Una millonaria inversión tensa la relación entre el Gobierno y Kicillof

El Gobierno nacional, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, dejó en evidencia que existe un nuevo tema que lo enfrenta con la gestión provincial de Axel Kicillof, esta vez por la instalación de una planta de GLC y la adopción del RIGI que impulsa la Casa Rosada, situación que deberá definir YPF, en conjunto con Petronas, que elegirá si la millonaria inversión se la quedará Buenos Aires o Río Negro.

Kicillof se subió a la disputa para alojar la planta de exportación de GNL (gas natural licuado) que quiere montar YPF junto a la firma Petronas y otras empresas, al responder una carta que recibió por parte del Ejecutivo nacional para saber si finalmente acepta el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que establece beneficios impositivos para proyectos de más de 200 millones de dólares.

El gobernador kirchnerista respondió a la carta diciendo que enviará un proyecto de ley "para la creación de un Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas vinculadas a grandes inversiones, la producción y el trabajo en la provincia de Buenos Aires", es decir, un RIGI propio.

De esta forma, se diferenciará del RIGI que quedó aprobado en la Lay de Bases que impulsó la gestión libertaria, en medio de pedidos para que adhiera por parte de bloques de la Legislatura bonaerense, como el del PRO, a fin de que Buenos Aires pueda competir por la inversión -que se ubica en torno a los 40.000 millones de pesos- con la provincia de Río Negro que ya adhirió al régimen nacional.

Tras conocerse la respuesta de Kicillof, Adorni salió a cruzarlo en su habitual conferencia de prensa en la Rosada: "Sería extraño que quiera hacer un RIGI paralelo. Acá hay que entender que el RIGI se hace por personajes como él, que prometen o hacen pensar que en el futuro el Estado puede avanzar sobre la propiedad privada", sostuvo.

El municipio bonaerense de Bahía Blanca (conducido por el intendente Federico Esteban Susbielles, aliado a Kicillof) busca convertirse en el lugar de instalación de la planta de GNL de YPF y la compañía originaria de Malasia Petronas, pero Río Negro le disputa el proyecto y el gobernador Alberto Weretilneck rápidamente adhirió al RIGI con ese propósito.

La adhesión al reciente mecanismo de facilidades para inversiones que aprobó el Congreso (con una fuerte negativa de los bloques kirchneristas en ambas cámaras) es una condición de la compañía para avanzar en la construcción de una planta de gas natural licuado.

En este contexto, hubo estudios de factibilidad y reserva de cientos de hectáreas y disponibilidad de tierras en el Puerto de Bahía Blanca de parte de YPF y Petronas. El proyecto implica la participación de ambas petroleras.

El año pasado, se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto que dotaba de ciertas facilidades impositivas y condiciones de estabilidad fiscal, regulatoria y cambiaria a las inversiones, teniendo como horizonte el proyecto de GNL entre YPF y Petronas, producto del aumento de producción de gas en Vaca Muerta.

Pero luego apareció la alternativa de llevar el proyecto a la provincia de Río Negro, a la zona de Punta Colorada, donde ya se puso en marcha un oleoducto.

En ese marco, YPF envió dos cartas similares, una a Buenos Aires y otra a Río Negro, para consultar sobre siete puntos de factibilidad y beneficios de instalar la planta en cuestión, ya sea en Ingeniero White (Bahía Blanca) o en Punta Colorada.

Se trata de tres puntos de aspectos económicos y cuatro puntos de factibilidad, entre ellos la adhesión al RIGI. Esta carta fue respondida este lunes por Kicillof y sobre este último punto eligió proponer un RIGI propio, luego de que el original fuera vapuleado por los legisladores de Unión por la Patria.

Con las dos cartas contestadas, los técnicos de YPF y de Petronas evaluarán las condiciones económicas y los pros y contras de cada posible locación. Por último, deberán tomar la decisión final acerca de qué provincia se recibirá la inversión de la planta de GNL.

En ese sentido, YPF contrató a una empresa norteamericana que será veedora del proceso para dar cuenta de que se tomarán pautas técnicas y económicas para elegir el destino final, que podría resolverse el mes próximo.