El debate por la implementación de VISEC y las exigencias ambientales de la Unión Europea suma cuestionamientos desde las entidades agropecuarias. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) planteó sus objeciones al funcionamiento de la plataforma de trazabilidad y advirtió sobre el riesgo de que una herramienta privada termine convirtiéndose en una condición para comercializar hacienda destinada a la exportación.
Trazabilidad y exportaciones
CRA advierte sobre el impacto de VISEC y pide garantías para los productores ganaderos
En una columna de opinión, el secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Adrián Luna Vázquez, cuestionó el alcance de la plataforma de trazabilidad vinculada con las exigencias ambientales de la Unión Europea. Reclamó alternativas públicas, libertad de elección para los productores y reglas que eviten trasladarles nuevos costos.
En una columna de opinión publicada el 8 de noviembre, el secretario de CRA, Adrián Luna Vázquez, sostuvo que el Reglamento europeo 2023/1115 establece exigencias para los productos que ingresan al mercado comunitario, pero no obliga a los productores argentinos a incorporarse a una plataforma determinada.
El dirigente consideró que existe una diferencia entre cumplir con los requisitos establecidos por los compradores europeos y aceptar que una herramienta privada concentre la validación de la información necesaria para acceder a esos mercados.
El reclamo por los costos y la libertad de elección
"Europa exige información. No exige VISEC", sintetizó Luna Vázquez, al señalar que la normativa asigna las obligaciones de diligencia debida a los operadores que introducen los productos en el mercado europeo y no establece un sistema privado único de certificación.
El reglamento tiene prevista su aplicación a partir del 30 de diciembre de 2026. Según la posición de CRA, los productores deberían contar con distintas alternativas para acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas por los importadores, sin quedar sujetos a una única plataforma.
Uno de los principales cuestionamientos de CRA está relacionado con las condiciones comerciales que, según la entidad, algunos frigoríficos exportadores estarían imponiendo a los productores para la compra de hacienda.
Luna Vázquez señaló que la organización recibe reclamos por presuntos condicionamientos en los valores de compra o descuentos sobre el precio de toda la res cuando el productor no está inscripto en VISEC Carne.
Desde la entidad cuestionan especialmente que esas diferencias puedan aplicarse sobre la totalidad del animal, cuando solamente determinados cortes tienen como destino los mercados europeos sujetos a las nuevas exigencias ambientales.
El dirigente contrastó esta situación con otros esquemas de diferenciación comercial utilizados en el sector agropecuario, en los que los productos que cumplen determinados requisitos pueden acceder a mejores precios. En el caso de la carne, advirtió, los productores podrían terminar afrontando descuentos por no adherir a una plataforma específica.
Para CRA, el problema no radica en que los productos diferenciados tengan valores comerciales distintos, sino en que la posición de compra de determinados frigoríficos pueda utilizarse para imponer la adhesión a un sistema privado.
En ese sentido, Luna Vázquez sostuvo que estas prácticas deberían analizarse desde la perspectiva de la defensa de la competencia y anticipó que la entidad no descarta impulsar acciones al respecto.
El papel del Estado y las alternativas públicas
Otro de los puntos planteados en la columna está relacionado con las competencias de las provincias y el rol de los organismos públicos en la validación de la información productiva y ambiental.
El secretario de CRA recordó que la Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales y que la Ley 26.331 les asigna responsabilidades sobre el ordenamiento de los bosques nativos y la autorización de los cambios de uso del suelo.
A partir de ese marco, consideró que las decisiones adoptadas por las autoridades provinciales sobre la legalidad de las actividades productivas deben ser reconocidas en los mecanismos de validación exigidos para acceder a los mercados internacionales.
También cuestionó el acuerdo entre VISEC y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) para implementar una constancia de legalidad laboral. Según planteó, las facultades de inspección y control de la legislación laboral corresponden a las autoridades administrativas competentes y no pueden ser reemplazadas por mecanismos privados.
En este escenario, CRA reclamó una mayor participación del Estado nacional y de las provincias en la construcción de herramientas que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos internacionales.
Luna Vázquez recordó que la Secretaría de Agricultura creó, mediante la Resolución 50/2024, un Directorio de Esquemas de Diferenciación, y mencionó como antecedente la plataforma Santa Fe Produce Sustentable. También señaló que países como Brasil, Paraguay y Uruguay avanzaron en el desarrollo de herramientas públicas vinculadas con estos procesos.
Entre las propuestas de la entidad figuran el reconocimiento de los registros oficiales, la posibilidad de utilizar plataformas interoperables sin exclusividades, la protección de la información de los productores y una distribución equitativa de los costos de cumplimiento.
Una discusión que excede la trazabilidad
Para CRA, la discusión sobre VISEC no se limita a la necesidad de cumplir con las exigencias ambientales de los mercados internacionales. También involucra cuestiones vinculadas con la competencia comercial, el federalismo, las atribuciones del Estado y la distribución de los costos dentro de la cadena de ganados y carnes.
En su columna, Luna Vázquez sostuvo que el país debe garantizar que los productores puedan acreditar la trazabilidad y las condiciones de producción mediante distintas herramientas, sin que la adhesión a una plataforma privada se transforme en una exigencia comercial impuesta por quienes concentran la compra de hacienda.
La entidad propone que Nación y provincias desarrollen mecanismos propios de validación, reconozcan los sistemas existentes y aseguren que cada productor conserve el control de sus datos. También reclama que las exigencias externas no se traduzcan en mayores costos o restricciones comerciales que recaigan exclusivamente sobre el primer eslabón de la cadena.
"El problema es un modelo en el que otros deciden, otros administran, otros controlan, otros se benefician, y el productor paga", concluyó el dirigente.
De esta manera, CRA ratificó su cuestionamiento a las exigencias europeas y, al mismo tiempo, reclamó que su implementación en la Argentina no quede condicionada por la intervención exclusiva de plataformas privadas.
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