas y La Criolla.
Dadas las características del caso, el fiscal Persello solicitó que sea evaluado en juicio por un tribunal pluripersonal, a pesar de que se trata de un pedido de pena que no supera los 18 años. Para justificar el planteo se remitió a “la gravedad de los hechos” y “la complejidad” de la causa, dadas las relaciones familiares entre víctima, victimarios y testigos que serán convocados a debate.
Postura defensiva
En representación de la madre de la víctima -Rosa M.- intervino la defensora pública Virginia Segado, quien planteó que su pupila “se mantuvo siempre inocente” y aludió “dice que es víctima de violencia de género desde muy chica”.
Planteó que a la ahora acusada “la han obligado a ejercer la prostitución” y que sus hijos “son todos producto de abusos sexuales”. “Vamos a plantear la situación de Rosa como una víctima durante toda su vida, esa es la postura de esta defensa”, señaló Segado.
Por su parte, la defensora pública Leticia Feraudo, dijo que “vamos a cuestionar las pruebas de la fiscalía para demostrar que los hechos de abuso no han existido” por parte de Ramón U. que siguió la audiencia por videoconferencia.
Declaración de la víctima
Al momento de analizar la evidencia que será tenida en cuenta en un futuro debate oral, se plantearon algunas objeciones, particularmente en lo referido a tres aspectos de la causa.
La primera tuvo que ver con la posibilidad que la víctima, que el año pasado alcanzó la mayoría de edad, declare en forma presencial en juicio y no a través del denominado “anticipo jurisdiccional de prueba” con las reproducciones de las dos cámaras Gesell realizadas en 2023 y 2025.
“Frente a esa postura la fiscalía se va a oponer”, dijo el Dr. Persello, argumentando que “estamos ante un hecho aberrante” por el cual “la víctima fue institucionalizada” y una nueva declaración en juicio implicaría “una revictimización innecesaria” a la vez que una “vulneración de derechos”.
La Dra. Feraudo por su parte, insistió con el derecho que le asiste a la defensa de interrogar y contrainterrogar a la víctima -hoy mayor de edad-, “previo control psicológico de que se encuentra en condiciones de declarar en juicio”. Su colega, la defensora Segado coincidió en la creencia de que la víctima “debe declarar”.
El juez Sebastián Szeifert, evaluó la controversia y señaló que “parcialmente le asiste razón a las dos partes”, aunque coincidió con la defensa al sostener que “esto se resuelve con un análisis psicológico previo que determine si puede declarar o no”; y luego consultarla si efectivamente “quiere hacerlo”. “Si ella se niega a declarar, su testimonio deberá ser introducido con las cámaras Gesell”.
Cartas y capturas
El segundo y tercer punto de debate fue por el pedido de incorporación como documental de cuatro cartas manuscritas y una serie de capturas de pantalla de whatsapp atribuidas a la menor víctima.
“No tenemos pericia caligráfica, ni forense, no nos consta de dónde viene” dicha información, retrucó Feraudo quien agregó que además, los testigos designados para su introducción “no son idóneos”.
Segado por su parte agregó que “ni siquiera hay cadena de custodia” que garantice el cuidado de la evidencia, es decir que “no cumple con los requisitos formales para que la defensa pueda controlar de dónde vienen”.
Por último, el juez Szeifert resolvió aceptar la introducción de dicha información con carácter documental, cuya “credibilidad será evaluada por el tribunal de juicio”. Particularmente puso a salvo la cuestión referida a las cartas, que deberán ser reconocidas por la víctima en su declaración, caso contrario serán introducidas por el personal policial que las incorporó oportunamente al sumario.
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